Por: Tomas Andino Mencía
Primera parte: ¿HACIA DONDE VA LA POLITICA DE BIDEN EN CENTROAMERICA Y HONDURAS?
En el mundo recién acaba de saldarse un conflicto global en las pasadas elecciones presidenciales del 27 de noviembre de 2020 en Estados Unidos, en las que perdió el poder el grupo político nacionalista y ultraconservador de la burguesía norteamericana, representado por el expresidente Donald Trump, a manos del sector de la burguesía globalista que sigue la agenda de las multinacionales de USA, Europa y Asia, representada por Joe Biden.
Este desenlace significa que el poder imperialista mundial no solo retoma su agenda de expansionismo global, semiabandonado por el trumpismo –que enfatizo en un desarrollo capitalista “hacia adentro” en Estados Unidos– sino que la lleva a un nivel más profundo, generando reformas al capitalismo para incrementar la explotación de las riquezas de los países periféricos, explotar su mano de obra, replantear sus mecanismos de enriquecimiento financiero, tener más control sobre la población mundial y sobre los estados de los países llamados “subdesarrollados” y prevenir sus crisis económicas cíclicas a través de lo que llaman “El Gran Reinicio” del capitalismo, que entre otras cosas significa una reorientación de las grandes inversiones energéticas, financieras e industriales.
En ese contexto, los países de la periferia capitalista en Latinoamérica debemos esperar un recrudecimiento de la ofensiva transnacional para arrebatarnos nuestros territorios, reducir a su mínima expresión los estados nacionales y tener mecanismos de control más efectivos sobre los gobiernos y sobre las poblaciones así como una mayor ofensiva de sus inversiones y exportaciones. Ejemplos de lo anterior son; a) la manipulación de la pandemia del COVID-19 para fortalecer los regímenes policiacos-militares de la región, como uno de esos mecanismos privilegiados de control, que ha probado ser efectiva para detener la ola de levantamientos sociales que recorría el mundo y la región latinoamericana en el año 2019; b) la profundización del endeudamiento externo con la banca multilateral (FMI; BM, BID) con lo cual busca crear un nuevo y más profundo ciclo de endeudamiento externo; c) la utilización de la retórica contra la corrupción y el combate al narcotráfico para intervenir más en los países; d) el fomento de las fuentes de energía renovable, las inversiones “verdes”, productos farmacéuticos y la informática; d) el relanzamiento de la ofensiva que Trump no pudo concretar sobre Venezuela, entre otros. Todo esto con el pretexto de la pandemia, el cambio climático, la lucha contra las drogas y lo que ellos entienden por “democracia” (made in USA).
En lo que a Centroamérica concierne, adicional a lo anterior, Biden se propone implementar una política especifica con dos objetivos muy precisos: el primero es desactivar la bomba social que se acumula en su frontera sur con los centenares de miles de migrantes que periódicamente pujan por entrar a Estados Unidos, especialmente hondureños, y el segundo es recuperar el control de los estados nacionales centroamericanos que Trump había dejado prácticamente en manos de una naciente burguesía ligada a los negocios del narcotráfico, para volverlos a poner bajo su control hegemónico.
LA CONTENCION DE LA MIGRACION, HACIENDO MAS DE LO MISMO
En el tema migratorio, el gobierno norteamericano presionado por su electorado de origen latino, desarrolla una política de temporal tolerancia hacia los migrantes que ya se encuentran en territorio norteamericano, mediante iniciativas como la revocatoria del decreto de Trump de 2017 que criminalizaba la presencia indocumentada o el memorándum para preservar y fortalecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), entre otras; y, a nivel internacional, con la eliminación de los Acuerdos del Tercer País más Seguro y la apertura de la frontera a los migrantes para “casos humanitarios”.
Sin embargo, su estrategia de largo plazo sobre este tema se supone que es crear un muro de contención de medidas económicas, sociales e institucionales en los países del norte de Centroamérica, donde se origina la mayoría de los migrantes, de tal forma que disminuyan la presión por migrar hacia Estados Unidos. Estas medidas están dispuestas en la denominada “Estrategia Integral para América Central” que cuenta con un presupuesto de cuatro mil millones de dólares.
