Cuatro personas serán designadas por la presidenta Xiomara Castro para negociar, con la ONU, el convenio de la CICIH
Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de que el 19 de diciembre de 2023 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó al Secretario General, António Guterres, apoyar la iniciativa encaminada a instalar un mecanismo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, el Gobierno ha anunciado que está por nombrar a las personas que negociarán el convenio de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Según indicó el canciller Enrique Reina, durante el foro Desmantelando el esquema de corrupción e impunidad en Honduras, serán cuatro las personas, además de él, que serán designadas en el marco del numeral 8 del memorando de entendimiento que se suscribió entre el Gobierno y la ONU desde el 15 de diciembre de 2022 y que ha sido extendido en dos ocasiones.
«Será la presidenta Xiomara Castro quien designará a las personas que estarán en la negociación por parte del Estado de Honduras. Yo estaré ahí y veremos quiénes son las otras personas que me acompañarán», declaró el secretario de Relaciones Exteriores.
Además, agregó que esperan que la ronda de negociaciones sea lo más pronto posible, «para luego ponernos de acuerdo en las reformas presentadas en el convenio».
A consideración del coordinador jurídico de Cristosal en Honduras, Álex Navas, es un avance que el Gobierno comience a establecer claridad sobre quiénes serán las personas que negociarán, con una contraparte de la ONU, los términos del convenio.
“Sí, es un paso importante que el gobierno esté pensando en los cuadros que negociarán este convenio con la Secretaría General de la ONU. Creo que el canciller debe ser una pieza fundamental. Imagino que también estará algún miembro de la Secretaría de Transparencia y otros de la Secretaría de la Presidencia, y quizá algún delegado del Congreso Nacional”, expresó Navas a Criterio.hn.
El memorando de entendimiento entre el Gobierno y la ONU contempló la redacción de los términos de referencia y la creación de un equipo de expertos de la ONU, que entre el 9 de julio y el 21 de octubre efectuó tres visitas al país, para reunirse con operadores de justicia y diagnosticar el marco normativo legal.
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Ahora, como indicó el canciller Enrique Reina, está pendiente que el Gobierno nombre a las personas que negociarán el convenio bilateral para el establecimiento del mecanismo anticorrupción.
PENDIENTES LAS REFORMAS
El memorando de entendimiento también establece que el Gobierno y la ONU identificarán reformas constitucionales, legales y administrativas que cimienten los requisitos jurídicos mínimos para el funcionamiento del eventual mecanismo.
En 2023, se progresó en la derogación de los decretos 116-2019, que vinculaba al Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y el 57-2020, que limitaba su capacidad para asegurar pruebas de inmediato.
También se revocó el decreto 93-2021, que modificaba el Código Penal respecto al lavado de activos y eximía a las entidades financieras de revelar información sin autorización judicial.
A pesar de estos avances, aún quedan reformas pendientes, como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la revisión del Código Penal y la revisión del artículo 4, literal A, del decreto 4-2022.
«Todavía faltan condiciones que ha puesto Naciones Unidas tras el diagnóstico realizado por la misión de expertos, y creo que también están pendientes los nombramientos en propiedad del fiscal general y los magistrados del TSC», agregó Navas en su conversación con este medio digital.
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Ante la falta de consensos entre el oficialismo y la oposición, el 1 de noviembre la Comisión Permanente nombró interinamente a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, lo que resquebrajó la agenda política, al desconocer la oposición la legitimidad de los nombramientos.
CICIH, LA PROMESA DE CASTRO
La implementación de un mecanismo contra la corrupción y la impunidad fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, e incluso se incluyó en su Plan de Gobierno. Finalmente, el 27 de enero de 2022, al asumir el cargo, Castro reafirmó su compromiso de establecer el mecanismo anticorrupción.
El memorando de entendimiento entre el Gobierno y la ONU, previo a la instalación de dicho mecanismo, tiene validez hasta el 15 de junio de 2024, pero es susceptible de ser prorrogado.
