Tegucigalpa. – A través de videos, expusieron el lamentable accionar del grupo conformado por una cantidad exagerada de agentes policiales y militares fuertemente armados, quienes actuaron de forma violenta y con palos golpearon a algunos de los manifestantes garífunas de Punta Gorda, por defender sus tierras ancestrales.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció que los uniformados capturaron de manera arbitraria a seis compañeras y compañeros garífunas, entre ellas a la integrante de la organización, Melissa Martínez.
La activista hondureña, defensora de los derechos humanos y del ambiente, Miriam Miranda, expuso la violación a los derechos humanos y el etnocidio que están sufriendo los garífunas, al alertar esta mañana la presencia de un fuerte contingente de la Policía Nacional con el propósito de desalojar a la comunidad ancestral de Punta Gorda de sus propias tierras, las cuales pertenecen al pueblo Garífuna desde hace 225 años.
A las denuncias contra esas acciones que violentan a las poblaciones ancestrales, se unió la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, dirigiendo un mensaje a las compañeras y compañeros de la comunidad garífuna de Punta Gorda, Roatán, quienes son víctimas de amenazas por el ejercicio legítimo de la defensa de su territorio ancestral.
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Cabe recordar que, la comunidad Garífuna de Punta Gorda enfrentó un violento desalojo en abril 2011, intervención ejecutada por 60 policías que forzosamente expulsaron del lugar a 12 familias. El desalojo basado en el uso de la fuerza fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.
“Como organización, como pueblo garífuna estamos dispuestos a seguir la lucha, a seguir con la recuperación de nuestras tierras. Es un desalojo injusto, ya que estamos en una tierra que nos pertenece por derecho y por la ancestralidad”, compartió la Red de Defensoras. A su vez, avisaron a la comunidad nacional e internacional estar atentos a los desalojos ejecutados por la Policía.
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CUESTIONAN SILENCIO ANTE DESALOJOS VIOLENTOS
La comunidad Garífuna de Punta Gorda, destacó que las especulaciones territoriales afectan a las comunidades locales, siendo el catastro municipal y el Instituto de la Propiedad (IP) fuente de despojos.
Ofraneh Cuestionó la inexplicable actitud asumida por el gobierno por llamarse al silencio ante los desalojos violentos, mientras proyectos como la Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE) Próspera sigue con el desarrollo de sus obras neocoloniales.
Miranda reprochó que pensaron esas serían escenas que “no volveríamos a ver”, pero una vez más salió a relucir el sistema de justicia hondureño a favor de los intereses oligárquicos, con un Ministerio Público y el Poder Judicial acuerpando las violaciones a derechos humanos realizadas este día contra los garífunas y demás poblaciones ancestrales.
Exigieron el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la adhesión al acuerdo de Escazú.
Es oportuno mencionar que, desde el 8 de octubre de 2015 la Corte-IDH emitió sentencias a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz en la bahía de Tela y Punta Piedra, debido a la violación del derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio ancestral y el derecho a la consulta previa, libre e informada. No obstante, han pasado siete años y el Estado todavía se niega a cumplir con las sentencias.
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Además, la Red Hondureña por Escazú, dijo a Criterio.hn hace algunas semanas que, actualmente se muestra un panorama de mitad a favor y mitad en contra de la adhesión al acuerdo Escazú, habiendo actores internos desconocidos manifestando su rechazo.
Entre las temáticas que estarían retrasando la adhesión al acuerdo Escazú, estaría la Consulta Previa, Libre e Informada y el acceso público a información de contratos de empresas mineras o de producción de energía eléctrica.
Diversas organizaciones de derechos humanos y protectoras de los pueblos ancestrales y del medioambiente, han denunciado la lamentable situación de Roatán, Islas de la Bahía, convertida en el objetivo de personas que se hacen llamar “inversionistas” y de traficantes inmobiliarios en detrimento de los sectores más desposeídos de la isla.
“El crimen organizado aparentemente controla catastro e Instituto de la Propiedad. Mientras tanto, la comunidad de Punta Gorda, la más antigua en la isla de Roatán es amenazada de desalojo”, apuntó el Observatorio Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI).
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Denunciaron que la comunidad de Punta Gorda carezca de reconocimiento jurídico por parte del Estado, ignorando que desde 1797 existe ocupación pacífica originada con arribo del pueblo garífuna al territorio.
