Ante la falta de restitución territorial, Ofraneh crea un comité, Ofraneh crea un comité para exigir la ejecución de cuatro fallos internacionales que responsabilizan al Estado por violaciones a derechos.
Tegucigalpa, Honduras. – Con el propósito de exigir el cumplimiento efectivo de cuatro fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y poner un alto a las violaciones sistemáticas y continuas en su territorio, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) anunció la creación del Comité de Cumplimiento de la Sentencias del Pueblo Garífuna.
A través de un comunicado, la organización señaló que las sentencias de 2015 a favor de las comunidades de Punta Piedra en Iriona, Colón, y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, acumulan más de diez años de incumplimiento de las medidas de reparación, que incluyen restitución territorial.
A estos dos fallos se suman la sentencia de 2023 a favor de la comunidad de San Juan en Tela, Atlántida, y la de 2026 en beneficio de Cayos Cochinos en Roatán, Islas de la Bahía. En todos los casos se responsabiliza al Estado de Honduras por vulneraciones a los derechos territoriales del pueblo garífuna, entre otras violaciones.
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Sobre los casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, Rony Castillo, defensor garífuna e integrante de la Ofraneh, dijo a Criterio que están por cumplirse 11 años de la notificación de ambas sentencias sin que hasta la fecha se restituya el territorio como lo manda la medida de reparación emitida.
“Hemos decidido no seguir esperando a que el gobierno reaccione, sino que vamos a generar nuestras propias estrategias de cumplimiento desde las comunidades en la colectividad”, afirmó.
Castillo atribuye el incumplimiento a una combinación de factores estructurales, entre ellos la impunidad, la falta de voluntad política en todas las instituciones del Estado y la ausencia de acciones contra empresarios y particulares que ocupan territorios garífunas.
A esto se suma, dijo, el racismo y el “desprecio a las comunidades negras”, la articulación de grupos de poder y los conflictos de interés dentro del propio estado, donde funcionarios actúan también como empresarios. Según Castillo, estos elementos, junto con la presencia del crimen organizado y los intereses económicos en juego, impiden avanzar en la restitución territorial ordenada por la Corte IDH.
Al ser consultado sobre el discurso de “seguridad jurídica” que suele esgrimir el sector privado en los conflictos territoriales, Castillo afirmó que esta narrativa invisibiliza la violación previa de los derechos territoriales de las comunidades y responde a intereses de grupos de poder que inciden en el discurso público.
La falta de cumplimiento, advirtió la Ofraneh en su comunicado, convierte al Estado de Honduras en “responsable directo de la continuidad de [la] violencia” que ha derivado en asesinatos, persecución, amenazas, criminalización y ataques constantes contra personas defensoras del territorio.
En el comunicado, las comunidades también cuestionaron el rol de organizaciones e instituciones –como RARE, Ayuda en Acción, PNUD, Instituto de Conservación Forestal (ICF), Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y municipalidades– a las que acusan de intervenir en los territorios con proyectos que, lejos de fortalecer los derechos colectivos, desvían la exigencia de cumplimiento de las sentencias y contribuyen a la fragmentación comunitaria.
El comité se conformó en el marco de la asamblea organizada por la Ofraneh entre el 25 al 28 de marzo en Vallecito, Iriona, Colón, y aglutina principalmente a las comunidades que tienen sentencias emitidas por la Corte IDH, entre otras.
Además de exigir el cumplimiento de las reparaciones emitidas en los fallos, el Comité dará seguimiento a casos de comunidades como la Travesía en Puerto Cortés, así como a la garantizaía de no repetición de violaciones en otras comunidades garífunas, como Bahía de Trujillo en Colón, y Punta Gorda en José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
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