Por: Redacción CRITERIO
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La familia Sarmiento, originarios del departamento de Olancho, al Nororiente de Honduras, está detenida en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Nicaragua, denunciaron sus parientes nicaragüenses, quienes aseguran que son perseguidos políticos del gobierno de Honduras, encabezado por Juan Hernández, informó hoy el diario La Prensa de Nicaragua.
Entre los detenidos está el aspirante a diputado por el Partido Liberal, Rafael Sarmiento, su padre Ulises Sarmiento, su madre Daysi Galindo y sus hermanos Jorge, Ulises y Fabricio Sarmiento.
Violeta Delgado denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que su papá también fue capturado en El Chipote, quien es hipertenso y no le han permitido pasar medicamentos
La familia estaba tramitando el refugio político en Nicaragua a través de la Procuraduría General de Derechos Humanos, con la ayuda del expresidente de Honduras Manuel Zelaya.
“Ellos no son funcionarios, son hacendados, pero eran partidarios del gobierno de Mel (Manuel Zelaya) y por eso son perseguidos por el gobierno de Honduras”, dijo Delgado.
Delgado tiene información de que esta familia será entregada este viernes 3 de julio al Gobierno de Honduras. También detalló que ya presentaron un recurso de exhibición para ver a sus familiares, porque no han sabido nada de ellos y los tienen incomunicado.
Ramón Daniel Sarmiento, sobrino de Ulises Sarmiento y alcalde de Juticalpa, está preso desde hace casi un mes y en su captura se allanaron las casas de todos sus familiares. Ramón Sarmiento, es del Partido Nacional en el poder y está acusado de portación y almacenamiento de armas no comerciales y de falsificación de documentos públicos.
EL CASO DE ENRIQUE LANZAS FLORES
Los medios de Honduras también aseguran que el exministro hondureño, prófugo de la justicia, Enrique Flores Lanza, está en Nicaragua, donde tiene familia, aunque esto no ha sido confirmado ni por el Gobierno de Honduras ni por el de Nicaragua.
Lanza, quien fue ministro durante el gobierno de Manuel Zelaya, posee una orden de captura nacional e internacional, por estar acusado por el Ministerio Público hondureño por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado de Honduras, que habrían sido cometidos el 24 de junio de 2009, cuando pidió retirar de la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH) 40 millones de lempiras.
(Tomado de La Prensa de Nicaragua)
