Foto portada: Consejo de Ministros/Casa Presidencial
Tegucigalpa. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en consejo de ministros, aprobó extinguir la Secretaría de Transparencia, que instauró el régimen del exmandatario Juan Orlando Hernández, y crear la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Anticorrupción al mando del exfiscal de la república, Edmundo Orellana Mercado.
Mediante Decreto Ejecutivo PCM 111-2020, Hernández, quien será extraditado hacia los Estados Unidos acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, instauró la Secretaría Anticorrupción en medio de denuncias por malversar los multimillonarios fondos destinados para atender la pandemia del SARS-CoV-2 y la devastación causada por los fenómenos climáticos Eta y Iota.
La dirección del ente estuvo a cargo de María Andrea Matamoros, hija de David Matamoros Batson, exmagistrado del fenecido Tribunal Superior de Cuentas (TSC) pieza clave que permitió a Hernández imponerse en la presidencia mediante fraudes electorales en 2013 y 2017.
Como una paralela se consideró la Secretaría de Transparencia debido que restaba atribuciones al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) además debía contemplar, diseñar, implementar y asesorar al gobierno en políticas que combatieran los altos niveles de corrupción.
No obstante, Matamoros solo figuró a través de cadenas de radio y televisión para indicar las supuestas acciones del gobierno en la ejecución de los fondos públicos mientras el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional contrariaba sus declaraciones al posesionar a Honduras como el cuarto país más corrupto de América Latina solo superado por Haití, Nicaragua y Venezuela.
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En entrevista a Criterio.hn, el ministro de transparencia, Edmundo Orellana detalló que, en reunión de consejo de ministros, se aprobó extinguir la Secretaría de Transparencia para crear la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Anticorrupción que estará bajo su cargo.
“Se aprobó en consejo de ministros una nueva estructura del gobierno en la que aparece la Secretaría de Estado en Despachos de Transparencia y Anticorrupción ocupando un lugar importante y relevante en el tema de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que ha sido declarada la misión fundamental de este gobierno”, expresó.
Con la decisión del gobierno, desaparece la estructura instaurada por JOH y da paso a una nueva secretaría de Estado que permitirá crear un gobierno digital y que la ciudadanía tenga acceso directo concerniente a las gestiones de la administración pública.
En cuanto a ser igual una paralela al IAIP aseguró que no habrá duplicidad de acciones y seguirá siendo el IAIP el ente para solicitar información de las instituciones del Estado contrario a la nueva organización estatal que “creará condiciones para que toda la administración se transparente”.
Asimismo, se instalará el Consejo Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción integrado por el gobierno, sociedad civil y la academia.
Además, se creará el Observatorio Nacional Anticorrupción bajo un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y se llevará a cabo un proceso sistemático para un gobierno digital.
“En materia de transparencia hay iniciativas, la más significativa es lanzar una plataforma que va a permitir cargar todas las plataformas importantes del Estado como el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), del Instituto de la Propiedad (IP) y la Presidencia, entre otras, para que se le ofrezca al público acceder a todos los procesos de ejecución presupuestaria y de decisión que estén ocurriendo en la administración pública en tiempo real”, añadió.
Orellana prometió que con la nueva secretaría de Estado se ofrecerá una radiografía general del gobierno al tiempo de conocer proyectos específicos, sus avances y las denuncias de corrupción que puedan surgir en el nuevo gobierno.
Pese que la Secretaría de la Presidencia del nuevo gobierno continúa sin actualizar sus portales de transparencia y las solicitudes que se realizan al IAIP no son resueltas lo que expone falta de transparencia, Orellana afirma que existe una política anticorrupción bien definida para desmontar la estructura de corrupción que creó Hernández.
Para el caso, mencionó la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos, restablecer las facultades investigativas al Ministerio Público (MP) que impedía conocer casos de corrupción e investigar a funcionarios, diputados, empleados, entre otros, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emitiera un informe.
El exfiscal espera que, al cumplirse los primeros cien días de gobierno, las primeras acciones para fortalecer la transparencia ya estén en funcionamiento mientras se continúa en el proceso de instalar una misión internacional que investigue los casos de corrupción en los últimos periodos de gobierno.
