Pese a las evidencias del saqueo de fondos públicos para gastos de campañas y señalamientos del financiamiento procedente del narcotráfico, no existe ningún partido o político que haya sido acusado en los tribunales de justicia.
MP confiesa que tiene en su poder una denuncia contra el Partido Nacional por el supuesto delito de malversación de caudales y fraude derivado del financiamiento de campañas.
Por: Emy Padilla
Gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Jorge Burgos
Tegucigalpa. –Descifrar el origen del financiamiento político en Honduras sigue siendo un duro reto pese a que en los últimos cuatro años se ha creado y aprobado un marco legal e institucional que, hasta el momento, es parte de la incertidumbre que corroe a una sociedad ansiosa por conocer quiénes son los patrocinadores de los hombres y mujeres que toman las decisiones más importantes para el país.
Los desaciertos tienen varios matices, pero al final siguen siendo los mismos obstáculos que evitan que la política se adecente en una época carcomida por la corrupción y la penetración del crimen organizado.
Como ejemplo de los tantos entuertos está la falta de transparencia a raíz de la vigencia en marzo de 2014 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, la que al igual que la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos está siendo argumentada para propiciar la opacidad por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), institución que entró en funcionamiento en septiembre de 2017.
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“Hay un grave problema de acceso ciudadano a la información, la Unidad parece que se supedita a la ley, recordemos que esa ley protege y tiene clasificado como datos secretos la información de las personas donantes y también la cantidad que donan”, dijo Asís Castellanos, investigador del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
El numeral 8 del artículo 35 de la Ley de Financiamiento Político, relativo al acceso de la información, excluye de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública lo concerniente a las aportaciones y a los aportantes.
El Cespad presentó recientemente un informe sobre el papel de la Unidad de Política Limpia en las elecciones generales de 2017 y concluye que tanto las elecciones primarias del 14 de marzo como las generales del 28 de noviembre, tendrán un precario control y supervisión del origen y destino de los fondos con los que se financian las campañas de los aspirantes a cargos de elección popular.
Lo señalado en el informe de Cespad tiene mucho sentido y lo refrendó Oswaldo Zerón, un ciudadano que transitaba por la Plaza Central de Tegucigalpa. Él afirma que no sabe de “dónde agarran el dinero” los políticos, “no sé nada”, insistió mientras levantaba sus brazos en señal de frustración.
La apreciación de Oswaldo cobra fuerza con el silencio de las instituciones del Estado obligadas a dar acompañamiento a la Unidad de Política Limpia y al cumplimiento de la ley, pese a que en reiteradas ocasiones se ha mencionado que las campañas electorales en Honduras han venido siendo financiadas en los últimos años por fondos de procedencia ilícita.
La Ley de Política Limpia, en su artículo tres, enumera como instituciones obligadas a cooperar con la Unidad al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria y Aduanera y a la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las instituciones antes señaladas integran, según la ley, el Sistema de Inteligencia Financiera para el combate al financiamiento de los sujetos obligados mediante dinero incierto de procedencia ilícita o no.
“Aunque puede sonar fuerte esto, pensamos que la Unidad de Política Limpia corre el riesgo de convertirse en un ente producto de una reforma truncada, frustrada y que por tanto solo serviría para legitimar ilegalidades e ilícitos que se comenten en las campañas electorales”, Asís Castellanos, investigador del Cespad.
INFORMACIÓN SIN SOPORTE
En octubre del año pasado la UFTF, integrada por tres comisionados representantes de los tres partidos mayoritarios (Nacional, Libertad y Refundación, Libre, y Liberal), presentó un informe de cierre de las elecciones generales de 2017 que, en 48 páginas, resume los supuestos gastos auditados en los tres niveles electivos, presidencial, diputados y gobiernos municipales.
Asimismo, atribuye a su creación y a la promulgación de la ley una supuesta reducción en los gastos de campaña política en un 60 %, en comparación con las elecciones generales de 2013.
El informe no es concluyente porque no detalla la fuente del financiamiento que es la piedra angular para fiscalizar la procedencia de los fondos con los que los políticos hacen campañas para conquistar el voto de los electores, se fundamentó en cuantificar únicamente los ingresos y egresos, sin proporcionar los detalles de los mismos en su página de transparencia, es decir, contratos, voucher de los cheques, facturas, recibos, registro patrimonial y otros documentos de soporte que den fe de manera fidedigna al resumen presentado mediante el informe.
