Tegucigalpa.- En entrevista exclusiva a Criterio.hn, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, justificó que, por falta de mayoría calificada en el Congreso Nacional y prolongación del proceso, el gobierno de Xiomara Castro no plantea eliminar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como lo prometió en campaña y en su plan de gobierno.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el 5 de septiembre de 2021, presentó su plan de gobierno mediante el cual se comprometió a derogar leyes nocivas y arbitrarias que aprobó el régimen criminal de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, incluyendo la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
“Ordenaré la derogación de las leyes que sostienen la dictadura. Ley del Consejo de Seguridad y Defensa, Ley de Secretos, Ley de Escuchas, Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), y otras leyes habilitantes aprobadas en la hemorragia del 2014 que son las que han permitido conformar esta dictadura y le ha otorgado poder omnímodo por encima de la constitución”, fueron las palabras de Castro.
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Si bien, en su mayoría se han derogado las leyes antes referidas, los cuestionamientos surgen con la derogación de la ley especial que regula el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al pretenderse aprobar una nueva normativa que extingue la vigente pese que se prometió la derogación no continuar con el órgano.
Es necesario explicar que la Constitución de Honduras de 1982, en su artículo 287, establece y ordena la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que debe ser regulado por una ley secundaria.
Este órgano nunca se puso en vigencia hasta que, en 2011, Hernández siendo presidente del Congreso Nacional y con miras a la presidencia de la república, aprobó mediante Decreto Legislativo 239-2011 la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que le otorgó poderes omnímodos al subyugar al Congreso, la Corte Suprema y el Ministerio Público.
Un mecanismo considerado perverso que violenta la Constitución al supeditar a los demás poderes del Estado y a la Fiscalía a su control mediante el Consejo de Defensa y Seguridad, por lo tanto, el Poder Legislativo al mando de Castro envió un nuevo proyecto de ley para retornar al estado de derecho cuando puede promover la eliminación total de este órgano.
El Plan de gobierno 2022-2026 de Castro, en el punto tres designado “lucha contra la corrupción y el abuso de poder”, inciso 1.1, promete derogar ley especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que creó Hernández, mas no indica o señala la creación de una nueva normativa.
Al consultarle al ministro de la Presidencia el por qué el gobierno en vez de promover un nuevo estamento no demanda eliminar la figura constitucional respondió que “es un proceso muchísimo más complejo, que implica más tiempo, que implica que tengas los votos, el apoyo, obviamente son otras palabras cuando se trata de modificar la Constitución, es una complejidad enorme especialmente en un ambiente tan polarizado. Eso es enorme el reto, en este momento tú tienes que hacer lo que puedes hacer con lo que tienes”.
Pastor de María señaló que el Consejo es un instrumento Constitucional desde 1982 pervertido por Hernández, ya que, desde 1982, ningún Poder Ejecutivo “había aprovechado la figura y fue Juan Orlando Hernández, que muy astuto mandó esa Ley Especial”.
“Mediante la ley especial de Juan Orlando Hernández, lo que hizo el señor fue concentrar los poderes al subordinar a los otros poderes del Estado bajo la autoridad del Ejecutivo, entonces ahí tenés al Ministerio Público, la Corte Suprema, al Congreso y todos te obedecen y, por lo mismo que todos te obedecen, ya no tienes pesos y contrapesos, ya no tienes independencia de poderes, entonces tu voluntad como Ejecutivo se impone sobre los demás y se protege de persecución y de rendición de cuentas”, explicó.
“Cómo va a ser que tú le rindas cuentas a una institución que tú mismo tienes el poder de subordinar a través del Consejo, fue la figura clave, fundamental de la dictadura de Juan Orlando Hernández, no el Consejo en sí, sino la Ley Especial que regula al Consejo, por eso nosotros, en el corto plazo, ante el contexto político, complejo de polarización de fuerzas políticas en el Congreso, ante la realidad de una mayoría absoluta y una segunda ratificación constitucional prolongan el proceso, pues se decide que la manera más inmediata para resolver ese entuerto es una nueva ley que elimina la anterior”, añadió.
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Según el funcionario, “no tiene nada de malo”, que este órgano articule las instituciones que tiene que ver con defensa y seguridad para que se coordine una estrategia integral ya que se retorna la independencia de poderes y se elimina la participación del Congreso, la Corte y la Fiscalía dentro del mecanismo.
