Tegucigalpa.- La instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) continúa en entredicho con las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien manifestó que el decreto de ley que otorga facultades a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) crea las condiciones para luchar contra el flagelo, aunque no se instaure el ente.
El titular del Legislativo dejó a entrever que, en caso que no se instale la CICIH, la normativa a favor de la UFERCO le permite enfrentar las estructuras de corrupción que convirtieron a la nación centroamericana en el cuarto país más corrupto de América, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
“Este decreto es sumamente importante porque si viene la CICIH o no viene, nosotros ya creamos el marco jurídico y ya le dimos dientes a esta unidad de la UFERCO para que sean ellos los que empiecen a actuar. Ya cuando venga la CICIH talvez ya no haya casos porque la UFERCO va a actuar para combatir la corrupción”, afirmó.
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La normativa faculta a la unidad anticorrupción adscrita al Ministerio Público presentar requerimientos fiscales contra implicados en casos de corrupción significativa sin requerir de la aprobación del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla o cualquier otra autoridad de la fiscalía.
Además, incrementa su presupuesto en un 10% de lo que se asigna anualmente y le faculta solicitar o secuestrar documentación de instituciones públicos o privadas sin la orden de un juez, entre otras acciones.
Según Redondo, “hay maniobras que se han hecho que evidencian que ha habido una mala intención para poder limitar la acción de la acusación y la investigación de la UFERCO”, por lo cual se aprobó el decreto que confiere un estatus especial hasta que asuma un nuevo fiscal general y adjunto.
Durante su campaña política y luego de asumir la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, prometió la instalación de una comisión internacional que investigue la corrupción como la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este mes una comisión exploratoria de Naciones Unidas llegó al país para conocer la situación de corrupción que atraviesa la nación y sentar las bases que permitan la instalación de la CICIH debiendo presentar un informe al secretario general, Antonio Guterres.
El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, alabó que la UFERCO haya sido fortalecida factor que considera marca los inicios para la instauración de la CICIH.
“Con la eliminación de las ataduras que impedían la actuación de UFERCO, el Congreso inaugura una nueva y auténtica etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad, allanando el camino para el establecimiento de la CICIH”, expresó.
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Contrario, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a través de su coordinador, Kenneth Madrid, que es de la postura que la normativa a favor de la UFERCO entre otras leyes podrían impedir la instalación de la misión internacional.
“La CICIH no puede venir al país con esa cantidad de leyes que obstaculizan la persecución penal pública, el parlamento hondureño tiene que derogar todas esas leyes que promulgaron en años anteriores incluida la amnistía que se aprobó en el actual Congreso”, amplió.
Misma valoración tiene el jefe de bancada del conservador Partido Nacional, Tomás Zambrano, al calificar como “una dictadura” la alianza política que mantiene el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) por lo que augura no se instalará la CICIH.
“Los de la dictadura de Libre y su alianza saben que la ONU no apoyará una CICIH sin antes derogar el pacto de impunidad por eso ya anuncian que no ocupan la CICIH y de manera ilegal nombran paralela en el Ministerio Público para seguir y silenciar a todos sus opositores”, dijo.
Sin embargo, la vicepresidenta del Congreso, Fátima Mena, desmiente las posturas anteriores y asegura que la intención es fortalecer la lucha contra la corrupción que pretende entorpecer el Partido Nacional.
“Lo que hemos aprobado es una ley que viene a fortalecer la lucha contra la corrupción ante el evidente maltrato que está recibiendo la UFERCO que la quieren ahogar. Nosotros le estamos dando el mismo nivel que tienen otras fiscalías”, sostuvo.
Mena indicó que se contempla aprobar la Ley de Colaboración Eficaz que no se aprobó pese a ser una exigencia de la MACCIH, además prometió que se derogarán las demás leyes anticorrupción.
“Estamos cumpliendo el compromiso de luchar contra la corrupción, urgimos la pronta instalación de una CICIH y que tengamos un andamiaje claro de cómo va a funcionar este mecanismo”, añadió.
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A juicio del abogado German Licona, fortalecer la UFERCO responde a una intención clara que en caso de no concretarse la instalación de la CICIH la lucha anticorrupción no dependa de un entre internacional, por el contrario.
“Nosotros estamos ávidos que haya una justicia plena en el país y si este decreto que le da fortaleza a la UFERCO se materializa y le asignan el presupuesto y recurso humano necesario los días de los corruptos están contados. Hay un compromiso que si no viene la CICIH se está ordenando la persecución penal y esperamos que los resultados sean efectivos cortando las redes de corrupción que tanto daño ha causado al país”, declaró.
A juicio del economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, la permanencia de la UFERCO debe ser activa más allá del nombramiento de un nuevo fiscal para convertirse en “la punta de lanza” de la CICIH.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugará un papel fundamental en el combate a la corrupción debido que se presentaron varios recursos de inconstitucionalidad contra las atribuciones otorgadas a la UFERCO, de declarar la ley inconstitucional podría sentar un precedente negativo con la intención de querer instaurar una CICIH independiente.
