Diversos sectores apuntan a que la junta directiva del Congreso Nacional debe ser ratificada, mientras que otros aseguran que está legitimada desde el 8 de febrero de 2022, y que la discusión no tiene sentido
Tegucigalpa.- El 8 de febrero de 2022, por primera vez, las seis bancadas representadas en el Congreso Nacional comenzaron a desarrollar sesiones de manera normal. Sin embargo, a ocho meses de ello, la discusión en torno a la legalidad de la junta directiva del Legislativo continúa evidenciando enormes grietas en la gobernabilidad ejercida a lo interno de ese poder del Estado.
La legalidad de la junta directiva, a pesar de los meses transcurridos, continúa en la tela del juicio. Por un lado, la oposición, específicamente el conservador Partido Nacional, insiste en deslegitimar los cargos de cada uno de los miembros de la misma. Los reconocerán, aseguran, hasta que sean ratificados.
Del otro extremo, el oficialismo, ejercido por Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) en una alianza resquebrajada, asegura que la junta directiva está legitimada desde el momento en que la crisis legislativa, que inició el 21 de enero y que concluyó el 7 de febrero de 2022, tuvo una salida.
La actual junta directiva, de hecho, nació de una controversia. El presidente, Luis Redondo, del PSH, fue juramentado como presidente del Congreso Nacional el 23 de enero de 2022, en medio de un acto sin precedentes en la historia hondureña debido a que simultáneamente Jorge Cálix, de Libre, también juró como titular del Legislativo ese día.
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Redondo fue ungido como candidato a presidente del Legislativo después de un acuerdo político-electoral suscrito el 13 octubre de 2021 entre Libre y PSH, un mes antes de las elecciones generales del 28 de noviembre que convirtieron a Xiomara Castro en presidenta de la República y que acabaron con doce años continuos del Partido Nacional en el poder.
Cálix, que el 21 de enero había sido elegido presidente de la junta directiva provisional, convocó el 23 de enero a una sesión en Bosques de Zambrano, a unos 40 kilómetros al norte de la capital hondureña, sin justificar una emergencia. Allí, cerca de 20 diputados de Libre, 44 del Partido Nacional, 15 del Partido Liberal y una del Partido Anti Corrupción (PAC), lo ratificaron como presidente del Congreso.
Al mismo tiempo, en el salón de sesiones del poder Legislativo, diputados propietarios y suplentes hacían lo propio con Luis Redondo, juramentado por Rasel Tomé, de Libre, en una jugada mediante la cual se sacó provecho de la reforma que el Congreso del nacionalista Mauricio Oliva había hecho semanas atrás al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En ese contexto, la incertidumbre en torno a cuál de las dos era la auténtica junta directiva desató una crisis legislativa sin precedente alguno, misma que finalizó el 7 de febrero con un acuerdo entre Cálix y su partido Libre, que además se reafirmó con un abrazo entre Luis Redondo y Jorge Cálix dentro del Hemiciclo legislativo al día.
DEBATE SOBRE LEGALIDAD COBRA FUERZA
Recientemente, la Conferencia Episcopal hondureña emitió un pronunciamiento en el que instó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a que “se pronuncien sobre esta situación (el debate en torno a la legalidad de la junta directiva) y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera al correcto caminar democrático del país”.
La postura de la Iglesia Católica, sin embargo, no ha encontrado agrado en los miembros de la junta directiva del Congreso hondureño, que está conformada por congresistas de Libre, PSH, Partido Liberal y Democracia Cristiana.
El miércoles, el presidente de ese poder estatal, Luis Redondo, en referencia a lo acontecido el 23 de enero de 2023, dijo que “en realidad la Corte no tiene que aclarar nada. Desde que el proceso se realizó, ese día, nosotros atendimos la convocatoria constitucional. Estábamos obligados a evitar que se rompiera el orden constitucional”.
La Sala de lo Constitucional es considerada llamada a reconocer o no la legalidad de la junta directiva que encabeza Luis Redondo, pero la situación se vuelve compleja, debido a que, si bien se han presentado algunos recursos de inconstitucionalidad contra dicha conformación, ninguno de ellos ha sido admitido por el Supremo hondureño.
