La
presidenta Xiomara Castro anunció el fin del tratado de extradición con EE.UU. La
decisión se produce tras la controversia por encuentros del gobierno hondureño
con el régimen de Nicolás Maduro
La cancelación del tratado de extradición genera preocupación entre analistas y políticos, quienes advierten que esto podría proteger a figuras vinculadas al narcotráfico y debilitar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción
Tegucigalpa, Honduras. – El Gobierno de Honduras oficializó este miércoles su decisión de terminar con el tratado de extradición con los Estados Unidos, que ha permitido la extradición de 64 personas, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado en junio pasado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.
La decisión fue adoptada por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, quien, a través de las redes sociales, instruyó al canciller Enrique Reina para que procediera a la denuncia del tratado, aduciendo injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos.
Luego de la publicación de la presidenta, la Cancillería hondureña formalizó la denuncia del tratado de extradición, mediante una nota enviada a la embajada de los Estados Unidos.
Esta determinación se produce en un contexto de creciente tensión diplomática, tras las críticas de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, sobre los encuentros del gobierno hondureño con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Fue sorprendente para mi ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”, expresó a medios de comunicación la embajadora de EE.UU. en Honduras, Laura Dogu.
Además de argumentar el intervencionismo e injerencia, Castro consideró que la intención de la representante de Washington es “intolerable”. “Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta”, expuso, al tiempo que indicó que “con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”.
Dicha acción refleja un giro significativo en la política exterior de Honduras, y un hecho que, para el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, limitará a los hondureños de una herramienta fundamental que ha demostrado ser eficaz para perseguir y sancionar a criminales que el sistema de justicia hondureño jamás investigó.
Mejía apuntó, además, que la extradición no tiene nada que ver con injerencia política ni cuestiones ideológicas. “La figura de la extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que brindan los Estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad”.
De interés: Oficialismo y embajadora de EE. UU. nuevamente confrontados, ahora por Tribunal Constitucional
HONDURAS, UN NARCOESTADO
Honduras ha evolucionado de ser un simple país de tránsito de cocaína a convertirse en un productor significativo de este narcótico. Esta transformación ha sido impulsada por la impunidad y la corrupción en las altas esferas incluyendo a funcionarios del gobierno, incluso, las cúpulas policiales y militares que, según la fiscalía estadounidense, han conspirado para introducir cocaína a la nación del norte, en el caso de los primeros, y para facilitar los medios de transporte, los segundos.
La penetración del narcotráfico al más alto nivel se trasluce con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 de prisión por tres delitos de narcotráfico y de varios políticos, entre estos diputados, e incluso el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
De hecho, Honduras fue catalogado como un narco estado, durante los juicios que se han desarrollado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En estos procesos judiciales figuras como los expresidentes Manuel Zelaya Rosales, esposo y asesor de la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Porfirio Lobo Sosa fueron mencionados por supuestamente haber recibido sobornos de narcotraficantes para sus campañas políticas.
¿QUÉ PASARÁ CON LA EXTRADICIÓN?
En virtud de que el acuerdo de extradición fue aprobado mediante el Decreto 126 por el Congreso Nacional y ratificado por el Poder Ejecutivo, es debatible que sea necesario el mismo procedimiento para su terminación, opinó en sus redes sociales, el abogado y analista, Rafel Jerez.
Asimismo, el artículo 14 del tratado de extradición establece que cualquiera de los estados partes pueden dar por terminado el acuerdo, notificando a la otra parte con seis meses de anticipación. Para el experto en derecho internacional, Graco Paredes, con base al artículo en mención, la denuncia no requiere de la aprobación del Congreso Nacional.
El tratado de extradición, que data del 15 de enero de 1912 y que se ampara en un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia, surtió efecto a partir de enero de 2012 cuando en el Congreso Nacional, se reformó el artículo 102 de la Constitución de la república mediante Decreto 269-2011, autorizando de forma excepcional la extradición de hondureños, en los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada.
El auto acordado fue aprobada por mayoría de votos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entró en vigor a partir del 11 de junio de 2013. Este auto acordado establece la designación de un juez natural para que conozca el proceso de extradición, con el que hasta la fecha han sido extraditados 64 hondureños, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, quien era el presidente del Congreso Nacional cuando se aprobó la reforma constitucional en 2011, que dio vida a las extradiciones.
Además, del exmandatario han sido extraditados exdiputados, entre estos Juan Antonio “Tony” Hernández, del Partido Nacional y hermano del expresidente Hernández. La lista también la integran los exdiputados liberales, Fredy Nájera y Oquelí Midence.
Lea: Nuevo episodio de crispación diplomática entre EE UU y Honduras
CUESTIONAMIENTOS POR CANCELAR TRATADO DE EXTRADICIÓN
Ahora que la presidenta Xiomara Castro, dio la orden de denunciar el tratado de extradición, los cuestionamientos sobre las implicaciones no se san hecho esperar.
Juan Jiménez, exvocero de Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha cuestionó la decisión de la presidenta Xiomara Castro al considerar que con ello se envía un mensaje equivocado en la lucha contra la corrupción, ya que impediría extraditar a hondureños acusados de delitos en el extranjero.
Asimismo, el abogado Joaquín Mejía, quien además de reconocer la extradición como una herramienta que ha demostrado ser eficaz para perseguir y sancionar a criminales, se pregunta: ¿Por qué denunciar este tratado bilateral y no otros? ¿En qué afecta la cooperación judicial internacional a la soberanía nacional? ¿A quién se quiere proteger realmente? ¿Acaso tenemos “Los Extraditables” como en la Colombia de Escobar que lucharon contra la extradición?
Asimismo, La diputada Ligia Ramos calificó de “error garrafal” la decisión de la presidenta Xiomara Castro, afirmando que los hondureños no perdonarán esta acción. Ramos señaló que los recientes escándalos en la Corte Suprema de Justicia evidencian la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que aleja la posibilidad de establecer una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una demanda histórica del pueblo.
No es la primera vez que se menciona la posibilidad de cancelar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. En febrero de este año, el canciller Enrique Reina, a través de su cuenta de X desmintió que se quisiera cancelar dicho tratado, de la misma manera que lo hizo el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
En aquel momento, funcionarios aseguraron que los trámites de extradición continuaban con normalidad, una contradicción con la actual decisión de Castro de revocar el tratado.
Asimismo, en enero de 2022, el diputado Jorge Cálix, en aquel entonces disidente de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) y quien presidía una Junta Directiva del Congreso Nacional, que se instaló de manera paralela a la oficial, pretendió reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y aprobar una ley de extradición con la intención de frenar los procesos judiciales en los tribunales estadounidenses.
En aquel momento, analistas concluyeron que la intención de Cálix era hacer engorroso el proceso de extradición para evitar que más narcotraficantes fueran extraditados a Estados Unidos, mencionando a su primo el exvicealcalde de Lempira, Mario José Cálix, alias “Cubeta”, quien será extraditado el próximo 4 de septiembre del 2024.
Sin embargo, Cálix, quien finalmente desertó de las filas del oficialismo para unirse al Partido Liberal siendo ahora uno de sus precandidatos presidenciales, cuestionó la decisión del gobierno de Xiomara Castro.
El Partido Liberal es presidido en la actualidad por Yani Rosenthal, quien estuvo privado de su libertad en Estados Unidos por lavado de dinero procedente del cártel de Los Cachiros.
La decisión de denunciar el tratado de extradición refleja la complejidad de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, y la necesidad de una postura más clara y consistente por parte del gobierno hondureño sobre un tema tan sensible como la cooperación judicial internacional y la lucha contra el crimen organizado.
