Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- El Gobierno de Honduras, cuya cabeza la ocupa la presidenta Xiomara Castro, ha demostrado ambigüedad frente a las determinaciones que ha emitido, en dirección a su gestión, el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por un lado, calificó de «política injerencista» la última actualización de la Lista Engel y, por el otro, recientemente se congració de haber sido certificado como el «único gobierno» del Triángulo Norte en combatir la corrupción, y fomentar la transparencia y la defensa de los derechos humanos.
El pasado 8 de agosto, el subsecretario de Gestión y Recursos de Estados Unidos, Brian P. McKeon, remitió al Congreso de ese país un documento en el que se certifica que el gobierno hondureño, en los primeros meses de su gestión iniciada el 27 de enero de 2022, se ha enfocado en combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer las instituciones y aumentar la transparencia, y proteger los derechos de la sociedad civil y de la oposición política, entre otros puntos.
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Sin embargo, después de que el pasado 20 de julio el mismo Departamento de Estado oficializó la última actualización de la «Lista Engel», en la que catalogó como personajes corruptos y antidemocráticos a los vicepresidentes del Congreso hondureño, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, y al asesor presidencial Enrique Flores Lanza, el gobierno hondureño saltó y, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, aseguró que la lista denotaba una permanente «manipulación» y una «política intervencionista».
Ello a pesar de que el listado también señalaba al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, quien actualmente se enfrenta a la justicia de Estados Unidos, país que lo señala de haber utilizado su poder en la conspiración con narcotraficantes, incluido Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, quien, al igual que Bonilla, está siendo judicializado después de que se le acusó por el tráfico de 500 toneladas de cocaína, la conspiración con armas de fuego y la utilización de explosivos.
El analista en política exterior, Graco Pérez, consideró en entrevista con Criterio.hn que, efectivamente, el Gobierno de Honduras se ha pronunciado, con respecto a las decisiones del Departamento de Estado, «con discursos hechos a su conveniencia».
«Lamentablemente hay un discurso que cambia dependiendo de si la situación favorece o no favorece, creo que ambas decisiones (del Departamento de Estado) deberían ser consideradas como validas por parte del Gobierno de Xiomara Castro, o, en su defecto, inválidas. Hay cierta contradicción», expresó.
Al mismo tiempo, externó que dichas certificaciones podrán mantenerse si el Gobierno de Honduras, como apunta el Departamento de Estado, continúa mostrando iniciativas destinadas al combate de la corrupción, al fortalecimiento de las instituciones y, sobre todo, al trato que se le de a la crisis migratoria.
Entre enero y julio de 2022, según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, 26 mil 147 personas han sido deportadas desde Estados Unidos hacia Honduras.
«Habrá varios elementos a analizar, como el combate a la corrupción y la migración irregular, eso será realmente determinante para saber si, en efecto, el nuevo gobierno está luchando contra la corrupción y fortaleciendo sus políticas de desarrollo social», continuó Pérez.
NO ES UNA CALIFICACIÓN
Por su lado, el director de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, aseguró que se ha generado cierta confusión en torno al documento que recientemente hizo público el Departamento de Estado estadounidense. «No sé si es adrede o por desconocimiento».
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«Esta certificación, más que una calificación, tiene un componente de los procesos administrativos internos de Estados Unidos, mediante la cual se le autoriza al Congreso estadounidense a que apruebe una asignación presupuestaria para la cooperación de Estados Unidos, llámese USAID, en materia de combate a la corrupción, gobernabilidad democrática y transparencia», dijo a Criterio.hn.
A pesar de lo anterior, Ramírez reconoció los esfuerzos del Gobierno para luchar contra la corrupción, como las negociaciones que se están efectuando en este momento con las Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismas que darían paso a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI).
«Eso es algo que desde la sociedad civil hay que reconocerlo, y creo que Estados Unidos también lo está haciendo», añadió.
El pasado 23 de agosto, el gobierno hondureño, a través del canciller Enrique Reina, publicó los comentarios hechos al borrador del memorándum de entendimiento suscrito con Naciones Unidas, bajo el cual a la eventual CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) no se le permitiría adquirir la figura de querellante adhesivo de la Fiscalía hondureña.