De acuerdo con el informe, el 100 % de los partidos políticos cumplieron con la obligación de rendir cuentas ante la UFTF mediante la presentación de sus informes financieros.
Pese a la falta de la documentación soporte, el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Rafael Jerez, dice que “lo único que sí hizo bien la Unidad, cuando presenta el informe de rendición de cuentas en octubre, es que deja en evidencia cómo los niveles de competencia son sumamente desiguales, es decir, vimos que Juan Orlando Hernández compitió con Luis Zelaya y Salvador Nasralla, pero el financiamiento que él recibió y que el Partido Nacional recibió casi triplica lo que recibió Luis Zelaya que quedó en segundo lugar en cuanto a financiamiento”.
El documento establece que el presidente Juan Hernández gastó en la campaña de 2017 para reelegirse L266,836,068.08, en cambio sus contendientes, Luis Zelaya, del Partido Liberal L23,439.093.16 y Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, L979,808.88.
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Lo expresado por el asesor jurídico de ASJ recibe un mayor cuestionamiento por parte de la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) Doris Gutiérrez, quien considera que la UFTF no logra dar los resultados que el pueblo hondureño desea porque está politizada. “Son tres representantes de tres partidos, entonces lo que ellos van a hacer ahí es defender los intereses de sus partidos y no lo que el pueblo hondureño espera”.
“Creo que el contraste más claro que evidencia esto es precisamente los casos de corrupción que la MACCIH sí sacó a la luz en las que hay financiamiento ilícito, pero también lo que miramos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es decir, hay financiamiento ilícito por todas partes, en todos los niveles electivos y hasta el momento, parece inaudito, pero de 2017 a la fecha la Unidad no ha impuesto ni una sola sanción”: Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El 31 de mayo de 2017 las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional llegaron a un acuerdo y eligieron a German Espinal, del Partido Libre; Javier Franco, Partido Liberal y Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, quien fue sustituido el 11 de septiembre de 2019 por Alva Rivera, actual coordinadora de la Unidad.
El investigador de Cespad, Asís Castellanos, cree que la falta de efectividad de la UFTR radica en las limitaciones de orden presupuestario, de equipo técnico y de la infraestructura tecnológica e informática. “Nosotros proyectamos que, dadas esas condiciones, el alcance, el impacto que la Unidad podría tener de cara a este ciclo electoral 2021, pensamos que puede ser igual o más grave, mucho más limitado en comparación con el papel que tuvo en el ciclo electoral anterior”.
El presupuesto para el 2021 de la UFTF asciende a apenas L43 millones, una suma limitada para una institución que tiene a sus espaldas una tarea muy ardua. Esta institución cuenta con 42 empleados, incluidos los tres comisionados que devengan un salario mensual de L95,000, según consta en el renglón de salarios publicado en el Portal Único de Transparencia.
La ley manda a la Unidad a integrar un registro de auditores para efectuar las tareas de fiscalización, para realizar auditorías técnicas especializadas con el objeto de verificar los procesos de contribuciones, aportes y gastos en dinero o en especie a los sujetos obligados (partidos políticos y sus candidatos, alianzas entre partidos, movimientos internos y candidaturas independientes), pero solo cuenta con siete auditores con salarios de L25,000 mensuales cada uno. El trabajo es apoyado además por cuatro asesores legales que devengan L30,000.
Para la socióloga del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Leticia Salomón, la instancia “tiene un vicio de entrada, de origen y es el hecho de que está conformada por los representantes de los partidos, ya eso lo pone en guardia a uno y le advierte de la posibilidad de que no van a hacer nada a fondo para garantizarnos a todos nosotros que el ejercicio de la política se va a realizar de forma limpia”.
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NINGUNA INSTITUCIÓN CUMPLE SU ROL
En busca de la transparencia e informar con datos fehacientes que pongan en contexto el origen y la procedencia del financiamiento político, CRITERIO.HN viene efectuado desde septiembre del año pasado un riguroso ejercicio para llegar a la información clave, encontrándose con varios hallazgos que develan no solo el accionar de la UFTF y el impacto de la Ley de Política Limpia, sino el deficiente papel que están ejerciendo varias instituciones del Estado ligadas a la fiscalización.
Como punto de partida se le pidió la UFTF copia de los informes de fiscalización sobre el gasto y financiamiento político de los objetos obligados a partir de enero de 2017. Entendiéndose como sujetos obligados a partidos políticos y sus candidatos, alianzas entre partidos, movimientos internos y candidaturas independientes, sin embargo, no obtuvimos respuesta ni la información solicitada. A tal grado que se recurrió a interponer un recurso de revisión, el cual fue notificado el jueves 4 de marzo y declarado con lugar.
