Tegucigalpa. «Cuando el río suena, piedras trae», es un popular refrán que encapsula a la clase política en Honduras. Desde diciembre del año pasado, analistas y médicos alertaban sobre la posibilidad de que las vacunas anti-COVID-19 fuesen usadas como un instrumento político para buscar votos, y hoy esos temores fueron confirmados.
En las afueras del polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, medios de comunicación captaron una larga fila de activistas del Partido Nacional con su respectivo chaleco azul -conocidos como «guías de familia»- quienes se aprestaban a recibir la vacuna contra la COVID-19.
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El jefe de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, justificó la vacunación de este grupo argumentando que los y las «guías de familia» son personal de primera línea. Su explicación algo enredada, pasó por decir que iniciaron por «sorpresa» y «estamos muy flojos», que tal vez porque ayer vacunaron a bastantes personas con discapacidad hoy estaban vacíos, pero que igual tenían las 650 dosis de vacunas Pfizer-Biotech para las personas con discapacidad.
Finalmente, señaló que las y los «guías de familia» que estaban siendo vacunados formaban parte de las brigadas integrales que andan «de casa en casa en la búsqueda activa» de pacientes asociados con Covid-19, así como en la prevención del dengue y el control vectorial; que en realidad lo que habían hecho era adelantar las fechas, porque para el 28 y 29 de junio está programado que se vacune a personal esencial de primera línea. En el que se incluye tanto a los «guías de familia» como al personal de COPECO y el 911.
Una vez que las imágenes de las y los «guías de familia», se difundieron, las cuentas en Twitter de los diferentes despachos de la administración Hernández se dieron por aludidos y comenzaron a tuitear al respecto. Una de estas fue la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social que justificó la inoculación de este sector político argumentando: «Las guías de familia son hondureños y están expuestos al contagio en comunidades que muchos ni siquiera conocen. Ser de origen humilde o ser beneficiarios de un programa social, no los convierte en ciudadanos de segunda categoría».
Sin embargo, justo ayer el grupo prioritario en edades entre los 50 y 59 años, que padecen enfermedades de base y por lo tanto en mayor riesgo; protestaron en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPFNM), denunciando que se les negó la inoculación porque ya no había vacunas anti-Covid-19 para ellas y ellos.
El presidente de la Asociación de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (AMIHSS) en San Pedro Sula, doctor Carlos Umaña, se refirió sobre el tema desde su cuenta en Twitter. En un primer posteo señaló que «Todos tienen derecho, pero hay grupos de altísimo riesgo que deben ir antes»; y en una segunda publicación dijo que «Mientras los ancianos lloran los activistas políticos entran en gran jolgorio a los centros de vacunación».
