Por: Redacción CRITERIO
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La Ceiba, Atlántida. El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.
Como es de conocimiento público, la inexistencia de vías de comunicación en el municipio de Iriona, obliga a sus habitantes a utilizar la playa como la única vía para movilizarse entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios.
El fatídico asalto con armas automáticas perpetrado por los militares forma parte de la estrategia de militarización que sufren las comunidades Garífunas cercanas a la Moskitia. Las comunidades Garífunas reaccionaron demandando una inmediata desmilitarización, ante los crímenes cometidos por los uniformados y los constates abusos a los derechos humanos que se han venido dando en los últimos meses.
Desafortunadamente el clamor de desmilitarización por parte de las comunidades ha sido tergiversado por algunos funcionarios y militares los que han insinuado de forma mal intencionada un contubernio de nuestro pueblo con el crimen organizado.
Durante las últimas dos décadas Honduras se convirtió en un trampolín para el tráfico de estupefacientes desde los países productores en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. A partir del golpe de Estado del año 2009, Honduras se convirtió en un narco estado, donde existe una fina cutícula entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Es partir de mayo del 2012, cuando Estados Unidos finalmente interviene, y ocurre la masacre de Ahuás, en la que helicópteros de la DEA masacran a siete Miskitos inocentes, percance que hasta la fecha, tanto las autoridades de los Estados Unidos como de Honduras han eludido investigar de forma fehaciente y apegarse a derecho. Casualmente días antes de la masacre el periódico New York Times publicó un artículo intitulado “Lecciones de Irak ayudan a los Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”.
El cambio de enfoque de los Estados Unidos de una cierta permisibilidad al desmantelamiento de las bandas de crimen organizado, conllevó a la represión directa de los pueblos indígenas que habitamos la costa caribe de Mesoamérica. Sin embargo, la represión aplicada a los pueblos no hizo mella alguna al contubernio existente entre crimen organizado y funcionarios estatales.
La putrefacción del aparato judicial causada por la politización, especialmente después del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido por el actual presidente de Honduras, consolidó los espacios adquiridos por el crimen organizado.
La criminalización del pueblo Garífuna emprendida por los militares y funcionarios estatales, no es más que una cortina de humo para ocultar la alianza existente entre alcaldes, jueces y narcos. Las Fuerzas de Seguridad poseen suficiente información sobre quiénes son y cómo actúa el crimen organizado en el país.
Las comunidades Garífunas se han mantenido al margen del lucrativo y espeluznante negocio. Si bien hay algunos Garífunas involucrados, la gran mayoría de nuestro pueblo se mantiene fuera de la esfera de influencia del narcotráfico, y podemos señalar de forma contundente que ejército y policía conocen bien quienes son los involucrados, pero se abstienen de desmantelar las estructuras criminales.
Como hemos repetido de forma frecuente, las comunidades Garífunas son islas de paz en un mar de sangre. La desmilitarización que exigimos no implica en ningún momento contubernio con el narcotráfico, el cual ha afectado a nuestro pueblo a través de la apropiación ilegal de tierras y el control de las municipalidades y juzgados.
La guerra santa contra las drogas emprendidas por los Estados Unidos hace más de cuatro décadas ha fracasado de forma contundente, sirviendo más a los intereses de banqueros y empresarios que se han involucrado en lo que se puede llamar el negocio más lucrativo en el planeta.
Afganistán y Colombia son ejemplos de ese costoso fiasco, y a pesar de encontrarse militarizados y en guerra, las drogas continúan siendo producidas y exportados a los países industrializados. De no cambiar Estados Unidos el enfoque, son las comunidades más pobres las que pagaran el precio de la desacertada política esgrimida desde la época de Richard Nixon.
Uno de las problemáticas más graves que afecta a Honduras además del narcotráfico es la putrefacción y colapso de la policía y la conversión del ejército en fuerza policial, labor que no corresponde con su verdadera misión y da lugar a violaciones a los derechos humanos.
Mientras tanto, las comunidades Garífunas reportan un incremento de la presencia militar en Iriona y un acoso permanente al pueblo Garinagu, que lo podemos relacionar más con una estrategia para impulsar un desplazamiento de la población en aras del experimento neoliberal de las Ciudades Modelo que del control del narcotráfico.
Exigimos además de la desmilitarización, una intervención judicial efectiva para desmantelar las estructuras políticas y económicas de los narcos, así mismo que cese el hostigamiento a los líderes Garífunas, entre ellos al Dr. Luther Castillo, y los testigos de la matanza acontecida en la Barra de Iriona, los que vienen siendo hostigados por las fuerzas militares.