“Se está reconstruyendo el estado de derecho y se está garantizando que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en vez de ser un instrumento que coopta poderes, que permite la corrupción y la protege, se convierta en lo que pretendía ser desde un inicio, en un origen, que es un Consejo para articular y coordinar políticas de seguridad y defensa que son competencias que constitucionalmente le corresponden al Poder Ejecutivo”, reafirmó.
En declaraciones recientes a Criterio.hn, el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, aseveró que la Ley Especial “es inconstitucional” apoyando la derogación del Consejo de Defensa y Seguridad, sin embargo, reconoció que no cuentan con los votos requeridos.
“Siempre lo he sostenido, es inconstitucional, si está dentro de la Constitución hay que derogarlo, lo que pasa que se necesitan 86 votos, es una inconstitucionalidad dentro de la Constitución, bajo una ley reguladora supeditados al Poder Ejecutivo”, dijo.
Cabe señalar que el jefe de bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano expresó que esa fuerza política estaría en la disposición de eliminar el artículo constitucional y la Ley Especial pese a ser ellos mismos quienes promovieron la normativa.
“Este Consejo de Defensa y Seguridad se creó en la Constitución y estuvo montón de años sin aplicarse, sin estar en funcionamiento, sin echarlo andar. Si hay tanta polarización, planteábamos como una acción derogar la ley y derogar el artículo constitucional y que ya no exista el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad porque, al no existir, el Poder Ejecutivo sigue dirigiendo los temas de seguridad y defensa del Estado y puede seguir implementando las políticas públicas y no afectaría al gobierno”, arguyó.
RETORNAR EL OBJETIVO DEL CONSEJO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
En entrevista a Criterio.hn, la socióloga e investigadora Leticia Salomón manifestó que eliminar el Consejo requiere de modificar la Constitución, un proceso dificultoso, no obstante, señala que se debe retornar las atribuciones que se pretendieron desde un inicio al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que es generar las políticas públicas en esa materia.
“Si es algo que tiene que ver con el Ejecutivo, cuál es el problema, lo que pasa es que venimos de una cultura de la sospecha bien sustentada en el caso del gobierno anterior porque, el hecho mismo de haber metido ahí a otros poderes del Estado y al Ministerio Público, tenía la doble intención de llegar a controlar absolutamente toda la institucionalidad del país para protegerse él y su familia, en ese sentido, todo mundo está como a la espera de qué otra cosa va a aprobarse para que se pueda constituir como una amenaza o una potencialidad de autoritarismo de dictadura, como la que impuso el expresidente de Honduras”, amplió.
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A criterio de Salomón la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que propone el gobierno, es una figura que viene a regular la forma en cómo se va a coordinar las actividades de defensa Y seguridad “que la presidenta tiene la potestad de hacerlo por su cuenta sin necesidad de preguntarle al Congreso ni al Ministerio Público”.
Resalta que la figura presidencial tiene la potestad de dirigir la política de defensa y seguridad y para eso las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones totalmente subordinadas de la Presidencia a través de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad al cual están subordinadas militares y policías.
“Si la presidenta lo que necesita es traerlos y sentarlos para definir los riesgos potenciales del país es la potestad de ella hacerlo, tiene toda la potencialidad que le da la Constitución de la República. Quedo sorprendida de que de una cosa tan sencillo y sin tanto trámite y de instancia del Poder Ejecutivo pretendan hacer un escándalo como lo han hecho”, lamentó.
Misma valoración tiene el sociólogo Armando Orellana, que expone que se pervirtió la figura del Consejo de Defensa y Seguridad, pero es un avance retornar las funciones que corresponden a cada poder del Estado.
“Crear una nueva ley es fundamental en términos que se debe tener sobre todo en las condiciones actuales, una condición fuerte en el tema de seguridad y defensa por ser un país con fuerte influencia del crimen organizado y la violencia y criminalidad que se genera, se debe tener un órgano que esté visibilizando, analizando, reformulando, replanteando las políticas de seguridad y defensa porque el crimen organizado tiene carácter internacional”, dijo.
Considera importante desatender los prejuicios de pretender creer que un coordinador de este organismo tendría la concentración de poder, por el contrario, “el esquema es necesario con un organismo con capacidad y competencia que pueda visibilizar y anticiparse a los posibles conflictos y situaciones que deterioran la situación de vida de la sociedad hondureña, es importante tener este organismo”.
Las atribuciones del Consejo deben ser: diseñar las estrategias de prevención, combate, investigación y sensación de las conductas delictivas en cualquiera de sus modalidades.
