Por: Redacción CRITERIO.HN
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Foto portada: NIMD
Tegucigalpa, Honduras. A raíz de la mala calidad y baja cobertura de la salud y educación pública, y la falta de acciones coherentes de políticas públicas, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal presentó este martes una propuesta al Gobierno Central y a la ciudadanía acerca de la necesidad de hacer cambios radicales para beneficiar al pueblo hondureño.
El comunicado del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal fue leído por el Dr. Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), quien expresó que, a lo largo de la vida republicana, el país ha enfrentado serios desafíos a su integridad y soberanía, pero nunca esa integridad se había visto tan amenazada.
El grupo fiscal pidió que se revise y se elimine aquellas exoneraciones fiscales que no se justifican, combatir frontalmente la defraudación fiscal, reorientar el gasto público a sectores de salud, educación, infraestructura y protección social, y, además, negociar el alivio y readecuación de la deuda interna y externa.
También el texto insta al Gobierno de Honduras a utilizar financiamiento del BCH, realizar auditorías forenses con veedurías sociales a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Coalianza, Invest-H y cualquier otra institución cuestionada a fin de recobrar la confianza pública en las acciones estatales.
El comunicado expone que los sacrificios en Honduras lo hacen la ciudadanía más pobre y la clase media, sectores obligados al pago de impuestos altamente regresivos que provocan que sus oportunidades de vida sean sistemáticamente destruidas por la pobreza, violencia, la exclusión y deterioro ambiental.
El grupo promotor del diálogo fiscal, que considera indispensable contar con un plan integral de respuesta a la pandemia, plantea diseñar un plan integral de contingencia que contenga medidas de políticas para disminuir el impacto de la actual crisis sanitaria, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, así como la situación deficitaria de las finanzas públicas y del sector eléctrico.
Explican que debe incluirse la restructuración del presupuesto 2020 y una formulación adecuada del presupuesto 2021, así como también se deben de restructurar las políticas de ingreso y endeudamiento público, con el objetivo de eficiencia y equidad para desarrollar una plataforma para el desarrollo económico y social de largo plazo.
Se propone además el establecimiento de mecanismos que garanticen el uso eficiente y trasparente de los recursos y la rendición de cuentas a nivel nacional y local con espacios reales de participación ciudadana.
El grupo plantea que la ineficiencia y corrupción en el manejo de recursos públicos denunciados ampliamente durante el confinamiento forzado por la crisis de salud, ha profundizado la debilidad de la economía hondureña con la cancelación de empleos y el abatimiento de matrimonios.
“El número de compatriotas en condiciones precarias crece día a día, como lo evidencia las condiciones de mendicidad en las calles principales del país y áreas rurales”, indica parte del pronunciamiento.
Desde el 2013 el grupo promotor ha presentado propuestas a la ciudadanía y autoridades para sostener un diálogo honesto y proactivo en torno al manejo de las finanzas públicas, con el propósito de revertir sus tendencias regresivas y de baja eficiencia en el manejo de desarrollo económico y equitativo sostenible.
“Consideramos que es indispensable que la crisis actual se trate con seriedad y responsabilidad y permanente participación de la ciudadanía de forma que los problemas se resuelvan con prontitud y se logre la paz, tranquilidad y se logre la paz, tranquilidad y certidumbre. Las condiciones necesarias para el buen desempeño de la economía”, añade el comunicado que fue firmado por los expertos Arturo Alvarado, Edwin Araque, Efraín Díaz Arrivillaga, Helmis Cárdenas, Hugo Noé Pino, Ismael Zepeda, Juan Ferrera, Jorge Yllescas, Julio Raudales, Liliana Castillo, Rafael del Cid, Rebeca Santos, Rodulio Perdomo y Sandra Midence.
La propuesta del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal fue leída en un acto virtual convocado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, por si siglas en inglés NIMD, y la Unión Europea.
