La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca preocupantes problemas estructurales en Honduras, incluyendo impunidad, violencia, y corrupción
Tegucigalpa, Honduras. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2023, en el que enmarca los grandes problemas históricos y estructurales que viven las y los hondureños en materia de derechos humanos.
Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en Honduras, resaltó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que asumió el poder hace más de dos años, lo hizo bajo un contexto de problemas estructurales que subyacen a las violaciones de derechos humanos que no tienen soluciones en el corto plazo.
Entre esos problemas, Albaladejo enumeró: impunidad, falta de acceso a la justicia para victimas y sectores históricamente discriminados, pobreza y desigualdad, altas tasas de violencia –particularmente en contra de mujeres—, corrupción, presencia del crimen organizado, conflictividad agraria y socioambiental, vulnerabilidad climática y la ausencia de una institucionalidad solida que garantice los derechos humanos.
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PRINCIPALES PROBLEMAS
El informe de la Oacnudh es un análisis que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano.
Entre los principales eventos que se traducen en desafíos para la garantía de derechos humanos.
En ese sentido, destaca la falta de consensos en el Congreso Nacional que impidió la adopción de leyes como la ratificación de la derogación de las ZEDE y retrasó la elección de autoridades como las del Ministerio Público, que culminó con una cuestionada elección interina a cargo de una Comisión Permanente integrada por nueve diputados propietarios y nueve suplentes.
Otro de los puntos importantes, que se remarcan es la violencia e inseguridad, en ese sentido, señala que “continúan afectando al país”. De igual manera, señaló que la implementación del estado de excepción y su prolongación en tiempo y territorio es “preocupante”, porque no se ha “justificado su necesidad, proporcionalidad e idoneidad”. Además, la Oacnudh enfatiza que esta medida que suspende las garantías constitucionales en al menos tres ocasiones se ha implementado sin que el Congreso Nacional los haya ratificado.
De igual manera, la Oacnudh enfatiza en el aumento considerable en los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente los que están ligados con la defensa de la tierra, el territorio, y el medio ambiente, así como periodistas, sin que el Estado de Honduras haya brindado una respuesta efectiva, ello se traduce en una débil institucionalidad del Mecanismo de Protección de Defensores. En ese sentido, organizaciones y defensores de derechos humanos elevaron ante la Comisión Interamericano de derechos Humanos (CIDH), su fortalecimiento.
Otro de los principales problemas de vulneración de derechos humanos que destacó la Oacnudh es la situación de movilidad, que se incrementa ya que Honduras es país de tránsito, pero además de origen de la migración. Situación que “ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado y de las organizaciones humanitarias”.
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DESAFÍOS Y TAREAS PENDIENTES
El informe de la Oacnudh presenta un panorama de retos y desafíos que se deben abordar con acciones contundentes desde la institucionalidad del Estado.
En ese sentido, el abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad (BED), Víctor Fernández, el referido informe, describe la realidad que enfrenta la población hondureña, principalmente las poblaciones más vulnerabilizadas y plantea retos y desafíos para que los pueda asumir el gobierno.
El también defensor de derechos humanos, valoró que dicho informe refleja una relación de “armonía”, entre este mecanismo internacional de derechos humanos y el gobierno de Honduras, que a criterio de Fernández debe ser aprovechado por la actual administración. “Debería de servirle como catapulta para que los desafíos en materia de derechos humanos los empiecen a asumir con mayor radicalidad, determinación y en menores tiempos”, refirió Víctor Fernández en entrevista con Criterio.hn.
Por su parte, el sacerdote Jesuita, Ismael Moreno Coto, mejor conocido como padre “Melo”, refirió que, para tener un auténtico Estado de derecho, democracia y vigencia de derechos humanos, debe haber una clara transformación agraria, ambiental, tributaria y una transformación en las políticas públicas que garanticen la libertad de expresión y de género. ” Son desafíos y tareas que le toca asumir al gobierno, pero también a los sectores sociales”, enfatizó.
Por otro lado, la representante de la Oacnudh reconoció que en el primer trimestre de 2024 se han dado algunos avances en materia de derechos humanos, como la emisión de decreto ejecutivo, constituyendo la comisión intersectorial de alto nivel para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones emitidas por sistemas internacionales de protección de derechos humanos en favor de las comunidades garífunas, la aprobación de la Ley de Casas Refugio y la aprobación del Decreto Legislativo 18-2024 que protege el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras y áreas protegidas, entre otros avances que de acuerdo con Isabel Albaladejo son el resultado de “la persistencia de las comunidades, de los sectores sociales y la voluntad política de los poderes del Estado para su realización”.
