Por: Javier Suazo
Los impactos negativos del Covid-19 en las economías de países latinoamericanos, han sido y son múltiples y variados. En el sector real, el más evidente ha sido la reducción de las áreas de siembra de cultivos y la caída de la producción de granos básicos, hortalizas y oferta exportable, sumado a una contracción de la demanda de importaciones de alimentos, también de bienes de capital, insumos y bienes de consumo. Estas realidades, sumado al cierre de empresas y el confinamiento del comercio mayormente no formal, afectó los niveles de empleo y pobreza; esperando los gobiernos una recuperación lenta.
El año 2020, fue un año de una fuerte contracción de las economías latinoamericanas. De acuerdo a CEPAL, la tasa de crecimiento del PIB de la región latinoamericana cayó en -7.3% y el per cápita en -8.5%, el desbalance fiscal representó 7.2%/PIB y la balanza de cuenta corriente observó un saldo positivo de 4,427.2 millones de dólares (caída de la demanda de importación y oferta exportable), con un aumento de la deuda pública de más de 19,600 millones de dólares. Este aumento que, sumado al aumento de las remesas familiares explica en gran parte el crecimiento positivo del PIB en 2021, pero el sobrendeudamiento externo constituye uno de los principales focos de inestabilidad financiera en la actualidad, cuando ya se piensa en la normalidad.
A ello se sumó en 2022, los impactos negativos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que reduce los volúmenes de producción y comercio de trigo, maíz, cebada y aceite de girasol, por ser ambos países los que contribuyen a proveer gran parte de la demanda de estos productos en los mercados mundiales; igual, el encarecimiento del petróleo y derivados, los fletes e insumos orientados para producir alimentos en gran parte de los países latinoamericanos.
En el caso de la región centroamericana se agrega otro foco de inestabilidad de tipo político, donde Daniel Ortega y la “Chayo” en Nicaragua han sido cuestionados por ser “antidemocráticos” al pretender quedarse en el poder sin cumplir con lo que dicta el manual liberal, o sea practicar elecciones libres y transparentes respetando la oposición política y los resultados electorales. En el Salvador, Naif Bukele, ganó la presidencia con dichas reglas, pero se cuestiona su acercamiento con China, el enemigo a vencer por EEUU en temas de comercio y tecnología. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei ha sido cuestionado por actos de corrupción, aunque todavía goza del apoyo del gobierno de EEUU.
En Honduras, las baterías están enfiladas contra la presidenta electa, Xiomara Castro, que ganó las elecciones en forma democrática por más 1.7 millones de votos. Se cuestiona que promueva un modelo socialista democrático, sustentado en la participación popular y políticas menos ortodoxas que las avaladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), caso de la universalidad de la salud y educación, equidad de género, vivienda popular, protección ambiental y reivindicación de derechos humanos cercenados a los ciudadanos, incluyendo derechos económicos y sociales.
Es un gobierno que enfrenta fuertes desequilibrios económicos y financieros, como parte del lastre de doce (12) de gobiernos del partido nacional, pero además ensanchamiento de brechas sociales que ameritan acciones urgentes. El aumento de la deuda pública total (y el pago por su servicio) situada en 19,000 millones de dólares es el principal problema, al que se suma la espiral inflacionaria causada mayormente por aumento de costos por la crisis internacional del petróleo, insumos y alimentos. Y, las brechas o rezagos sociales, donde destaca el retroceso en salud, educación, vivienda popular, producción de alimentos, desempleo, subempleo y pobreza.
También hay evidencia de una crisis de expectativas políticas. La primera es cumplir con las promesas de campaña que implica asignación de más recursos de presupuesto, sin que exista garantía de un impacto positivo en la reducción de estas brechas. La segunda es la demanda de empleo público por militantes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), donde las instituciones enfrentan problemas de recursos.
Pero, la más visible, es la reciente desestabilización de la gestión del gobierno que se promueve no solo por el Partido Nacional y prensa mediática, sino también por grupos de poder y actores gremiales y sociales que esperan que el gobierno les cumpla con sus demandas sin considerar el momento de crisis e inestabilidad económica y social que enfrenta el país. Se demanda aumento de tarifas de transporte, tierras, eliminación de impuestos, calles nuevas, empleos públicos, ajustes de salarios y recursos financieros; igual se demanda el despido de funcionarios públicos que no cumplen -en el tiempo requerido- con las demandas.
Se ha estilada por gobiernos de derecha, e incluso algunos de izquierda de colores, que el único “salvador” que existe y puede solucionar la crisis financiera y colaterales, es el FMI, por ser el “gendarme” de la banca internacional (privada y multilateral), del grupo de los países de mayor desarrollo y los grupos de poder externos e internos. Además del acceso a recursos de la banca multilateral y privada en mejores condiciones que las actuales, se introducen condicionalidades/metas que el gobierno debe cumplir como la reducción del déficit fiscal, el control del endeudamiento público, reducción de la inflación, mayor crecimiento del PIB, flexibilidad cambiaria, control de agregados monetarios y aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM), con un Banco Central más independiente de las decisiones políticas.
