Tegucigalpa.- El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público, Luis Javier Santos, denunció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una confusa sentencia que beneficiaría a los implicados en el caso de corrupción conocido como “Narcopolítica”.
La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en mayo de 2019, presentó el caso de corrupción Narcopolítica en el que sindicó por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho a Miguel Rodrigo Pastor quien fungió como director de la fenecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), al entonces director de carretera Walter Noé Maldonado y a Deysi Marina Zúñiga gerente general de la empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S, de R.L.
Además acusó a los narcotraficantes Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y a Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cártel de los Cachiros, poderosa estructura criminal. Ambos fueron acusados y condenados en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La investigación presentada por el organismo anticorrupción reveló que Maradiaga financió la campaña política de Lobo Sosa en el año 2009 que lo llevó a la presidencia nombrando a Pastor como titular de Soptravi y otorgar 21 contratos por un monto superior a los 68 millones de lempiras a favor de la empresa INRIMAR propiedad de los Cachiros.
Cabe señalar que los contratos tenía como finalidad realizar obras en el departamento de Olancho, sin embargo, estos no se realizaron pero el dinero se cobró años después porque el objetivo era el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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El pasado 21 de enero, los magistrados de la Sala Constitucional fallaron a favor de los implicados al emitir una confusa sentencia, por lo cual la UFERCO solicitó un recurso de reposición y aclaración de la sentencia.
A criterio del jefe de la unidad anticorrupción, la sentencia no tiene fundamentación alguna aunque declara a favor los recursos presentados por los apoderados legales de los acusados librándolos de responsabilidad.
“Estamos solicitando a la Corte que aclare su fallo y diga qué es lo que está resolviendo y cómo quedan los imputados a los cuales les declaró con lugar el amparo”, dijo.
Según la versión de Santos, en la sentencia libera de responsabilidad a los acusados, sin embargo, confirma el auto de formal procesamiento contra Pastor evadiendo las pruebas que se han presentado en contra de los beneficiados.
Santos lamentó que la justicia de Honduras continúe beneficiando a los implicados en casos de corrupción. Para el caso, según el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), de las 133 personas que fueron acusadas por la MACCIH, 63 fueron absueltos, 60 se defienden en libertad, 4 están prófugos, 2 fallecieron y 2 fueron condenados en Estados Unidos, siendo Fabio Lobo y Maradiaga.
MÁS INVESTIGACIONES
El fiscal anticorrupción develó que existen más de 100 líneas de investigación que se ejecutan por parte de la UFERCO para desmontar las redes de corrupción que operan en Honduras.
Asimismo detalló que existen varias investigaciones finalizadas pero se está a la espera de elaborar informes financieros como medios de prueba en contra de los implicados.
Santos cuestionó que la propia justicia hondureña promueva la impunidad al otorgar medidas blandas contra los criminales y no resolver desfavorables los recursos que presenta la fiscalía.