¿QUÉ PUEDE RESOLVER LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL?
En caso de que la Sala de lo Constitucional finalmente se pronuncie, se contemplan dos escenarios. El primero sería la aplicación del principio ex nunc, una norma jurídica, sin retroactividad, que legitimaría todos los actos efectuados por la junta directiva desde su instalación, pero que, además, establecería que todo lo que se decrete, en un futuro, carecerá de legalidad.
Esa situación obligaría a la junta directiva a ser ratificada. Para ello, en su artículo 82, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los casos no previstos en la ley (como la discusión en torno a la legalidad de la junta directiva), serán resueltos por el pleno y se debe tomar nota de la resolución que se dicte, para que en casos similares pueda servir de precedente, ello mediante un libro especial que llevará la secretaría del Congreso.
El otro escenario contemplado, que sería el más esperado por las diputadas y los diputados que integran la actual junta directiva, implicaría que la Sala de lo Constitucional decretara la legalidad adquirida por el ejercicio del cargo.
A partir del 8 de febrero de 2022, aunque los diputados del Partido Nacional se rehúsen a reconocer a la junta directiva como legal, las sesiones comenzaron a desarrollarse normalmente, con la presencia de legisladores de las seis bancadas. Desde ese momento, además, al menos de facto, la propia bancada nacionalista ha reconocido la autoridad que existe en el Congreso.
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Diputadas y diputados han mocionado, presentado proyectos de decreto, votado decretos y leyes. Asimismo, han sido integrados a comisiones legislativas o dictaminadoras, y la redacción de los artículos de ciertas leyes o decretos ha derivado de deliberaciones originadas por sugerencias de legisladores que aseguran no reconocer a la junta directiva.
EL DEBATE SIGUE VIVO FUERA DEL HEMICICLO
A pesar de lo anteriormente expuesto, la discusión en torno a la legalidad continúa sembrando dudas dentro de la opinión pública y generando preocupación, sobre todo, de cara al futuro. En 2023, el Congreso elegirá a las y los 15 magistrados de la Corte Suprema Justicia, y a la o a él fiscal general de la República.
Abogados constitucionalistas, consultados por Criterio.hn, han explicado que la problemática existente en el Congreso podría generar una tensión legislativa y, consecuentemente, constitucional. La elección de la nueva Corte, por ejemplo, podría correr riesgo.
“¿Qué pasaría si los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal no votan por los candidatos a magistrados que les presente la Junta Nominadora? Estos diputados fácilmente pueden renegar y exigir la ratificación de la junta directiva, algo que podría evitarse a tiempo”, dijo, el pasado 3 de octubre, el constitucionalista Oliver Erazo.
Otras señales de agrietamiento en la gobernabilidad legislativa que atraviesa el Congreso Nacional se han evidenciado con los más recientes conflictos internos. El presidente, Luis Redondo, el 12 de octubre acusó a la bancada del Partido Nacional de haberse ausentado a una sesión, pactada ese día, con el fin de romper el quórum.
Por otro lado, figura la evidente falta de consensos para aprobar importantes normativas como la nueva Ley del Consejo de Seguridad y Defensa, así como para derogar el decreto 116-2019, que diversos sectores de la sociedad califican como un pacto de impunidad.
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Otro fantasma que persigue a la actual administración es la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho, conocida como “Ley de Amnistía Política”, y también considerada una norma que fomenta la impunidad.
Aprovechando las reformas hechas al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Congreso de Luis Redondo aprobó esa normativa con la venia de 28 legisladores de Libre, nueve del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuatro del Partido Liberal y un importante número de diputados suplentes de Libre.
Al mismo tiempo, bajo la virtualidad, 44 congresistas del Partido Nacional, 22 disidentes de Libre, 18 del Partido Liberal, así como la única representación de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Anticorrupción (PAC), continuaban a las órdenes de Jorge Cálix.
Todos los puntos anteriormente expuestos continúan fortaleciendo el debate en torno a la efectividad de la gobernabilidad legislativa que se ejerce en el Congreso hondureño, específicamente, a partir del 8 de febrero de 2022. ¿Cuál será el destino de esta discusión?