Se solicitó también al Ministerio Público (MP) denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos derivados del financiamiento político durante los dos últimos procesos electorales 2013 y 2017 y denuncias recibidas por parte de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización desde que se creó dicha dependencia a la fecha contra sujetos obligados por negativa de presentación de estados e informes financieros.
En primera instancia el MP no facilitó la información, sin embargo, en respuesta de un recurso de revisión confesó que en la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal se encuentra una denuncia presentada en el año 2014 por la desconocida Comisión Anticorrupción Comunidad Hondureña en el Exterior en contra de todos los partidos políticos de Honduras, por la venta de credenciales, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias y traslado de domicilios irregulares.
Asimismo, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), informó que se encuentra una denuncia contra el Partido Nacional por el supuesto delito de malversación de caudales y fraude.
El Ministerio Público hizo constar también que la Unidad de Política Limpia no ha presentado ninguna denuncia contra sujetos obligados por negativa de presentación de estados e informes financieros.
La respuesta anterior devela que el Ministerio Público no ha cumplido con su función porque no ha actuado de oficio, ni tampoco ha requerido a políticos señalados en drenaje de fondos públicos para el financiamiento de campañas políticas y que, en su momento, fueron presentados por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a través de los casos Pandora, Arca Abierta y Sobre Ruedas.
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En el caso Pandora se acusó directamente a los partidos Nacional, Liberal y Faper de haber participado en el saqueo de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y en el caso Sobre Ruedas se drenaron 11 millones de lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) para el financiamiento de campañas del Partido Nacional.
El Ministerio Público tampoco actuó cuando en junio de 2015 el presidente Juan Hernández confesó que su campaña de 2013 recibió al menos USD 150 mil de empresas que participaron en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Este hecho criminal fue admitido tácitamente por el Partido Nacional cuando, en abril de 2016, devolvió a la Procuraduría General de la República 3 millones 141 mil 625 lempiras, mediante el cheque de caja no negociable número 24599.
La Fiscalía también le ha dado las espaldas a las revelaciones que han hecho varios narcotraficantes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que aseguran haber financiado la campaña política del presidente hondureño, incluyendo al temido Joaquín “El Chapo” Guzmán. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aseveró durante el juicio a su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado por delitos de narcotráfico, que este financió las campañas políticas del Partido Nacional del 2009, 2013 y 2017.
La socióloga del CEDOH, Leticia Salomón, encuentra la respuesta a la inoperatividad del Ministerio Público en lo referente al financiamiento ilícito que involucra al Partido Nacional y en particular al presidente de la República. A juicio de Salomón todo obedece al control de las instituciones por parte del titular del Poder Ejecutivo, quien preside el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de donde se supeditan los poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público.
“Si el Ministerio Público no hace nada, ahí tiene usted una modalidad no solo de ineficiencia sino de subordinación política. Ningún caso se presenta si no es con el visto bueno del fiscal general o el fiscal general adjunto porque tienen compromisos con los investigados”, dice la socióloga.
Otra de las instituciones a las que este medio pidió información fue a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) específicamente sobre denuncias o casos conocidos por esa institución sobre financiamiento político con dinero incierto o de procedencia ilícita durante los dos últimos procesos electorales (elecciones primarias de 2012 y elecciones generales de 2013 y elecciones primarias y generales de 2017).
En respuesta la CNBS estableció que lo solicitado no constituía un requerimiento de información pública con base a la Ley de Acceso a la Información Pública y que “la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no cuenta con ninguna información pública o privada, datos personales, confidenciales documentos o cualquier otro dato que se refieran a la pregunta planteada o que dé respuesta a dicha inquietud” y a la vez aclaró que los reclamos que conoce se derivan de productos o servicios financieros que las instituciones supervisadas ofrecen a los usuarios financieros.
Asimismo, que en la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no está comprendida la atribución o facultad de conocer sobre hechos o situaciones que podrían ser constitutivos de delitos y cuyo conocimiento corresponde a otras entidades del Estado.
En una respuesta anterior a este medio la CNBS aclaró además que no está facultada para establecer condiciones que limiten o interrumpan una relación financiera o comercial o determinar el estatus de una persona natural o jurídica con el sistema financiero nacional y que corresponde a cada institución bancaria definir sus políticas internas y procedimientos adecuados para “la administración de sus riesgos”.
