Se espera que con estas respuestas el Gobierno y la ONU firmen el memorando de entendimiento
Tegucigalpa.- El Gobierno ya tiene en sus manos la respuesta que realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con relación a su contrapropuesta dentro del borrador del memorando de entendimiento que podría dar vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), siempre y cuando se cumplan satisfactoriamente los objetivos que se establezcan en la primera fase.
La información la confirmó el canciller de la República, Enrique Reina, quien informó que la respuesta se recibió durante los últimos días. “El proceso previo a la firma del memorando de entendimiento va avanzando y esperamos concluirlo este año”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, saliendo un tanto al paso de los murmullos que pretenden asegurar que el proceso se encuentra estancado.
Durante los últimos meses, distintos sectores políticos y sociales han creado una falsa percepción de negociaciones estancadas entre el Gobierno y Naciones Unidas. Sin embargo, ambos entes han desmentido dichas aseveraciones. En una entrevista concedida a Criterio.hn el 12 de octubre de 2022, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, expresó que “tenemos que asegurarnos de que exista un acuerdo entre las dos partes” y que “no hay un tiempo definido para establecer la firma del memorando de entendimiento”, como se ha querido asegurar.
El 21 de septiembre de 2022, en el marco de la celebración de la 77.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, António Guterres, acordaron continuar con las negociaciones. Hasta ese momento, el Gobierno estaba a la espera de la respuesta, por parte del organismo internacional, a la contrapropuesta que Cancillería publicó el 23 de agosto de 2022.
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Ahora, en un contexto en que el Gobierno ya ha recibido dicha respuesta -pero que aún no ha sido publicada-, se ha anunciado que una delegación integrada por altos funcionarios del Estado viajará a Nueva York y se sentará con representantes de la ONU. “Esperamos concluir pronto con este proceso previo”, dijo el canciller Enrique Reina, cuyas aseveraciones coincidieron, de alguna manera, con lo que había expresado a este medio digital Alice Shackelford. “Se está -estaba- trabajando en una nueva versión que sea posiblemente la que se firme”.
DOS FASES
El memorando de entendimiento que daría vida a la tan ansiada CICIH habla de dos fases. La primera consiste en una etapa en que el Gobierno se comprometa a establecer los cimientos que permitirían al ente anticorrupción actuar con independencia. Allí, se contemplaría la creación de nuevas leyes, entre ellas la Ley de Colaboración Eficaz -cuyo dictamen está cerca de darse a conocer-, así como la derogación de otras como el decreto 116-2019, y las nuevas reformas al Código Penal. La segunda fase, en tanto, sería la suscripción del convenio.
Uno de los principales puntos de negociación radica en qué figura tendrá la CICIH. Las Naciones Unidas ha propuesto que actúe como acusador privado, lo cual requeriría de una reforma constitucional en el Congreso, mientras que el Gobierno ha presentado la opción de otorgarle la condición de querellante adhesivo, es decir, que sirva como un acompañante al Ministerio Público. Para ello solo se requerirá de una reforma al Código Procesal Penal, que requerirá de mayoría simple -65 votos- en el Legislativo.
En 2023, el Congreso de la República elegirá un nuevo pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que un nuevo o una nueva fiscal general de la República. Ambos acontecimientos podrían ir entrelazados con la eventual instalación de la CICIH.
JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO
Aunque se ha querido asegurar que el debate en torno a la legalidad de la Junta Directiva del Congreso es una de las condicionantes que ha presentado la ONU, la propia Alice Shackelford dijo a Criterio.hn que “en este momento, que es de diálogo, no se hace referencia a eso”. Entre las sugerencias sí figura la derogación del decreto 116-2019, un pacto de impunidad instaurado durante el Legislativo presidido por el nacionalista Mauricio OIiva. El memorando de entendimiento lo reitera. En torno al decreto de amnistía, que liberó al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri -quien había sido condenado a 17 años de cárcel por corrupción-, la diplomática no se refirió.
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Con relación a la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del decreto 116-2019, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, ha manifestado que gran parte de la responsabilidad va a recaer en el opositor Partido Nacional, que, en caso de oponerse, se convertiría en el verdadero obstaculizador de la llegada de la CICIH. Sin embargo, mientras el presidente del Congreso, Luis Redondo, no someta a discusión y votación en su tercer debate la derogación del 116-2019, no se sabrá si la intención de mantener la corrupción y la impunidad en el país proviene del Partido Nacional, del Partido Liberal, de Libertad y Refundación (Libre), del Partido Salvador de Honduras (PSH), o de las otras bancadas minoritarias como el Partido Anticorrupción (PAC) y la Democracia Cristiana (DC).
