En el Congreso de la República no hay interés por eliminar la asignación de fondos públicos a los diputados para supuestos proyectos de desarrollo local
Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que históricamente han servido como una herramienta de proselitismo político anticipado y, peor aún, como una vía de corrupción, los Fondos Departamentales buscan ser reactivados, ahora bajo el nombre de Fondos Sociales Comunitarios.
El coordinador de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, asegura que, lejos de servir como un canal de desarrollo para las comunidades, este tipo de recursos alientan prácticas poco transparentes.
“Por años hemos hecho estudios sobre la efectividad de estos fondos y los manejos, nuestra experiencia nos dice que esto termina siendo utilizado para proselitismo político anticipado y, peor aún, drenados para corrupción”, explicó a Criterio.hn, recalcando la importancia de solicitar al Congreso de la República que no los reactive.
Aunque la Constitución de la República establece que las diputadas y los diputados tienen como propósito la formulación, discusión y aprobación de leyes, durante las últimas décadas ha existido un proceso de degradación de sus funciones, entre ellas, la facultad de administrar fondos públicos y ejecutar proyectos comunitarios.
Desde que los Fondos Departamentales se crearon en 2006, con la supuesta intención de llevar proyectos de desarrollo a las comunidades, algunos legisladores han hecho uso de esos recursos económicos como una fuente de financiamiento de campañas políticas y de oenegés de fachada.
LAS OENEGÉS FANTASMAS
Así lo evidenció la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), el 11 de diciembre de 2017, cuando presentaron conjuntamente el Caso Red de Diputados.
En esa ocasión, se expuso que cinco diputados utilizaron 8.3 millones de lempiras procedentes del Congreso de la República y los destinaron a la oenegé Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch), sin determinarse cuál había sido el paradero de esos fondos. El caso, que involucró a cuatro legisladores de Libertad y Refundación (Libre) y a uno de Democracia Cristiana (DC), fue reactivado el 15 de marzo de 2022.
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La práctica ha sido una constante entre los diputados hondureños. El 1 de septiembre de 2022, una juez dictó sobreseimiento definitivo para cinco diputados y exdiputados del Partido Nacional, quienes crearon dos oenegés y drenaron cerca de 19 millones de lempiras. Sin embargo, la aplicación del decreto 116-2019, impidió que estos legisladores fueran enviados a prisión.
EL PACTO DE IMPUNIDAD
El decreto 116-2019, justamente, blindó a los diputados y a las diputadas, permitiendo que el rastreo de los fondos, en las investigaciones del Ministerio Público, fuera más complejo, específicamente, porque se debe esperar a una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para determinar si existe un indicio de responsabilidad penal.
La derogación del decreto 116-2019 ha sido un clamor popular, sin embargo, durante esta legislatura -al igual que en las anteriores- ha existido renuencia a eliminar esa nociva ley, porque son varios los diputados y los exdiputados que se verían afectados. Antes de que desapareciera la Maccih, su jefe, el exministro de Justicia peruano, Juan Jiménez Mayor, aseguró que el desvío de fondos del Congreso de la República podría salpicar a centenares de congresistas y excongresistas.
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Ese decreto, al igual que el 57-2020 y el 93-2021, constituyen pactos de impunidad según analistas consultados por Criterio.hn. Además de ello, con miras a la instalación de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, podrían representar un enorme obstáculo.
FONDOS DEPARTAMENTALES CON OTRO NOMBRE
El 1 de noviembre de 2022, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, manifestó que existe la intención de ahora sí derogar el decreto 116-2019, pero, aun así, mantendrán a los diputados ejecutando proyectos y administrando fondos públicos. Se eliminarán los fondos departamentales y se crearán los fondos sociales comunitarios, una situación que ha generado reacciones negativas.