La única participación de la CNBS en el tema es la emisión de la circular CNBS No. 027-2017 que contiene las normas para la apertura, manejo y cancelación de cuentas de depósito diferenciadas en aplicación a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
De su lado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), siempre sobre la existencia de denuncias en su poder, presentadas por la UFTF por negativa de presentación de estados o informes financieros, respondió que en su base de datos no existe ninguna denuncia.
Las respuestas del TSC y del Ministerio Público se contradicen a lo afirmado por el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, quien en una entrevista proporcionada a Cespad dijo a inicios del 2020 que en el proceso de fiscalización se realizaron 90 citaciones a candidatos que no tenían completos sus expedientes. Precisó que, de esa cantidad, 60 terminaron en audiencias de descargo, cuatro fueron remitidos al Ministerio Público y dos al Tribunal Superior de Cuentas.
CRITERIO.HN quiso conocer a fondo la versión de la UFTF, pero sus comisionados se negaron a brindar una entrevista, situación que pone en entredicho su papel porque tampoco proporcionaron la información requerida con base a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Siempre en la búsqueda de la transparencia este medio también consultó al Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la existencia de multas o sanciones aplicadas a sujetos obligados con base a la Ley de Financiamiento Político por no cumplir con los parámetros de publicidad, transparencia y rendición de cuentas sobre información especificada como obligatoria. En ese sentido el IAIP nos informó que cuatro partidos habían sido sancionados.
En el 2016 se sancionó mediante una amonestación por escrito al Partido Unificación Democrática y al Partido Nacional se le impuso una multa de cinco salarios mínimos. Mientras que en el 2018 fueron amonestados por escrito el Partido Libre y nuevamente Unificación Democrática.
LA INEQUIDAD DESDE EL PODER
La Ley de Política Limpia, en su artículo 28, establece la equidad de la pauta televisiva y en el artículo 29 manda al CNE a promover la firma de un convenio para la equidad de la publicidad que incluya la posibilidad que las empresas privadas de medios de comunicación otorguen espacios gratuitos a los partidos políticos. Sin embargo, este convenio se ve opacado con la aplicación de la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, más conocida como Ley de Canje Publicitario, ya que se evidenció una ventaja descomunal a favor del presidente Hernández durante las elecciones de 2017.
“Como está planteado en la ley, manejado directamente por el Poder Ejecutivo con los medios de comunicación, eso es un atentado contra (…), por ejemplo, el principio de pauta publicitaria equitativa que plantea la ley”, dice el investigador de Cespad, Asís Castellanos.
La Ley de Canje Publicitario entró en vigor en junio de 2013 luego de su aprobación en el Congreso Nacional cuando este poder del Estado era presidido por el actual presidente Juan Hernández. Esta normativa permite a los medios de comunicación ser acogidos por un régimen especial [del gobierno], que les permite canjear sus deudas concernientes al pago de impuestos y de servicios públicos y sus obligaciones presentes y futuras por dichos conceptos.
“Este mecanismo de canje, en el que el Presidente dispone de un amplio margen de discrecionalidad para acordar condiciones más o menos ventajosas a los medios, puede condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los mismos”, estableció en su informe final la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MEO-UE) que pidió la derogación de la ley al considerar que es contraria a las normas internacionales.
La MOE-UE apuntó además que al analizar la cobertura de la campaña electoral en los medios de comunicación se evidenció un fuerte desequilibrio entre candidatos a favor del presidente de la República.
La Ley de Política Limpia establece en el artículo 30 la suspensión de la publicidad estatal durante el periodo de propaganda hasta la conclusión de la jornada electoral y suspender las campañas de promoción del gobierno central y gobiernos locales, especialmente la establecida en la Ley de Canje Publicitario, pero se exceptúan las publicaciones relativas a temas de salud, desastres naturales, protección civil y seguridad en casos de emergencia.
En virtud de que el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 el estado de emergencia humanitaria y sanitaria, decretada desde el 15 de marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19, la aplicación de la Ley de Canje Publicitario queda a discrecionalidad del presidente de la República durante la campaña, por lo que el Partido Nacional se ubica nuevamente en ventaja porque el gobierno puede disfrazar de emergencia cualquier publicidad para beneficio de sus candidatos.
CRITERIO.HN te presentará en una próxima edición las perspectivas del financiamiento político de las elecciones primarias del 14 de marzo y las generales del 28 de noviembre.
