El canciller hondureño, Enrique Reina, asegura que los fondos de la cooperación internacional robustecerán lo que el Gobierno aportará dentro del financiamiento de la CICIH
Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno hondureño está buscando fondos con otros países con el propósito de cumplir con su cuota de financiamiento en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), según expresó durante los últimos días el canciller Enrique Reina.
El Gobierno no quiere despojarse de la posibilidad de ser parte del financiamiento del mecanismo anticorrupción, a pesar de que distintos sectores de sociedad civil e incluso el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH han recomendado que no participe de ello, bajo el argumento que afectaría la independencia financiera.
Por el contrario, el canciller Enrique Reina asegura que las reuniones sostenidas recientemente con funcionarios de Corea del Sur, Brasil y España están encaminadas a adquirir fondos y engrosar, de esa forma, la parte que financiará el Gobierno dentro de la instalación de la CICIH.
“Adicionalmente se buscará apoyo y respaldo financiero de la cooperación internacional para fortalecer lo que el Gobierno financiará para la CICIH, recalcando que la presidenta Xiomara Castro es socia dentro de la lucha contra la corrupción”, dijo, brevemente, Enrique Reina a medios de comunicación.
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El 1 de enero de 2023, en el marco de la investidura del presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, el canciller hondureño sostuvo un encuentro con su homólogo español, José Manuel Albares, con la finalidad de conversar sobre el apoyo de España a la lucha contra la corrupción y el avance en la instalación de la CICIH”, según informaron los canales oficiales de la Cancillería hondureña. Adicionalmente, durante los últimos días se desarrollaron encuentros entre el Gobierno y funcionarios surcoreanos y brasileños, incluido el recién investido presidente.
Durante semanas previas, altos funcionarios de la Cancillería hondureñas informaron que otros países, entre ellos Suecia, Reino Unido, Suiza y Canadá, se han mostrado anuentes a ser parte del financiamiento de la CICIH, situación que todavía está pendiente de conocerse, cuando se concluya con la primera fase que establece el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 15 de diciembre de 2022.
El memorando de entendimiento, según el numeral 11, indica que el financiamiento se discutirá durante la segunda fase previa a la instalación. Inicialmente, la Administración Xiomara Castro pretendió que, esencialmente, proviniera del Estado hondureño, sin embargo, esa idea no encontró agrado en las Naciones Unidas, y, aunque aún no es oficial, el financiamiento provendría de la ONU, de países cooperantes y, en tercera instancia, del Estado.
A pesar de ello, distintas organizaciones de sociedad civil, como la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), y frentes de diputados, como el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, han recalcado que el Estado hondureño debe apartarse por completo del financiamiento del mecanismo anticorrupción.
ANTES DE HABLAR DE FINANCIAMIENTO, HABRÁ QUE…
Previo a que se hable de cómo se financiará la CICIH, el Gobierno hondureño y el Congreso Nacional, sobre todo, deberán sentar las bases necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la comisión en el país. Para ello, las autoridades hondureñas y la ONU acordaron establecer dos fases previas a su instalación.
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Durante la primera de ellas, la ONU enviará a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad, por lo que se realizará un análisis de las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Previo a la eventual instalación de la CICIH, se efectuará en el Congreso Nacional la elección las 15 personas que ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, entre 2023 y 2030.
De igual modo, este equipo de expertos, en coordinación con el Gobierno, apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales y constitucionales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, así como a las regulaciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), así como la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz, que, momentáneamente, se mantiene en vilo en el Legislativo.
Simultáneamente, el Gobierno y las Naciones Unidas negociarán los términos del convenio bilateral para el establecimiento del mecanismo anticorrupción, que, según el memorando de entendimiento, será independiente y autónomo.
La segunda fase iniciaría con la ratificación del convenio y el establecimiento formal de la CICIH. Será en esta etapa que se discutirá el financiamiento del mecanismo, al igual que quiénes lo integrarán y cómo operará. La CICIH, en caso de llegar a materializarse, sería un ente transitorio.
