Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- En un foro organizado por la Convergencia contra el Continuismo de Francisco Morazán, se analizó en detalle la situación laboral de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional durante la crisis sanitaria por COVID-19 que vive el país.
El análisis laboral estuvo a cargo del abogado Fredín Fúnez, experto en litigio administrativo. Fúnez manifestó que los empleados y empleadas deben conocer los derechos que la Ley les otorga y luchar porque el patrono cumpla con ellos.
Parte del análisis del abogado es que desde que se decretó el estado de emergencia el pasado mes de marzo, el empresariado en conjunto con el Gobierno iniciaron una serie de violaciones a derechos laborales.
“Jurídicamente los trabajadores no han perdido ningún derecho, en los hechos sí vemos que se han violentado muchos derechos, incluso con la sugerencia o complacencia de las autoridades del Trabajo y de los entes que deben proteger esos derechos establecidos en la Constitución”, calificó Fúnez.
En el foro se recordó la aprobación del PCM021 del 15 de marzo que decretó la emergencia, y de las suspensiones de labores que se dieron a finales de ese mes, bajo el aval del ministro Carlos Madero, titular del Trabajo en Honduras.
“Sucede que la causal invocada no es aplicable en estas causas, para decir que por razones extraordinarias se suspenden trabajos podría decirse que temas como la falta de utilidad, no tener materia prima, podrían encajar, pero la emergencia que actualmente vivimos no” interpretó Fredín.
Los participantes en el foro lamentaron el papel del Gobierno en esta situación y recalcaron los comunicados emitidos para permitir las decisiones que han ido tomando los empresarios.
“El segundo derecho violado es el de la suspensión de vacaciones. El ministro del Trabajo ha incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios al permitir o emitir un comunicado que los patronos podrían llegar a un acuerdo con los trabajadores para la suspensión de las vacaciones de los empleados”, explicó Fúnez.
En su participación Fúnez hizo un llamado a los trabajadores y trabajadoras para que exijan el respeto a sus derechos y que además pidan nuevas demandas de respeto a sus plazas, también a asistencia social en desempleo, a fomentar un apoyo verdadero a la crisis generada por la pandemia.
La activista de derechos humanos Elizabeth Medina se refirió al daño que se le hace a los empleados y empleadas con las legislaciones que afectan su estabilidad económica.
“Antes de la pandemia había más de 2 millones de personas desempleadas, ahora la situación se ha agudizado, esto es lamentable porque no hay nadie que defienda a este grupo de obreros y obreras”, dijo Medina.
Sobre el papel del Gobierno en la pandemia, Medina dijo que al Estado no le ha importado respetar y cuidar a los trabajadores. “Han existido suspensiones ilegales, hay gente que no recibe salarios, no se les da equipo de bioseguridad, ni se respetan las vacaciones, es insólito que el Gobierno deje a los obreros solos ante los atropellos de los empresarios”.
Para la defensora de derechos humanos, las medidas gubernamentales no han sido para beneficiar a los trabajadores, sino para sostener y apoyar a las grandes empresas.
“Ni siquiera se han creado medidas para apoyar a los pequeños empresarios, es repudiable lo que está ocurriendo”, recalcó Elizabeth.
Para la activista de derechos humanos, la complicidad del gobierno con los violadores de derechos laborales, generará más crisis social a corto y mediano plazo, la cual abrirá puertas para más violencia e histeria colectiva en las calles.
“Este es un Gobierno que se ha dedicado a atacar a los trabajadores y trabajadoras, creo que hay que entender a nuestros compañeros ante la situación tan difícil que viven a diario”, culminó Medina.
En el conversatorio una empleada de la maquila dio su testimonio sobre la situación laboral que está viviendo actualmente.
“Los que estamos adentro vemos la realidad, no hay medidas de bioseguridad, los jefes nos hacen trabajar así, a veces sin aire, en medio de contaminación, sin medidas de bioseguridad y mucho menos equipo”, dijo Magdalena quien prefirió omitir su apellido.
La empleada de la maquila contó que en la empresa les prohíben hablar y mucho menos denunciar esta situación, a quien lo haga y se den cuenta, lo despiden.
“El Ministerio del Trabajo no hace nada por defender nuestros derechos, el Gobierno le da la espalda a la clase trabajadora que somos el pulmón de la economía”, sentenció Magdalena.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha manifestado que un 13 por ciento podría ser la tasa de desempleo que deje este 2020, es decir un aproximado de 250 mil a 300 mil nuevas personas desempleadas.
Según el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, antes de la pandemia, el 48% de la población vivía en la pobreza y el 22% en pobreza extrema, cifras que podrían agudizarse luego de la emergencia.
