Defensores evaluaron la celeridad del proceso y opinan que los traslados probablemente no se decidieron de manera colegiada, sino unilateral
Portada: foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras. – Familiares de personas privadas de libertad denunciaron este fin de semana irregularidades en el traslado de sus parientes a distintos centros penitenciarios de Honduras.
Los familiares enfatizaron que estos traslados se realizaron sin previo aviso, lo que provocó que las visitas fueran canceladas de manera abrupta, esto generó confusión y movilización innecesaria de los parientes a los centros.
Además, algunos denunciaron que los internos fueron golpeados y sometidos a otros tratos inhumanos, estas denuncias basadas en comunicaciones previas de los privados con sus familiares.
Los cuales sugieren que los traslados improvisados podrían estar relacionados con el reciente asesinato de un privado de libertad en el centro penitenciario, El Pozo, ubicado el Ilama Santa Barbara.
Cabe recordar que el pasado 6 de junio se reportó el asesinato de un privado de libertad, quien fue declarado culpable de la muerte múltiple ocurrida el 14 de julio de 2024, en la que falleció el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, llamado Said Lobo Bonilla.
Sobre este asesinato, Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario del país, confirmó en una conferenica de prensa que se trató de un homicidio y no de un suicidio, como inicialmente había informado las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
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AUTORIDADES ANUNCIAN TRASLADOS UN DÍA DESPUÉS
En respuesta a las denuncias de la población sobre traslados de los internos, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado explicando que los mismos se realizaron como parte de la operación “Fe y Esperanza”.
El comunicado detalló que el sábado 8 de junio de 2024 se trasladaron 3,395 privados de libertad entre ellos 65 mujeres, del centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara al centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso y viceversa.
El Instituto subrayó que estas reubicaciones se llevaron a cabo respetando los derechos humanos y cumpliendo con las normas legales vigentes.
“La Ley del Sistema Penitenciario, en su artículo 16, numeral 12, establece que una de las funciones del director nacional es regular la distribución y traslado de la población privada de libertad que cumple penas”, reza parte del comunicado.
Sin embargo, los familiares de algunos internos alegaron que sus parientes, a pesar de no pertenecer a ninguna estructura criminal, fueron reubicados de manera improvisada y sin previo aviso.
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TRASLADO EN HERMETISMO
El abogado Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), explicó a Criterio.hn el proceso de traslado de privados de libertad de una penitenciaría a otra, señalando la necesidad de cumplir una serie de normas.
Acevedo detalló que, para llevar a cabo el traslado, primero se requiere un dictamen previo del Consejo Técnico del Centro Penitenciario, seguido de un proceso administrativo en el cual el privado de libertad pueda ejercer su derecho de oposición mediante los recursos legales correspondientes.
A pesar de este procedimiento establecido, Acevedo expresó su preocupación sobre su aplicación efectiva en Honduras: “Lamentablemente, parece que eso nunca ocurre, y en este caso se hace difícil pensar que se haya seguido todo este procedimiento teniendo en cuenta la cantidad de personas que fueron trasladadas. Pareciera que estamos ante una decisión sin justificación técnica”, analizó.
En este contexto, informó que el proceso dura aproximadamente 20 o 30 días para y este debe realizarse de manera individualizada. Después de la evaluación, se emite una recomendación al consejo técnico, el cual determinará si el traslado procede o no.
Explicó que el consejo encargado de emitir la resolución está compuesto por el abogado del centro penitenciario o un cuerpo de abogados, el psicólogo, el trabajador social y el director del centro.
“La decisión debe ser colegiada y los familiares deben estar informados sobre si se cumplen con las garantías establecidas, pudiendo oponerse en caso contrario”. expresó el defensor de derechos humanos.
Cabe recordar que tras la intervención militar, aprobada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, organizaciones defensoras de los derechos de los privados de libertad han contabilizado alrededor de 15 muertes, lo que plantea serias dudas sobre los resultados de dicha intervención.