Según el CELAG, en su escrito “La Doctrina Biden en Centroamérica” (Nery Chaves García, Tamara Lajtman y Mariela Pinza, febrero 2021) estos fondos son “obtenidos por fondos del Homeland Security e inversión del sector privado, así como mayor participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de infraestructura e IED (Inversión Extranjera Directa) en la región”. Esta cantidad es mucho mayor que los US 750 millones aprobados por la administración Obama en 2015 y será una continuación de la política de la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, aprobada por Biden en 2014 cuando fue vicepresidente durante esa administración.
Cualquiera pensaría que la benevolencia es la guía de esta política, pero no es así. En primer lugar es el producto obligado de la presión de la sociedad norteamericana que reacciono frente a los encierros masivos de niños y niñas practicados desde la era Obama (el gobierno que más latinos deporto en los últimos años); y por otro lado, es previsible que eso recursos sigan el mismo criterio de la Alianza para la Prosperidad, es decir que serán invertidos en fortalecer la agenda neoliberal en Centroamérica; por ejemplo, financiar negocios privados, especialmente extractivos, fortalecer la policía y los sistemas de justicia, financiar a ONGs supuestamente para prevenir la violencia y generar fuentes de empleo. Que no funciona este esquema lo muestra el hecho de que el plan de la Alianza para la Prosperidad no impacto en la pobreza de nuestros países ni impidió las migraciones masivas; más bien estas se incrementaron con las llamadas “caravanas migrantes” a partir de 2018.
La razón de su infuncionalidad es doble: por un lado, este tipo de iniciativas no atacan las causas de raíz de la pobreza, la violencia y la corrupción, que consiste en las desigualdades sociales y privilegios que genera la terrible concentración de la riqueza de una oligarquía que, contradictoriamente, es aliada de Washington; y por otro lado, porque el descontento social no se reduce solo a variables económicas, sino que en países como Honduras se ha llegado a un nivel tan extremo de hartazgo y desesperanza política con el régimen actual, que hasta sectores de clase media quieren huir del país, a causa de un régimen despótico y super corrupto que los mismos Estados Unidos han sostenido en el poder.
EL CERCO SOBRE LOS GOBIERNOS DEL TRIANGULO NORTE
En cuanto al tema del control político, Biden tiene frente a si a dos gobiernos que en la última década han sido influenciados por organizaciones criminales transnacionales, como ocurre con el gobierno de Alejandro Giammatei en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras. También han sonado las alarmas por la elevada concentración de poder alcanzada por Nayib Bukele como resultado de las recientes elecciones legislativas en El Salvador.
Sin embargo, no vaya a creerse que la preocupación de Washington en este tema es la democracia o el bienestar de nuestros pueblos. Para nada. Se trata de un asunto meramente de control geopolítico del llamado “Triángulo Norte centroamericano”. La creación de este concepto, incompatible con nuestro concepto de una sola Centroamérica, obedece a una estrategia divisionista de la región, según la cual Guatemala, Honduras y El Salvador serian un traspatio seguro bajo su control total; mientras que, un poco más al sur, Nicaragua representa la puerta de entrada de sus competidores rusos y chinos, quienes desde 2014 han dado avances importantes en materia económica y militar en ese país. Adicional a esto, no olvidemos que Honduras es una pieza clave para su posicionamiento estratégico militar en Mesoamérica con su base en Palmerola.
Pero ¿por qué tanto interés por reafirmar su hegemonía en esta región? ¿Acaso no la tenía ya? Una respuesta corta es “la tiene, pero por momentos la pierde y vuelve a recuperarla”.
En la última década los gobiernos de estos tres países, si bien en general han tenido una trayectoria histórica de sumisión al imperio, en la última década (especialmente después de la crisis capitalista mundial de 2008) han dado muestras de “desalinearse” como resultado de las presiones de la economía mundial que los obliga a buscar fuentes de financiamiento distintas a Estados Unidos, siendo el otro motivo el acceso del crimen organizado transnacional al poder. Veamos los casos:
Guatemala:
El corrupto gobierno guatemalteco de Otto Pérez Molina, intento desmarcarse de la política antidrogas norteamericana al promover en 2012 una cumbre presidencial en Centroamérica que abogaría por la despenalización de las drogas, la cual fue boicoteada por Estados Unidos. Desde entonces las relaciones se deterioraron al grado que, al cabo de tres años, le costó la presidencia y la cárcel tanto a Pérez Molina como a su vice presidenta Roxana Baldetti en 2015, envueltos en actos de corrupción, investigados por la CICIG con apoyo de los gringos. Luego, Jimmy Morales, el nuevo mandatario, se lucio como otro funcionario corrupto y autoritario que llego a ser objeto de una nueva investigación por parte de la CICIG, lo que motivo que el gobierno no renovara su mandato a partir de 2018.
