Tegucigalpa. – La ausencia de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) está en el centro de las problemáticas socioambientales que enfrentan los pueblos originarios, tal es el caso de las comunidades garífunas en Iriona, Colón, y Juan Francisco Bulnes en Gracias Dios, en el nororiente de Honduras.
Durante una asamblea realizada a finales de mayo, más de 189 líderes y lideresas se declararon en reunión permanente ante las problemáticas que enfrentan sus comunidades a causa de prácticas realizadas por la industria extractiva y la falta de congruencia desde el Estado.
Las comunidades señalaron las inconsistencias estatales tras declarar la protección de 12 millas náuticas a lo largo de la costa norte, a la vez que pende el riesgo de explotación petrolera y minera en estas zonas.
Noticia relacionada: Minería y pesca contrarían declaratoria de Iriona, Limón como sitio de importancia para la vida silvestre
Denunciaron la destrucción de los recursos naturales originados por la empresa minera MAPE y la Asociación de Mineros de Colón (AMC) en sus territorios, así como la contaminación de cuencas y microcuencas que abastecen de agua a las comunidades. De igual forma, ratificaron el no absoluto a la minería, así como la explotación y extracción de todo tipo de minería en Iriona y Juan Francisco Bulnes.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), en su cuenta en Twitter, se recalcó como “inaudito” que la CPLI, tras ser “municipalizada por la narcodictadura”, sea una receta que se continúa aplicando en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a la vez que “se avizora el inicio de la explotación petrolera en el caribe hondureño”.
RESGUARDO DEL AMBIENTE DEBE REALIZARSE RESPETANDO CULTURA E IDENTIDAD DE POBLACIONES
A través de un comunicado declararon que siempre han protegido su territorio y recursos naturales, por lo que no están en contra del resguardo de los mismos, pero estos deben realizarse “bajo la tradición cultural e identidad del pueblo garífuna y la relación ancestral que mantienen las comunidades garífunas con el mar”.
Lea también: Propuesta 30X30, un grave riesgo para los derechos de los pueblos indígenas
Ejemplifican este extremo mediante la declaratoria de Iriona como sitio de importancia de la vida silvestre sin que este fuera precedido de un proceso de consulta previa, libre e informada con las los habitantes de las comunidades, y sin que estos “conozcan las experiencias de los beneficios y de los daños que en otras comunidades han provocado este tipo de declaración de áreas protegidas”.
Esta manifestación refiere a la participación de fundaciones y fuerzas militares que manejan estas áreas protegidas en detrimento de la población ancestral y su forma de vida comunitaria, como se denunció en septiembre de 2021 que ocurre en el Cayo Menor, bajo el resguardo de la Fundación Cayos Cochinos.
NO SE HA REALIZADO PROCESO DE CONSULTA CON RESPECTO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA
Entre los puntos tratados en el comunicado, manifestaron que “no se ha llevado a cabo ningún proceso de consulta con las comunidades garífunas de la Moskitia sobre la exploración o explotación de petróleo en esta región”.
Conozca más: Exploración petrolera en La Mosquitia, ¿leyenda o realidad?
Agregaron que cualquier proceso de consulta previa, libre e informada debe ser desarrollado con las comunidades garífunas tanto de la Mosquitia en Gracias a Dios, e Iriona en Colón, así como de toda la costa norte de Honduras, “mismas que estarían directamente afectadas ante un eventual derrame de petróleo.
En 2018, el dirigente de la Ofraneh, Félix Valentín, denunció que el convenio para la exploración y explotación de petróleo con BG Group en el Mar Caribe de Honduras se realizó de forma inconsulta con los pueblos afroindígenas, entre ellos misquitos, garífunas, pech y tawahkas.
RATIFICAN PROPIEDAD COLECTIVA SOBRE SUS TERRITORIOS
Las y los liderazgos reunidos en Punta Piedra el jueves 25 de junio por la convocatoria de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), apuntaron que ratifican sus derechos a la propiedad colectiva sobre sus territorios, “los cuales son inalienables (no se pueden fragmentar), inembargables e imprescriptibles (siempre seguirán siendo nuestros)”. Asimismo, señalaron no estar dispuestos a negociar sus territorios.
“El Territorio no se vende ni se compra. Denunciamos la ocupación ilegal por terceros del territorio de las comunidades Garífunas de Iriona y Bulnes, y demandamos el cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH a favor de la comunidad de Punta Piedra; asimismo, nos solidarizamos con la lucha de las comunidades de Nueva Armenia, Cayos Cochinos, Travesía, Triunfo de la Cruz y San Juan”, expusieron.
Lea también: Cuatro factores que están acelerando la desertización del litoral Atlántico en Honduras
De igual forma, declararon emergencia ante la “grave falta de agua para consumo y agricultura en las 13 comunidades garífunas de esta región”, y acordaron instalar un equipo de trabajo comunitario para inspeccionar cada una de las represas y fuentes de agua en las comunidades.
