Tegucigalpa, Honduras.- Pese a comprometerse en su plan de gobierno a eliminar las concesiones de minería a cielo abierto e implementar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos, las promesas de la presidenta Xiomara Castro siguen en pausa.
El doble asesinato de los defensores de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, develan que a casi un año de gobierno los compromisos de la mandataria hondureña en temas de extractivismo, medio ambiente y derechos humanos siguen durmiendo el sueño de los justos.
No solamente, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) denunció de forma repetitiva los hostigamientos, vigilancia y amenazas en contra de sus integrantes desde agosto de 2022, sino que los proyectos mineros a cielo abierto dentro de un parque nacional, continuaron funcionando pese a la ilegalidad y comprobarse los daños al interior del área protegida.
COMUNIDADES INDEFENSAS Y VULNERABLES ANTE INACCIÓN DEL GOBIERNO
«El Estado y el gobierno están en deuda con las comunidades, los derechos humanos y con la protección a la vida de los defensores. Ya se habían dado a conocer las amenazas, el riesgo y todas las campañas que se han venido desatando en contra de todos los defensores y a eso no se le ha puesto la atención debida y no se ha atendido el problema como corresponde, por lo tanto no se ha hecho lo suficiente», manifestó a Criterio.hn el integrante del Comité Municipal y regidor de Tocoa, Colón, Leonel George.
El también defensor del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, señaló que las comunidades se encuentran sumamente preocupadas, indefensas y vulnerables ante toda la conflictividad que impera en el Valle del Aguán. Pero además, porque siguen cumpliéndose las afirmaciones de Global Witness que indicó que Honduras es el país más peligroso para la defensa de derechos humanos y ambientales.
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«Eso ahora queda muy evidente y no solo en el Valle del Aguán sino en todos los territorios. Eso indica que el Estado no funciona para garantizar la integridad, la seguridad y la vida y el derecho de las poblaciones en sus territorios», compartió George.
Asimismo, declaró que el gobierno no debe medir cálculos políticos ni económicos, sino tomar decisiones con firmeza en base a garantizar las vidas de las poblaciones del municipio, que han demostrado la ilegalidad, los delitos, el fraude y los daños provocados por la empresa minera que opera en la zona.
«Con la dilación de los procesos solo le están dando ventajas a la empresa para que siga generando más daños, más destrucción a un parque nacional, para que continué generando más violencia, más conflicto en las comunidades. Esto solo amplia las estadísticas de violaciones a derechos humanos, de defensores asesinados, el porcentaje de impunidad, de injusticia y de inoperancia del Estado cuando se trata de proteger y defender la vida en estos sectores», compartió el regidor.
LOGROS EN GUAPINOL SON ESFUERZO DEL COMITÉ MUNICIPAL y EQUIPO DE ABOGADOS
La economista y analista socioambiental del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Lucía Vijil, compartió que en efecto existe una deuda política e histórica que continua sin ser saldada por parte de la nueva administración.
«Lo que se ha logrado en materia del conflicto de Guapinol, ha sido gracias a los esfuerzos del Comité Municipal y al equipo de abogados que ha llevado todo el tema del caso», declaró Vijil.
La analista no lo específico, pero esto también incluye la libertad de los ocho defensores de los ríos de Guapinol y San Pedro, quienes fueron liberados el 24 de febrero de 2022 luego que la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de amparo en favor de los defensores de Guapinol, anulando todo el proceso en su contra.
Vijil añadió: «Creo que hay una deuda política e histórica con el conflicto de Guapinol. Desde el Comité Municipal se han hecho las diferentes denuncias administrativas, pero también de cómo se ha confabulado toda una estructura extractiva para continuar dañando el patrimonio nacional, entonces, sí creo que hay una deuda, definitivamente».
La analista socioambiental espera que en 2023, el gobierno incluya en agenda un abordaje de la conflictividad socio territorial con la seriedad debida en este tipo de casos, donde hay judicialización, hay asesinatos y hay impunidad, también.
Vijil refirió que el estado de excepción ampliado por el gobierno al departamento de Colón, del 6 de enero al 20 de febrero, «no es una medida eficaz mientras no se conozca todo el plan integral en relación al abordaje del tema de seguridad».
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El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, coincidió con Vijil y George, señalando que no solamente no se han hecho los esfuerzos suficientes para atender la conflictividad en esa región, sino en general en el país.
«No, definitivamente el Estado de Honduras, a través del gobierno, no ha hecho los esfuerzos suficientes y lamentablemente lo que sí ha ocurrido es que estos conflictos sociales se encuentran en medio de otras problemáticas como el narcotráfico, problemáticas empresariales y disputas territoriales», concluyó.