Su sucesor Alejandro Giammatei, proviene del mismo grupo de empresarios y militares corruptos que apoyaron a Jimmy Morales. Este no ha invitado de nuevo a la CICIG y la razón es obvia: los escándalos de corrupción comienzan a carcomer su recién instalado gobierno. De hecho, están acusados familiares de diputadas de un partido que forma parte de la coalición que llevo al poder a Giammatei (UCN, fundado por un convicto narcotraficante preso en Estados Unidos). Asimismo, diputados leales al mandatario socaban la Corte de Constitucionalidad, que intenta sanear el poder judicial de jueces corruptos. Sí bien las relaciones con Washington no son críticas todavía comienza a notarse cierta tensión; varios funcionarios y legisladores estadounidenses han expresado en las últimas semanas y meses su interés por la elección de cortes imparciales para Guatemala, considerado por informes de organismos internacionales como una de las naciones más corruptas del continente. La preocupación llego al grado de que Biden en persona hizo una llamada telefónica recordándole a Giammatei su compromiso de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción (Swiss.info.ch, 5 de marzo 2021).
El Salvador;
Aunque las relaciones de El Salvador con la República Popular China fueron establecidas desde 2018 cuando gobernaba el FMLN (rompiéndolas con Taiwán, un aliado de Estados Unidos), fue durante la administración del recién estrenado Nayib Bukele, un político de centro derecha, que en diciembre de 2019 firmó el más importante acuerdo comercial con la República Popular China y no bastando con eso, visito ese país. Que no le cae en gracia esa relación a Estados Unidos, lo expresa constantemente su embajada en El Salvador para quienes la presencia china en ese país es una “provocación” (Diario El Mundo, 30 octubre 2020). Es significativo que meses después de que el FMLN estableció esas relaciones con el país asiático, la OEA organizo una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la que ahora le contara las costillas a la administración de Bukele. Hoy día, tras su aplastante triunfo electoral de 2021, que le permite tener el control absoluto del Estado, son frecuentes los mensajes de congresistas norteamericanos haciendo críticas a las acciones más represivas o abusivas del mandatario, como el ingreso de tropas de la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa en 2020 o el asesinato de militantes del FMLN. Es sintomático que en febrero de este año ningún funcionario de Biden accedió a reunirse con Bukele cuando este visito Estados Unidos para intentar mejorar las relaciones. El deterioro de esa relación es evidente.
Honduras:
Pero donde las cosas están calientes es en Honduras. Durante la presidencia de Pepe Lobo y después de JOH, el gobierno hondureño tuvo un momento de “disidencia” con Washington cuando se estableció una Embajada hondureña en Cuba y Rusia, tuvo acercamientos con países de América del Sur (Brasil, Ecuador) en aquel entonces satanizados por los norteamericanos, participo en la cumbre que dio nacimiento a la CELAC (organismo regional alternativo la OEA), y estableció un convenio de seguridad con la Federación Rusa, entre otras decisiones polémicas con Washington.
Estas actitudes de indisciplina respecto a la política exterior norteamericana no se deben a que estos gobiernos sean “blancas palomas” o “progresistas”, sino a dos razones muy distintas; a que el imperio ha visto debilitado su hegemonía en todas las regiones del planeta, incluida Centroamérica, debido al debilitamiento económico que le produjo las crisis financiera del capitalismo mundial en 2008; y también porque la camada de narcos y corruptos que recién se establecieron en estos, por lo menos en el caso de Honduras y Guatemala, o la nueva burguesía que emerge en El Salvador, han buscado diversificar sus relaciones internacionales para no depender excesivamente de las regulaciones norteamericanas antidrogas y de sus fuentes financieras; osadía que el imperio no está dispuesto a permitir.
