El reto de Bukele

Gestión de la presidenta de Xiomara Castro en sus primeros 100 días de gobierno (desde el punto de visto  político jurídico)

Foro del Movimiento Patria

 Por: Rodil Rivera Rodil

 Muy buenas noches. He aquí, en apretado resumen, mis reflexiones sobre los temas que considero más importantes de los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde una perspectiva político-jurídica. Con el ruego, estimados amigos, de que, si en algún momento incurro en falta a la objetividad y balance que constituyen la norma en los foros de Patria, esta me sea disculpada porque sería, sin duda, producto involuntario de mi militancia en el Partido Libertad y Refundación.

El sorpresivo entendimiento de 20 de los diputados de Libre con los partidos liberal y nacional para arrebatarle la conducción del congreso nacional puso en grave riesgo la capacidad de gobernar el país de la presidenta Xiomara Castro y dejó en evidencia una seria falla en su disciplina y organización que se tradujo en un claro yerro de su dirección para anticipar y prevenir la disidencia.

En la crisis tuvo que ver, además de la clásica lucha de poder, que Libre aún no se ha consolidado como un partido político propiamente dicho y ni siquiera como un frente amplio. Tiene pendiente la tarea de modernizarse y darle cohesión al ideario político ideológico en el que aspira ubicarse, que no es otro que la nueva izquierda latinoamericana junto con la que acaba de asumir el poder en Chile.

Pero, superado el inicial escollo, y con las dificultades del caso, todo indica que poco a poco la alianza está forjando un cierto grado de concertación con el Partido Liberal que le ha permitido el parcial cumplimiento de su agenda legislativa. Así, le ha sido posible comenzar a desmontar el aparato autoritario y neoliberal de la dictadura con la derogación de la ley de secretos, del empleo por hora y otras, Y, por supuesto, con la de más impacto, la de las ZEDES, con el acompañamiento del Partido Nacional.

Falta ver qué ocurre con el proyecto de ley que modifica la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, en particular, con el de la ley especial para la energía eléctrica que podría conducir al primer gran enfrentamiento con uno de los sectores más poderosos de la oligarquía nacional.

Con respecto a la ley de empleo por hora, por la polémica que ha suscitado, mi opinión es que su eliminación era inevitable, entre otras, por las siguientes razones:

1.- Porque la ley adolecía de clara inconstitucionalidad, ya que violaba flagrantemente la estabilidad laboral garantizada en el artículo 129 de la Constitución de la República.

2.- Porque no ha sido probado por nadie que, efectivamente, esta ley haya servido para crear empresas que únicamente pueden operar con empleos por hora, como lo aseguraba el “Plan Nacional de Empleo por Horas” aprobado por el Congreso Nacional en el 2010 que sirvió de fundamento para la promulgación de dicha ley. Pero sí está comprobado que muchos empresarios se han aprovechado de ella para reducir salarios y poder despedir trabajadores a su antojo, y,

3.- Porque esta derogatoria constituyó una sensible promesa de campaña a la clase trabajadora para restablecer el imperio del Código del Trabajo. Parece que no se ha terminado de entender que Libre es un partido de izquierda, que no puede renunciar a su esencia política, salvo que esté dispuesto a desaparecer apenas llegado al poder.

Es aconsejable, sin embargo, que la alianza promueva una reforma del Código del Trabajo para incorporar el contrato por hora preservando la constitucionalidad y unidad jurídico laboral de esta primordial rama de nuestra legislación.

Dicho sea de paso, me permito llamar la atención sobre la censurable prepotencia con que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) (corrido ahora, parece, hacia la extrema derecha) ha manifestado su oposición a la derogatoria de la ley, una postura muy distante de la complacencia y el cuasi servilismo de que hizo gala con el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández, posiblemente el más corrupto que hemos padecido en toda nuestra historia.

Pero cabe señalar, asimismo, que la alianza actuó con manifiesta ilegalidad al elegir, de manera precipitada, a profesionales del derecho que no llenaban el requisito de ser notarios para los cargos de Procurador y Sub-Procurador, como lo exige la Constitución de la República. Y algo parecido ocurre con la vaguedad y falta de transparencia del llamado Fondo Departamental o Social de los diputados.

En lo que respecta a la “Amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia”, que también ha provocado un enconado debate, en mi criterio, no solo no adolece de ninguna inconstitucionalidad, sino que la misma era indispensable para sentar las bases de la reconciliación nacional después del golpe de Estado del 2009. Pero cuya redacción pudo ser mejorada para evitar de que se valieran de ella personas no comprendidas dentro de su alcance y finalidad. Ello, sin perjuicio, de que tampoco mereció el calificativo de “pacto de impunidad” con el que apresuradamente, de buena o de mala fe, fue bautizada por algunas personas y entidades.

He podido apreciar, de otra parte, cierta inmadurez política, impropia de un partido de izquierda, en la bancada de Libre para tratar con sus compañeros que fueron disidentes y aún con los diputados del Partido Nacional, los cuales, quiérase o no, serán imprescindibles para alcanzar la mayoría calificada que exigen varias de las promesas de Libre.

De igual manera, no ha podido Libre desvanecer la percepción de la ciudadanía en cuanto a que la presidenta aún no ejerce sus poderes a cabalidad; que e