A dos (2) meses de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, una misión del FMI visitó el país entre el 27 y 29 de abril. En el comunicado divulgado la Misión compartió el diagnóstico presentado por las autoridades de gobierno, referido a la necesidad de proteger a la población más vulnerable y en situación de pobreza, combatir la migración hacia EEUU, mejorar la gestión pública, institucionalidad, trasparencia y las inversiones. Lo cual fue visto por ambas partes, como una primera aproximación para sentar las bases de un convenio futuro.
De acuerdo al comunicado, “el crecimiento económico en Honduras alcanzó el 12.5 por ciento en 2021, impulsado por fuertes remesas, que respaldaron el consumo privado, y la sólida demanda externa impulsada por la recuperación de EEUU. Después de permanecer dentro del rango de referencia del banco central de entre el 3 y el 5 por ciento durante la mayor parte de 2021, la inflación superó la banda superior en diciembre y se acercó al 7 por ciento interanual a finales de marzo, reflejando en gran medida factores del lado de la oferta, así como algunas presiones de la demanda derivadas de las sólidas remesas y el aumento del gasto público”[1].
El Covid-19, ETA IOTA, aumentaron la vulnerabilidad, pobreza y la migración, pero también se disparó la inflación por el conflicto Rusia-Ucrania, cuya reducción es uno de los objetivos de política buscado con los convenios de préstamo, al ser también la primera prioridad de la política monetaria del Banco Central.
Otra reunión con el FMI se sostuvo en Washington, encabezada por la ministra de SEFIN, Ricci Moncada, para explicar las medidas tomadas en temas económicos, supuestamente mal vistas por el Imperio y los empresarios locales que se pusieron nerviosos por la “derogación” (falta su ratificación) de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), distorsionadas en el gobierno del JOH si se comparan con la propuesta del premio nobel de economía Paul Romer; y las reformas a la Ley Energética , donde ya no hay partición de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), uno de las medidas de política avaladas por el FMI en el gobierno de JOH. Se suma la eventual eliminación (llámese regulación) de las exoneraciones fiscales que suman más de 37 mil millones de lempiras al año, pudiendo servir para ayudar a los que NO tienen para comer.
Recién concluyó otra visita de personeros del FMI a Honduras (del 20 al 24 de junio de 2022). En conferencia de prensa, la jefe de Misión, Señora Wong, destacó que las prioridades son: reducir la pobreza (¿desde cuándo?, proteger y salvar a los descamisados y pepenadores (vulnerables), combatir a los corruptos en desbandada hacia Nicaragua (Dicen las malas lenguas que la Chayo cobra un millón de entrada), y una mejor gestión fiscal (despedir empleados públicos, privatizar y reducir el gasto de inversión pública),
Una recomendación, derivado de otras experiencias latinoamericanas tenida en mente, es aquella que dice: Mejor con el FMI que contra él. Otra, la dijo “Lucho” Arce, presidente de Bolivia, “señores del FMI estamos bien no ocupamos sus préstamos y recetas por los momentos”. Es gradualismo en política económica, o sea medidas de política que pueden tomar un tiempo, lo implica un proceso de ajuste económico calibrado en cuanto a las medidas de política a ejecutar
A nuestro entender el FMI quiere el convenio con Honduras antes de diciembre, igual como sucedió al final del primer año de gobierno de “Pepe “Lobo. Esta aspiración es compartida por la ministra de SEFIN, Rixi Moncada, impresionada por el lenguaje y amabilidad de funcionarios de dicho organismo. Una lectura contraria es aquella que dice que el FMI no está interesado en la firma de un convenio en 2022, ya que el gobierno ha dado muestran de ir en contra de las leyes aprobadas por JOH, su principal aliado, como ejemplo la no partición de la ENEE. No obstante, ellos saben que es mejor temprano que tarde, en una coyuntura económica inestable, donde el dogma monetario es quizá la única solución para el control de la inflación, aunque aumente el desempleo y la pobreza.
A un interés interno del FMI, o sea que el gobierno de Xiomara Castro pague puntualmente sus deudas, se suma la política del gobierno de EEUU por apoyar al país en temas migratorios, lucha contra el narcotráfico y control militar fronterizo con el Salvador y Nicaragua. Honduras es clave en dicha política, y se mira como la llave de control regional más allá del discurso del gobierno de la vigencia de un modelo Socialista Democrático.
Víctor Meza (QEPD) diría que Honduras es la pieza clave de la política contrainsurgente de EEUU en la región Centroamérica.
Es importe que el gobierno y sus autoridades fiscales y monetarias, definan desde ya las condiciones del eventual convenio, por lo menos lo que no es negociable. EL FMI recomendará la vigencia de un Banco Central más independiente, flexibilidad cambiaria, control de los medios de pago y reducción del gasto público, sumado a la “solución” definitiva del problema de la ENEE, eliminación de exoneraciones fiscales, y protección de la propiedad privada, aunque en el agro se respire un tufo a ociosidad.
Todavía el gobierno no ha conformado e instalado el Sistema Nacional de Planificación Económica y Social, ni las mesas del poder popular, por lo que hay que darle más apoyo a la Secretaría de Planificación Estratégica. Ello debe hacerse antes de la firma del Convenio con el FMI. Este organismo y sus personeros no creen en la planificación ni en eso que llaman poder popular.
Catacamas, Olancho, 26 de junio de 2022
[1] Ver Comunicado del FMI N. 22 /137 del 29 de abril de 2022