Como resultado, fue sacado del poder Otto Pérez Molina en 2015, como vimos, y JOH recibió un remesón ese mismo año con el “movimiento de las antorchas”, un movimiento legítimo que luego fue desnaturalizado por la OEA para introducir la MACCIH en Honduras, mecanismo que se convirtió en un instrumento de escrutinio de los norteamericanos a instancia de la OEA.
No obstante, el movimiento maestro que los gringos han privilegiado en el caso de Honduras son los juicios que desarrolla en la Corte del Distrito Sur de New York, a donde van a desfilar empresarios, capos y funcionarios ligados al narcotráfico afines a JOH. Estos juicios, si bien tienen como meta inmediata acusar a los capos y funcionarios secundarios que les ayudan, al largo plazo tienen la dedicatoria de sumar evidencias para darle finalmente un golpe mortal a JOH, cuando necesiten hacerlo.
Con estos dos mecanismos de control el imperio logro poner a “mecate corto” a JOH y, como resultado, este se realineo a la política exterior norteamericana, haciendo todo lo que al gobierno norteamericano se le antoja… por lo menos hasta marzo de este año. En ese sentido, ambos mecanismos han funcionado como instrumentos de chantaje político contra el régimen hondureño.
TRUMP AFLOJA Y BIDEN APRIETA DE NUEVO
Sin embargo, la administración de Donald Trump hizo un temporal levantamiento de esta presión, al menos por parte del Poder Ejecutivo gringo, desde el año 2016 hasta el 2020. Por eso, a diferencia del caso del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que fue sacado durante la administración de Obama, en el caso hondureño Trump no se propuso sacar a JOH del gobierno, teniendo la oportunidad en el proceso electoral de 2017, sino que opto por mantenerlo y exprimirlo, porque este aún tenía tareas pendientes que realizar; tareas que difícilmente un gobierno de la Alianza de Oposición aceptaría o garantizaría, como la aprobación del Convenio con el FMI, el Tratado sobre el Tercer país más Seguro, el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, entre otros. Por ese motivo, el pacto entre JOH y Almagro, durante la era Trump, fue que aquel colaboraría entregando a sus compinches que le fueran solicitados, pero que personalmente no sería tocado por las investigaciones, según lo denuncio el destituido Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor (despedido por atreverse a investigarlo).
El debilitamiento de esta presión en tiempo de Trump llevo a que los corruptos volvieron a tener una influencia decisiva en el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales (que expulso al CICIG) y de su sucesor Giammatei; y en Honduras JOH también se dio el lujo de expulsar la MACCIH meses después de que la Representante de Negocios en Honduras, Heide Fulton, bendijera su ilegal reelección en las instalaciones del entonces Tribunal Supremo Electoral. Eso le dio alas a JOH y su grupo para que, durante la pandemia, robara a más no poder de las arcas del Estado y continuara con sus negocios del narcotráfico.
Sin embargo, en noviembre 2020 Trump cayó y, con el regreso de los demócratas, la presión viene ahora más dura. Para operativizar este segundo objetivo, Biden ha nombrado a Norma Torres, como la fuerte funcionaria encargada de depurar y someter a estos gobiernos, y por otro lado, ha anunciado la creación de una Comisión Centroamericana contra la corrupción y la impunidad que tendrá un rol aún más incidente que su predecesora, la CICIG guatemalteca, la CICIES salvadoreña y la MACCIH hondureña. De esa forma esperan un alineamiento total de estos y en especial de los gobiernos que los sucederán.
JOH EN ALAS DE CUACARACHA
Como ya lo han dejado entrever las acciones del Senado, del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la primera ofensiva viene sobre el gobierno de JOH en Honduras, debido a que Biden tiene una fuerte presión en EEUU por ser hondureños y hondureñas quienes nutren la mayoría de las caravanas migrantes. Eso explica la movilización que hacen los congresistas y senadores para incluir a los funcionarios hondureños en la lista de corruptos a los que se les aplicara la Ley Magnisky; y también motiva la iniciativa de la “Ley Sobre Derechos Humanos y Anti-Corrupción de Honduras 2021”. Por otro lado, en las nuevas audiencias de 2021 de la Corte del Distrito Sur de New York se hacen menciones directas de JOH, ya no como conspirador, sino directamente como narcotraficante en el marco del juicio de Geovanni Fuentes. En pocas palabras se prepara la cama para su salida.
