Los empresarios —pese a estar en desacuerdo con las declaraciones de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, por considerar que alejan las inversiones —aseguran que no se oponen a que el gobierno revise las exoneraciones, exenciones y a la rendición de cuentas
Tegucigalpa. –Aunque es un tema muy escabroso por los intereses que representa, el gobierno de Xiomara Castro, ha dicho en las últimas horas que trabaja en un plan para revisar las exoneraciones y excepciones fiscales que anualmente están dejando un “agujero fiscal” de al menos 40 mil millones de lempiras (USD 1,650 millones).
Según las estimaciones de la administración Castro al menos 2,053 empresas están amparadas en beneficios fiscales que datan en algunos casos desde los años setenta y que en la actualidad se estiman en un sacrificio fiscal anual de más de L 40 mil millones que podrían ser destinados a demandas sociales. Estas empresas, que generan apenas 240 mil empleos, deberían remunerar con un salario promedio de L 90 mil (USD 3,700) a cada trabajador.
La titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, con base a tres informes de evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fueron desclasificados luego que el régimen de Juan Orlando Hernández los declarara en secreto, develó que las excepciones fiscales a empresarios constituyen y promueven la desigualdad y la inequidad que se convierten en agujeros fiscales.
Se estima que los privilegios fiscales ascienden a más de L 40 mil millones, es decir, casi el 50% del presupuesto en la administración centralizada, cifras que terminan siendo adsorbidas por el Estado a través de endeudamiento que superan los USD 16 mil millones.
“Para que entendamos lo que heredamos, que entendamos que el problema del país y las finanzas públicas tienen su origen en el modelo de Estado que se impulsó, el modelo de Estado que, durante trece años se impulsó, que es el Estado de fideicomisos y exoneraciones de la corrupción y de la coima”, lamentó Moncada.
Noticia relacionada Informes develados por gobierno, revelan que FMI demanda eliminar privilegios fiscales
Las cifras de la Secretaría de Finanzas indican que existen 36,388 empresas registradas, de las cuales 2,053 no pagan impuestos. El 38% de las grandes empresas que reportan ganancias superiores a los mil millones de lempiras son beneficiados con estos privilegios bajo la promesa que generarán más fuentes de empleo.
Asimismo, 77 grandes empresas de 205 registradas que reportan ganancias mayores a los mil millones no pagan impuestos, 71 de 188 empresas con ingresos entre 500 millones a mil millones también son exoneradas y 1,905 empresas de 34,042 que tienen ganancias de L 1 hasta 500 millones reciben privilegios fiscales.
“Ahí está parte del dinero, parte de la riqueza, pero desconocemos la cifra negra de lo que no se reporta en bienes y servicios, parte de la crisis que estamos enfrentando con eficiencia está en los regímenes de excepciones”, declaró la ministra Moncada.
Los tres informes que se develaron señalan que el FMI insta al Estado eliminar los privilegios fiscales o de lo contrario ir extinguiéndolos progresivamente por ser considerados inequitativos, ineficientes, poco suficientes y complejos porque dificultan el control y seguimiento.
Moncada cuestionó que pese existir normativas regulatorias y leyes especiales que deben ser aplicadas, la Secretaría de Finanzas nunca realizó auditorías a los regímenes que reciben exoneraciones, al tiempo que señaló que estas empresas solo generan 240 mil empleos y, tomando en cuenta todos los beneficios fiscales, cada uno de sus trabajadores debería devengar L 90 mil de salario.
Noticia relacionada Políticos y empresarios fueron beneficiados con amnistías que ocasionaron multimillonario perjuicio a la ENEE
Sumado a los ingresos multimillonarios que se dejan de percibir, los privilegios fiscales incluso están otorgados por más de 70 años, para el caso las Zonas Libres (ZOLI) tienen excepciones fiscales por 71 años que se implementaron desde 1976 y tienen vigencia hasta 2047.
Las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) tienen beneficios de 55 años aprobados desde 1987 y que vencen en 2042, las Zonas Libre Turística hasta 2036, empresas térmicas, empresas de energía renovable, Alianzas Público Privadas (APP), Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y agroindustriales, con beneficios sin término, los call center hasta 2037, entre otros regímenes que tienen beneficios hasta 2035.
RESPUESTA DE EMPRESARIOS
Mediante un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), rechazó los datos referidos por la Secretaría de Finanzas pese a estar basados en los informes del FMI y aseguran que son engañosas las declaraciones de Moncada arguyendo que “ponen en riesgo la inversión”.
“Consideramos que son desatinadas las expresiones de algunos funcionarios del gobierno, pareciera que quieren alejar las inversiones. El sector privado, jamás se ha opuesto a la revisión de las exoneraciones, exenciones y rendición de cuentas”, respondió el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
En el documento, los empresarios cuestionan que la revisión del cumplimiento de las obligaciones para mantener beneficios fiscales por parte de sectores económicos, sociales y públicos “es responsabilidad única y exclusiva del Estado de Honduras a través de sus secretarias y direcciones generales, sin embargo, como sector económico responsable hemos manifestado desde hace 15 años nuestra anuencia de apoyar y participar en el proceso revisión y evaluación técnica de todos incentivos y beneficios fiscales del país”.
Además, consideran incorrecto que se afirme que el 38% de las grandes empresas del país no pagan ningún tipo de impuesto cuando las empresas “deben cumplir con obligaciones materiales y formales contempladas en la legislación vigente”.
Noticia relacionada Medios, empresarios, religiosos y ONG son columnas que sostuvieron estructura de JOH: Joaquín Mejía
“Reiteramos que la creación de incentivos y beneficios fiscales sean acompañados por mecanismos eficientes que midan la retribución real en los indicadores económicos y sociales del país y la revisión responsable de los incentivos y beneficios fiscales otorgados evitando la destrucción de la inversión actual y el desincentivo para las nuevas inversiones”, detalla el comunicado.
Según los empresarios, el gobierno quiere “satanizarlos”, sin embargo, no es reciente que se denuncia que los empresarios reciben beneficios onerosos sin que se refleje un beneficio para el desarrollo social y laboral.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Eduardo Facussé, se pronunció y asegura que, si el gobierno elimina los privilegios fiscales, los recursos que ingresen al Estado deben ser focalizados en el progreso social.
“Nosotros lo que esperamos es que estos ingresos, si es que se revisan las exoneraciones, sean utilizados para aplacar las dificultades de las personas que más dificultades tienen en el país. Nosotros promovemos el desarrollo empresarial, pero con la finalidad de generar progreso social porque si no generamos progreso social ninguno de los esfuerzos ha valido”, declaró.
Misma valoración tiene el académico y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, quien expone que debe existir una voluntad política para revisar dichos privilegios y que las acciones den resultados porque las exoneraciones fiscales no han dado el resultado esperado.
Moncada y el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino indicaron que se está trabajando en la revisión de los privilegios fiscales que permitan sanear las finanzas públicas.
