Tegucigalpa.- Ante fallido intento del gobierno por poner fin al conflicto histórico agrario en el Bajo Aguán que ha cobrado la vida de 147 personas, el gobierno anunció la creación de una nueva comisión con la finalidad de investigar las violaciones a derechos humanos y tratar de encontrar una solución definitiva.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, y el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, anunció la conformación de la Comisión Tripartita encaminada a crear soluciones al conflicto en conjunto con las partes involucradas.
Sabillón, detalló que la nueva comisión con instrucciones de la presidenta deberá darle seguimiento al proceso de negociaciones por lo cual hizo un llamado de respaldo a empresas productoras de palma africada, organizaciones agrarias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Congreso Nacional para lograr acuerdos que pongan fin al conflicto.
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Esta comisión investigará los casos de violación a derechos humanos y tenencia de tierra al documentarse que instituciones estatales y operadores de justicia han otorgado títulos de propiedad amañados que han aumentado las confrontaciones entre empresarios, campesinos, terratenientes, organizaciones y otros.
Por su parte, el titular del INA, con un cambio de discurso queriendo ocultar el fracaso de la primera comisión que se nombró, aseguró que se entregó un informe final que se entregó a la presidencia y ahora se busca encaminar negociaciones, acercamientos entre las partes y una resolución final.
Indicó que se investigará a profundidad la problemática respetando los derechos de propiedad, el acceso a la tierra de los campesinos y no violentar los derechos humanos, pero se anunció posibles desalojos y enjuiciamiento que resulten de las acciones investigativas.
“Tengo fe que vamos a pasar y consensuar una oportunidad para que el acceso a la tierra sea en orden”, dijo Fúnez.
En tal sentido, también demando a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), poner a disposición del INA las tierras incautadas que aseveró “algunas están en manos de testaferros” y podrían ser una medida para menguar el conflicto.
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LA FALLIDA COMISIÓN
El pasado 22 de febrero, se anunció la creación de una Comisión Gubernamental integrada por Sabillón, Fúnez, el ministro de defensa, Manuel Zelaya, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, y la OACNUDH.
Se firmó un convenio entre el gobierno y bases campesinas del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, que permitiría la búsqueda de soluciones, sin embargo, no tuvo éxito, según las propias declaraciones del director del INA.
“Una comisión gubernamental que estaba trabajando Sabillón con su servidor, más dos ministros, quisimos llegar a puntos de encuentro, al ver que no pudimos trasladamos todos los insumos de toda la documentación y propuestas presentadas por las partes a la presidencia de la república para que, en un término prudencial, el Estado tome la última decisión política, a ver qué va a pasar en este proceso que ya no puede alargarse”, manifestó este jueves.
Fúnez reveló que por intransigencia de ambas partes en conflicto (campesinos y empresarios) no se logró acuerdos, por el contrario, advirtió que el conflicto cada vez empeora, situación que se confirma con la denuncia de la Plataforma Agraria de los recientes enfrentamientos entre grupos armados que han generado varios heridos.
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La pelea por la tenencia de tierras en la zona norte del país ha generado pérdidas económicas, muerte, violencia y paralización de la inversión mayor a los USD 2,400 millones, según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Solo en el Bajo Aguán la disputa se centra en al menos 23 fincas de producción de palma africana distribuidas en 14,508 hectáreas de tierra, además las invasiones a tierras incautadas por la OABI que pueden ser utilizadas para la producción.
“El gobierno no va enchutar de ninguna forma porque, si le damos a una parte, está la otra. Está un conflicto que esperamos haya un poco de desprendimiento de las partes”, añadió Fúnez.
Cabe indicar que las organizaciones, movimientos y cooperativas campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA) presentaron a la Comisión Gubernamental una propuesta para detener las violaciones a los derechos humanos contra campesinos, pero el gobierno determinó nombrar una nueva comisión.
También, es importante señalar que se instauró una Comisión Jurídica Internacional que se conformó en conjunto con la OACNUDH más 12 juristas nacionales e internacionales como mediadora, pero tras ciertas dilatorias, cinco meses en ejercicio, el conflicto se mantiene vigente sin soluciones inmediatas lo que podría agudizar el conflicto.