En respuesta, el gobierno de JOH no se limitó a hacer un comunicado, sino que tomo otras medidas, las que, desafortunadamente para él, precipitaron los eventos en su contra. Una de sus medidas fue amenazar al gobierno norteamericano través de sus “influencers” de que no seguiría cooperando en el combate contra las drogas, si seguían incluyéndolo en las audiencias de los juicios; algo denunciado por los fiscales de dicha corte. Pero la otra, fue la gota que rebalsó la copa: JOH aceptó la oferta de la Federación Rusa de proveer 4.2 millones de vacunas Sputnik V y la recepción el 4 de marzo de 2021 de las cartas del embajador ruso Alexander Nikolaevich Khokholikov en Casa Presidencial; a sabiendas de que este coqueteo con Putin equivale a traspasar la “línea roja” de lo aceptable para Washington.
Ambos hechos, que según el gobierno norteamericano comprometen su “Seguridad Nacional”, en vista del lugar que ocupa Honduras en la geoestrategia militar norteamericana, precipitaron una respuesta aún más dura de Washington. El tono del Poder Ejecutivo gringo, que hasta ese momento se había mantenido un poco tibio, cambio: cinco días después de la recepción del embajador ruso en Honduras, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, afirmo que “Un líder que no está preparado para luchar contra la corrupción no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con USA”, refiriéndose directamente a JOH. Tan grave se pusieron las cosas que de inmediato JOH convoco al Consejo de Seguridad Nacional a puerta cerrada en el Congreso nacional y la temperatura subió a su máximo nivel.
Con las cosas así, es fácil predecir que estamos ante una virtual ruptura de acuerdos entre JOH y los gringos y puede anticiparse cuál será el final del “Hombre”. En ese contexto cualquier cosa puede suceder, dado que está de por medio otro actor internacional imprevisto; Rusia. Sin embargo, esta ruptura es todavía inminente, pero no se ha producido. Y esto tiene que ver con consideraciones de orden político, que abordaré en la segunda parte de este artículo .
ARRECIARA EL INTERVENCIONISMO
Lo que sí es claro es que la ofensiva gringa no terminara en las presiones judiciales y diplomáticas de corto plazo. Con tanto dinero e intereses geopolíticos de por medio, Biden busca asegurarse que su voluntad y su plata se aplicara donde quiera y no donde quieran los gobiernos actuales y sucesores, para lo cual necesita poner en cintura las fugas de corrupción que están institucionalizadas en estos países, pero también incrementara su influencia sobre la toma de decisiones en estos Estados. De hecho, Biden prevé la creación de una nueva agencia como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con incidencia en el Triángulo Norte y una mayor presencia de los agregados de los departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas centroamericanas (CELAG, febrero 2021).
Lo dicho llevara a incrementar su intervencionismo en los sistemas judiciales, a un mayor protagonismo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre los estados centroamericanos y el reinado de un sequito de ONGs internacionales que prácticamente coparan los principales centros de decisión en estos países, a fin de favorecer las políticas de libre comercio, mayor control de la población, apoyo a la inversión norteamericanas y demás hierbas que nos traerá el llamado “capitalismo reiniciado” post pandemia.
Esto, que puede sonar bien frente a gobiernos corruptos, no lo es tanto frente a gobiernos que los sucedan y que busquen fortalecer la independencia de nuestros países, porque al largo plazo compromete nuestra soberanía nacional, y, como la historia lo demuestra, nada asegura que el imperio no se hará de la vista gorda de sus propios corruptos. Por eso, no es buen negocio depositar las esperanzas de cambio en una potencia extranjera, máxime cuando se trata de aquella que contribuyó históricamente a crear los demonios que nos acechan. Solo cuando nuestros pueblos conquistemos la verdadera independencia y democracia podremos acabar con estas lacras sin comprometer nuestro futuro al largo plazo.
