Tegucigalpa.- La tinta apenas se secaba, cuando la oficina regional del Ministerio Público en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras, presentó un recurso de apelación al amparo de la Sala de lo Constitucional, que ponía fin a más de tres años de persecución y criminalización contra cinco defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras.
El caso corresponde al primer grupo de defensores del agua que fueron criminalizados, quienes se sometieron al proceso y fueron privados de su libertad por más de doce días. Sus nombres son: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza, y otros.
La abogada Rosa Aquino, quien acompañó a los defensores del área protegida, especificó que el recurso fue entregado el 8 de diciembre de 2022 y no fue hasta este año que se les notificó a las partes para que comparecieran y presentaran la contestación al recurso de apelación.
En junio del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió un amparo que anuló el fallo de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, del tres de marzo de 2020, mediante el cual se revocó el sobreseimiento definitivo de los defensores por la supuesta comisión de los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”.
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De esta forma, como lo plantean desde las redes de Guapinol Resiste: “El MP de Tocoa insiste en la criminalización de los defensores de los ríos y la montaña de Botaderos para favorecer intereses de Inversiones Los Pinares y Lenir Pérez”.
DEFENSORES REACCIONAN A APELACIÓN
Sobre este nuevo proceso en su contra, el defensor y regidor por Tocoa, Leonel George, dijo: “Esto solo demuestra una vez más la criminalización y la persecución que desde el Ministerio Público de Tocoa se realiza en contra de defensores y defensoras, evidenciando que se está protegiendo y que le están haciendo el trabajo a los intereses de la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek, en el caso Guapinol”.
Desde Guapinol Resiste se especificó que el fiscal que presentó el recurso es Héctor Velásquez, del equipo de fiscales denunciados penalmente por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos por “su actuación nefasta e ilegal” en el caso contra los ambientalistas.
El Comité Municipal es una plataforma de organizaciones que luchan por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, frente a la instalación inconsulta de una serie de proyectos mineros por parte de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
En su comparecencia, el presidente de la Junta de Agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez declaró: “no vamos a huir a ningún lado porque tenemos la razón de estar defendiendo el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro. Mandamos el mensaje al Ministerio Público que aquí estamos y no nos vamos, porque no tenemos delito alguno, y estamos aquí dando la cara siempre”.
Esta acción de la Fiscalía de Tocoa, si bien fue realizada el 8 de diciembre de 2022, es informada posterior a los asesinatos de los defensores de Guapinol, Alí Domíguez y Jairo Bonilla, el sábado 7 de enero.
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Alí Domínguez fue criminalizado junto a su hermano Reynaldo Domínguez, ambos estuvieron encarcelados doce días en el Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto, conocido como Penitenciaría de Támara.
El portavoz de la Policía Nacional en Tocoa, Carlos Aguirre, señaló el robo como móvil del crimen. Lo cual fue descartado en primera instancia por los familiares de las víctimas y posteriormente, el 10 de enero, por los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Este colectivo informó mediante una conferencia de prensa, que “los criminales no buscaban dinero, ya que lo tenían las víctimas y [este] fue entregado al propietario de la empresa para la cual trabajaban”, lo que indicaría una hipótesis distinta a la que hizo circular la policía.
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