La política gubernamental de gestión por resultados no divulga los resultados, institución por institución, de las evaluaciones aplicadas a altos funcionarios
Analistas entrevistados por Criterio.hn destacan la importancia de hacer públicas todas las acciones emprendidas por aquellos que tienen a su cargo la administración de los recursos públicos
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el Gobierno promueve una política de gestión por resultados en las instituciones del Estado, las calificaciones específicas no son divulgadas, y los informes son exclusivamente para consumo interno dentro de la presidencia.
En diversas ocasiones, Criterio.hn, a través de solicitudes de información pública y entrevistas con funcionarios, ha intentado obtener los informes de evaluación correspondientes a 2022 y 2023 de las instituciones estatales.
Sin embargo, la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), a través del oficio DIGER-OT-022-2023, únicamente ha respondido a este medio digital con resultados que abarcan rangos entre el 50% y el 100%, indicando el número de instituciones incluidas en cada uno.
En 2022, según la Diger, se evaluaron 96 instituciones con una base de 601 metas. De ellas, 10 instituciones obtuvieron calificaciones entre el 50% y el 60%, 10 entre el 61% y el 70%, 18 entre el 71% y el 80%, 38 entre el 81% y el 90%, y 13 entre el 91% y el 100%.
Por otro lado, en 2023, la evaluación abarcó a 94 instituciones con 860 metas. En esta nueva evaluación, 12 instituciones del Estado obtuvieron calificaciones inferiores al 60%, 16 se situaron entre el 60% y el 70%, 29 entre el 71% y el 80%, 27 entre el 81% y el 90%, y solo 10 entre el 91% y el 100%.
Como se puede observar, hubo un aumento en las instituciones del Estado que obtuvieron calificaciones entre el 50% y el 80%, y una disminución en aquellas que se situaron entre el 81% y el 100%.
RESULTADOS A MEDIAS, SIN TRANSPARENCIA
Según analistas consultados por Criterio.hn, aunque existe un sistema de gestión por resultados, las calificaciones individuales y los parámetros específicos de evaluación no se publican, lo que no contribuye a la transparencia y rendición de cuentas.
Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), considera que la gestión por resultados es una "cortina de humo" y solo se utiliza para consumo interno del Gobierno.
"Nunca se han proporcionado más detalles a la ciudadanía, lo que demuestra la falta de transparencia y el desinterés en rendir cuentas sobre la gestión del gasto y la generación de políticas públicas", afirmó Madrid a Criterio.hn.
Aunque se esperaban cambios dentro del gabinete de Gobierno antes de la publicación de los resultados de la gestión por resultados, solo se generaron movimientos políticos.
La única destitución fue la de José Manuel Matheu al frente de la Secretaría de Salud, mientras que el resto fueron rotaciones provocadas por la salida del Gobierno de Rixi Moncada y Mauricio Ramos, secretario de Infraestructura y Transporte, quien acompañará en la fórmula presidencial a Moncada.
En virtud de lo anterior, Marlon Ochoa fue designado como secretario de Finanzas, tras haber dirigido el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
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Paralelamente, Carla Paredes, quien ocupaba el cargo de directora del Hospital Escuela, asumió la responsabilidad como secretaria de Salud.
Por otra parte, Octavio Pineda, previamente director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), fue designado como secretario de Infraestructura y Transporte, mientras que Warren Ochoa fue promovido a la posición de titular del FHIS.
"Al final, solo se removió al ministro de salud porque era de otro partido político y lo venían pidiendo las bases de Libertad y Refundación. Hubo movimientos políticos, pero no movimientos que obedecían a gestión por resultados", agregó Madrid en entrevista con este medio digital.
TODA EVALUACIÓN DEBE SER PÚBLICA
El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, dijo a Criterio.hn que cualquier evaluación de las instituciones estatales debe ser pública.
"Ninguno de esos funcionarios es "pagado" por la presidenta, sino que son remunerados con fondos públicos. Con esa condición, están obligados a rendir cuentas a todos. La evaluación se paga con recursos del Estado y debe estar disponible para todos", manifestó.
Acevedo añadió que se debe cuestionar cuáles son los parámetros que utiliza la Diger para realizar la evaluación. "Pareciera que el único parámetro es la ejecución presupuestaria, sin embargo, la ejecución presupuestaria per se no significa nada si no hay resultados, cambios y efectos en las condiciones de la población destinataria".
En conversación con Criterio.hn, Álex Navas, coordinador jurídico de Cristosal en Honduras, declaró que la gestión de los funcionarios debe estar sujeta al escrutinio público y que, al no darse a conocer las acciones o resultados de los funcionarios, la democracia carece de elementos de libertad y gobernanza basados en rendición de cuentas y transparencia.
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"La sociedad, para hacer sus propias valoraciones, observaciones, críticas o desacuerdos con el Gobierno, debe conocer las acciones y resultados de las personas que administran el erario público y han recibido bajas calificaciones", indicó Navas.
Y concluyó: "También es necesario para que la población pueda conocer de primera mano quiénes son los funcionarios que tienen un buen desempeño y quiénes están en sus roles únicamente por acuerdos políticos".
Criterio.hn intentó obtener entrevistas con el director de la Diger, Marcio Sierra, y el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, pero no obtuvo respuesta.
