Para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue asignado un presupuesto de 41,211,313.00 millones de lempiras y para la Secretaría Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) se destinó 207,534,727.00 millones de lempiras
Tegucigalpa, Honduras. –El gobierno de Xiomara Castro prometió promover la transparencia y combatir la corrupción, pero la realidad refleja una carencia de estrategias y recursos adecuados para enfrentar estos desafíos. La falta de una política nacional de transparencia que establezca directrices claras y unificadas para todas las instituciones públicas ha dejado un vacío en la gestión y prevención de la corrupción.
La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), creada con el propósito de supervisar y promover prácticas de gobierno abierto, ha enfrentado limitaciones presupuestarias desde su establecimiento. Con un personal reducido y escasos recursos, esta institución ha luchado por la aprobación de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH).
En el Presupuesto General de la República 2024, se le asignaron 207,534,727.00 millones de lempiras a la Secretaría de Transparencia, pero gran parte de los recursos se destinan en el pago de sueldos y salarios, y otros gastos.
Por otro lado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), encargado de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información pública, también enfrenta desafíos similares. La falta de fondos adecuados ha restringido su capacidad para monitorear el cumplimiento de las leyes de transparencia por parte de las instituciones gubernamentales y para sancionar a aquellas que no cumplen con sus obligaciones.
Para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue asignado un presupuesto de 41,211,313.00 millones de lempiras, que a juicio de analistas es insuficiente para mantener el recurso humano encargado de la recepción y seguimiento de las solicitudes de información y los expedientes de las más de 400 instituciones obligadas.
Sumando a ello, el IAIP emitió un comunicado solicitando a la Secretaría de Finanzas (Sefin) otorgar la totalidad del presupuesto requerido para la renovación de equipo especializado, la instalación de componentes de protección del equipo, licencias de software, entre otras necesidades para garantizar que la institución pueda realizar el monitoreo y evaluación del cumplimiento de la ley.
Según datos del Portal de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sólo tiene 11 oficiales de verificación, dos de ellos no tienen un contrato permanente.
Estos oficiales de verificación se encargan de procesar las 11,245 solicitudes de información que recibió el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) en el 2023.
Para el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene muchas limitantes y no sólo la demora en los desembolsos del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas.
Durante una conversación con este medio digital el representante de sociedad civil, señaló que, aunque los desembolsos del presupuesto se hagan en tiempo y forma, los 41 millones de lempiras asignados al IAIP “son insuficientes” para su funcionamiento.
Detalló que más del 80% del presupuesto del IAIP se destina al pago de sueldos y salarios, un 6% de la partida presupuestaria se reserva por si la institución es vencida en juicio por un proceso legal que existe contra el IAIP.
En ese sentido, mencionó que lo que resta del presupuesto se destina a políticas que puedan generar mayor transparencia a nivel de país.
Otro de los desafíos del IAIP, es que cuenta con 11 oficiales de verificación, que son los que se encargan de realizar las verificaciones de las solicitudes de información de más de 400 instituciones.
Añadió que los salarios de los oficiales de verificación no resultan del todo atractivos, ya que estos oscilan entre los 22 mil y 26 mil lempiras.
“Muchas veces son salarios que no son atractivos para las personas que laboran en el IAIP y a veces no se dan abasto. Además, la rotación de personal complica todo el trabajo porque se debe capacitar a las personas que se integran al IAIP”, puntualizó.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA HA SIDO RELEGADA POR EL GOBIERNO DE CASTRO
En 2022, durante la administración de Edmundo Orellana Mercado –quien renunció a la Secretaría de Transparencia para reintegrarse al Parlamento Centroamericano (Parlacen)— se inició la elaboración de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción en Honduras (ENTAH).
La Secretaría de Transparencia entregó a la presidenta Xiomara Castro, la Estrategia Nacional de Transparencia para que sea aprobada en consejo de ministros y se constituya como la política del gobierno. Sin embargo, la ENTAH duerme el sueño
Esta iniciativa fue socializada con diversas organizaciones de sociedad civil, centrales de campesinos, colegios profesionales de Honduras, las organizaciones de indígenas, de la mujer, entre otros.
Sus ejes estratégicos son mejorar la comprensión sobre el fenómeno de la corrupción, fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, detectar e investigar la corrupción. Asimismo, se plantea fortalecer la capacidad de las instituciones para sancionar la corrupción, aumentar la corresponsabilidad de todos los actores del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad y fortalecer los acuerdos para la coordinación con multi actores en materia anticorrupción.
Los puntos o estrategias antes referidas tienen sub líneas con más de 160 planes de acción, tales como: modernizar y simplificar la burocracia bajo la creación del Gobierno Abierto que deberá enfocarse en mejorar los servicios públicos; rendición de cuentas institucional y del sector privado; aumento de la integridad pública; reformas a la Ley de Transparencia, actualizar plataformas de información pública y promover reformas al Código Penal.
SE DEBE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es del criterio que se debe fortalecer las instituciones como la Secretaría de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) PARA
Una limitante es que no se hagan los desembolsos en tiempo y forma al IAIP. Pero hay que ir más allá, indistintamente de eso, por ejemplo, si se le hubiese desembolsado los 40 millones de lempiras que recibe en promedio anualmente, ese dinero es insuficiente para poder realizar cada una de las acciones que conlleva el trabajo del Instituto de Acceso a en el tema de la garantía de solicitudes, de que se publique la información etcétera.
