Tegucigalpa.- El director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, Luis Javier Santos, en entrevista exclusiva a Criterio.hn, denunció que existen amenazas y ataques contra los fiscales anticorrupción sumado a una campaña de desprestigio por sectores ligados a la corrupción.
Santos expuso a Criterio.hn que tras la presentación del caso de corrupción en el que sindica a un diputado y varios exdiputados afines al conservador Partido Nacional, las amenazas y ataques contra la Uferco se ha intensificado, lo que se refleja además en campañas de descrédito incluso el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
“Han hecho de todo lo que han tenido a su alcance para que esa acción no se presentara, han utilizado gente, incluso del actual gobierno, para que impidan que esas acciones se presenten. Han utilizado todo lo que han tenido a su alcance, pero ellos saben que nada va a impedir que se presente una acción cuando una investigación esté terminada”, denunció.
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En las declaraciones del fiscal anticorrupción, señala que los ataques y amenazas han sido preparados con anticipación “encontrando el momento para poder reaccionar si se les presenta una acción”, esto en referencia a que el Colegio de Periodistas emprendió una campaña de intimidación ante el posible enjuiciamiento de 77 periodistas que recibieron dinero del régimen de Juan Orlando Hernández a cambio de “emitir opiniones favorables de su gobierno”.
“Por qué tienen que tener miedo los periodistas, van a tener miedo si han hecho algo”, indicó.
Según Santos, los propios testigos de los casos de corrupción reciben amenazas a muerte por lo que prometió que en su momento revelará los nombres de las personas que han amenazado testigos y fiscales.
“Las amenazas no van a impedir, por ningún motivo, que detengamos una investigación o detengamos una acción ante los tribunales”, aseveró.
Sobre el caso de corrupción del desvió de más de 18 millones del Congreso Nacional por parte de diputados a través del Fondo Departamental, reveló que las amenazas se viene dando desde que se citó a los implicados y se les notificó que estaban siendo objetos de una investigación, en tanto, en el caso de periodistas “tengo conocimiento que desde hace un año han hecho una serie de investigaciones en mi contra”.
Santos advirtió que en caso que algún fiscal o su persona sufra algún atentado, responsabiliza a quienes mantienen una campaña mediática como el Partido Nacional y el Colegio de Periodistas.
Aunque reconoció que los ataques contra fiscales anticorrupción no son exclusivos de Honduras, destacó que tiene temor debido que “cuando ven que no pueden detener a un grupo de fiscales que están llevándolos a los tribunales entonces realizan otro tipo de actos”.
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Recriminó que con el nombramiento de su esposa en una secretaría de Estado emprendieron ataques en su contra y su esposa por asumir un cargo público, sin embargo, aclaró que cualquier acto de corrupción que investigue la Uferco será llevado a los tribunales aunque se vean involucrados sus familiares.
“Cuando se presenta un caso de corrupción, lo mínimo que se espera es que se origine un debate para que actos similares no vuelvan a suceder, pero no sucede así, lo que surge es una serie de persona tratando de deslegitimar a los fiscales y las acciones que se presentan”, cuestionó.
EL MOTIVO CONTRA SANTOS
El pasado 27 de mayo, el Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo, aprobó con rechazo del Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal, conferir un estatus especial a la Uferco que permite librar requerimientos fiscales contra implicados en corrupción sin requerir de la venia del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla o cualquier autoridad del Ministerio Público.
La ley establece que la unidad anticorrupción está facultada para ejercer la acción pública penal de oficio sin que se deba someter su decisión a la aprobación previa de Chinchilla u otra autoridad como estaba limitada a diferencia de las demás fiscalías.
Además, podrá requerir de todas las dependencias estatales o privadas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UFC) de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) a la que el Ministerio Público debe pedir autorización de un juez para acceder a información de investigados, al igual que tiene vía libre al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La institución o dependencia de la cual la Uferco requiera información, documentación o evidencias y tarde en remitirla o se niegue a entregar será sancionada con una multa de 200 salarios mínimos e incurrirán en responsabilidad penal, asimismo podrá presentarse a cualquier institución pública o privada a realizar operativos de decomiso de documentación, evidencia o cualquier elemento de prueba cuantas veces sea necesario.
El personal asignado a la unidad goza de inamovilidad de sus cargos durante la vigencia del decreto que expira una vez asuma el cargo un nuevo fiscal general y adjunto en 2023, no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por las investigaciones que ejecuten y gozarán de inmunidad con excepción de los que quebranten el correcto desempeño profesional y trasgredan las normas disciplinarias del Ministerio Público.
También, cualquier disposición o normativa que contraríe lo aprobado por el Congreso y que fortalece la Uferco quedará en suspenso por el tiempo de vigencia.
Por lo anterior expuesto, se instauró una campaña previa contra la Uferco que se fortaleció cinco días después que entró en vigencia la ley al presentarse el caso de corrupción contra exdiputados y resurgiera la preocupación del Colegio de Periodistas que varios de sus agremiados puedan enfrentar la justicia.
