Tegucigalpa.- Tras la captura del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, instituciones del gobierno hondureño aseguran que se ha respetado los protocolos establecidos para la captura de personas acusadas por delitos vinculados a la narcoactividad y son solicitados en extradición.
El pasado 15 de febrero, JOH como popularmente se le conoce al exgobernante de Honduras, fue capturado por miembros de la Policía Nacional al ser solicitado en extradición por los Estados Unidos luego de presentarse una acusación en su contra en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.
La esposa de Hernández y exprimera dama, Ana García, presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en contra de las fuerzas de seguridad del Estado por supuestas violaciones a los derechos humanos de su cónyuge.
“La violación a los derechos humanos en contra de mi esposo, quien fue sometido a un escenario horroroso y humillante, está claramente establecida en el pronunciamiento del CONADEH… hubo una exposición pública ilegal, violentando flagrantemente sus derechos elementales y su dignidad como persona humana de una forma cruel y degradante”, expuso.
A criterio de García, existió “una sobreexposición” de su esposo al público, a través de medios de comunicación, además asegura que se invadió su privacidad, incluso la de sus vecinos.
Asimismo, considera que la situación que enfrenta su marido “es una venganza de narcotraficantes extraditados” que lo salpican de ser el artífice de una estructura criminal dedicada a la narcoactividad y que utilizó el poder político para blindar sus actividades ilícitas.
“Por ocho años Juan Orlando Hernández trabajó para recuperar la paz y seguridad en Honduras… esto es una venganza de narcotraficantes extraditados que ahora desde Estrados Unidos se han puesto de acuerdos para levantar mentiras y falsos testimonios. Juan Orlando Hernández está siendo objeto de una venganza”, declaró.
El CONADEH, a través de un comunicado, se pronunció sobre la exposición de personas acusadas en el ámbito penal, sin referirse directamente a la captura de JOH, resaltando que cuando se somete a los detenidos se produce un trato desigual, discriminatorio, degradante mediante exposición social indebida e innecesaria y constituye violaciones al derecho a la dignidad humana, honor, imagen personal, y al estado de inocencia.
Por lo anterior, instó a la Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas respetar el derecho a la imagen, presunción de inocencia y demás garantías judiciales responsables al momento de difundir públicamente cualquier imagen sobre la aprehensión de las personas.
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EL PROTOCOLO QUE EL PROPIO HERNÁNDEZ APROBÓ
El canciller de la república, Eduardo Enrique Reina, aseguró que el proceso que se ejecutó contra Hernández es el mismo que este utilizó contra los hondureños que fueron solicitados en extradición durante los ocho años de gobierno que dirigió.
“Los mecanismos que se siguió son los existentes, es más, todas estas formas que se han ido aplicando las aprobó Juan Orlando Hernández. Se está aplicando lo que él hizo, porque no se han cambiado”, sostuvo.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de un comunicado, señaló que se respetó el protocolo establecido y constató que durante la captura de Hernández no se recurrió al uso de la fuerza o violaciones a derechos humanos.
“Durante el seguimiento no se observaron ni se tiene conocimiento que se haya recurrido al uso de la fuerza al momento de su detención y custodia, o que el sospechoso haya resultado con lesiones por parte de los agentes del orden al momento de su captura”, indica el documento.
También, resalta que no se debe confundir el despliegue de los efectivos de la fuerza de seguridad del Estado con un acto de irrespeto a los derechos humanos, sin embargo, se comprometieron a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Seguridad con el fin que se cumplan las reglas mínimas de las Naciones Unidas al momento de aplicarse una detención.
LAS CONDICIONES DENTRO DEL RECINTO DONDE ESTÁ CONFINADO
Miguel Pérez Suazo, director de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales detalló que Hernández, recluido en las instalaciones de la dirección, goza de algunos beneficios que no tienen otros privados de libertad.
Para el caso, manifestó que cuenta con cama matrimonial, un ropero y suficiente espacio incluso para recibir a sus familiares y apoderados legales, tiene un baño privado, la comida la proporciona su esposa, al tiempo que reconoció que las instalaciones no son celdas de prisión.
“Esto no es un espacio de prisión, no hay celdas en la dirección, lo que tengo son espacios para este tipo de situaciones. Estamos haciendo que su estadía no sea cinco estrellas, pero que cumpla lo mínimo requerido para respetar sus derechos y garantías”, aseveró.
Cabe indicar que más de 40 personas están recluidas en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.
La propia subsecretaria de seguridad, la doctora Julissa Villanueva, se presentó junto con miembros del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, (MNP-CONAPREV), para constatar las condiciones en las que se encuentra el exgobernante resaltando que no se encontró ninguna violación a sus derechos, examinando el lugar, el acceso, la alimentación, su comunicación y su estado de salud
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POSTURAS DE SOCIEDAD CIVIL
Para el sacerdote jesuita director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, se pretende ajustar un ambiente de chantaje y victimización con la captura de JOH, no obstante, afirma que se ejecutó de acuerdo al procedimiento establecido.
“Ha habido un respeto a todos sus derechos conforme al protocolo internacional de los narcotraficantes. El denigró el cargo de la presidencia de la república, sin embargo, se le ha estado tratando con bastante respeto y deferencia, se le están respetando los derechos humanos; lo que él nunca hizo con personas y grupos que él mismo promovió la promoción de la violación a sus derechos”, dijo.
De igual manera, el dirigente social del movimiento Las Antorchas, grupo que surgió tras los actos de corrupción por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Miguel Briceño, se refirió a las violaciones a la integridad de las personas perpetradas por el propio Hernández.
“Mataron a muchos hondureños por órdenes de JOH y no vimos que nadie se pronunciara; asesinaron, golpearon, gasearon al pueblo, se robaron el IHSS, la pandemia e hicieron de Honduras un paraíso de cocaína y ahí no se pronunciaron. No podemos ser doble moral”, reprochó.
También, el dirigente del Partido Liberal Eduardo Martell, se pronunció y considera que el rango por el que acusan a Hernández en los Estados Unidos amerita las acciones que realizó la Policía Nacional.
“Los derechos humanos son sagrados, tenemos que velar por su defensa y protección. Pero no hay que confundir, la detención de un gran capo de la droga amerita un operativo de envergadura, y usar protocolos de detención, no es violación de éstos. ¡Todos somos iguales ante la ley!”, expresó.
Edwin Espinal, criminalizado y judicializado por protestar en contra del fraude electoral que permitió a Hernández reelegirse en la presidencia, cuestionó que se pretenda señalar como “perseguido político” a JOH cuando fue él mismo quien emprendió acciones arbitrarias contra la población hondureña.
Para Espinal, Hernández recibió “una cucharada de su propia medicina” y ahora enfrenta un proceso de extradición que les permite a los hondureños ver el castigo que enfrentará en Estados Unidos por los delitos que cometió.
Cabe exponer que la próxima audiencia contra Hernández se emplazó para el 16 de marzo en la que se determinará su extradición o no hacia los Estados Unidos al ser acusado de traficar al menos 500 toneladas de cocaína.
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