“Por ese caso se pudo descubrir que tanto el partido de gobierno de ese entonces (Partido Nacional), como la oposición habían recibido dinero del Estado para financiar sus campañas políticas”, dijo Calderón Boy la noche del miércoles en el Twitter Spaces de Criterio.hn.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – Por ser un emblema de corrupción que desnudó a la clase política saqueando los fondos del Estado, la exvocera de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón Boy, sugirió que si la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) llega al país debería retomar el caso Pandora.
“Por ese caso se pudo descubrir que tanto el partido de gobierno de ese entonces (Partido Nacional), como la oposición habían recibido dinero del Estado para financiar sus campañas políticas”, dijo Calderón Boy la noche del miércoles en el Twitter Spaces de Criterio.hn.
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“El caso Pandora marcó realmente una mirada de lo que ocurría en la política hondureña, lamentablemente ha sido archivado por distintos criterios, pero podría ser revivido, como otros emblemas de la corrupción”, planteó.
Aunque el caso fue desestimado en 2020 por la Sala Penal y ratificado mediante un fallo emitido en febrero de 2022 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces presidida por Rolando Argueta, Calderón Boy considera que la CICIH podría tomarlo en cuenta porque las pruebas que demuestran los actos de corrupción todavía están en los archivos del Ministerio Público (MP).
“Es posible que este caso se vuelva a investigar porque las pruebas continúan estando (…) conozco cómo estaban las pruebas, conozco la forma cómo se obtuvo la información que después fue presentada a los tribunales”, puntualizó.
La verdad que nos sorprendió y nos acompañó muchísimo el sentimiento de frustración, impotencia cuando los casos iban siendo archivados o simplemente congelados por la Corte Suprema de Justicia anterior”: María Calderón Boy, exvocera de la MACCIH.
Calderón Boy tiene la esperanza que, a los exfuncionarios, diputados y personas particulares salpicadas en la red de corrupción mostrada en el Pandora, todavía se les puede castigar señalándolos por, entre otros delitos, malversación de caudales públicos.
Durante su permanencia en Honduras, entre febrero de 2016 y enero de 2020, la MACCIH presentó, en colaboración de la también extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), 14 casos, entre los que destacan: Arca Abierta, Pacto de Impunidad, Caja Chica de la Dama, Red de Diputados, Fraude Sobre el Gualcarqiue y Licitación Fraudulenta de Seguro Social, todos impunes. De manera irónica Calderón Boy destacó que “la MACCIH logró un éxito en Honduras a tal punto que se unieron los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que no se renovara el convenio de la MACCIH; eso nos reveló que hubo un rotundo éxito en ponerle rostro a la corrupción”, opinó.
LOS PANDORA
El 13 de julio de 2018, la MACCIH de la mano de la UFECIC –llamada ahora Uferco-, ventilaron el Caso Pandora, el cual reveló la malversación de unos 282 millones de lempiras, extraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La investigación señala que la millonaria cantidad estaba destinada para proyectos agroindustriales, agropecuarios, y hortícolas, con la finalidad de beneficiar a madres jóvenes, fortaleciendo, de ese modo, políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón.
Mediante esta red de corrupción, orquestada por Hilda Hernández, quien en vida fue conocida por ser la “poderosa” mano derecha de su hermano el expresidente Juan Orlando Hernández (privado de su libertad en Estados Unidos acusado por narcotráfico), utilizó el dinero robado para financiar campañas políticas en 2013 y para maquillarlo como un acto legal se suscribieron convenios con organizaciones no gubernamentales.
Entre los corruptos señalados se encuentran los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, el expresidenciable del Partido Liberal, Elvin Santos, el exalcalde de Yoro y supuesto narcotraficante, Arnaldo Urbina y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara.
Aun, cuando el Ministerio Público había presentado la suficiente carga probatoria para poner tras las rejas a estas personas, la Corte Suprema de Justicia, en 2020, paradójicamente favoreció otorgándoles un sobreseimiento definitivo.
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NACIONALISTAS NO PERMITIRÁN LA CICIH
El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, vaticina que la CICIH no vendrá a Honduras porque varios diputados del Partido Nacional tienen temor a que desempolven los casos presentados por la MACCIH en los que son señalados por corrupción.
A criterio del abogado, la única forma para que la Comisión Anticorrupción pueda venir al país, es que el gobierno acepte las posibles condiciones que podría presentar la bancada nacionalista de no revivir los casos presentados por la MACCIH.
“En el caso hipotético de que la CICIH venga, si los diputados del Partido Nacional votan a favor, una de las condiciones que van a poner es que no se investiguen estos casos porque hay actuales diputados de partidos involucrados”, precisó.
Los argumentos de Ramírez son lógicos. Las ocasiones que desde el Congreso han intentado derogar el decreto 93-2021 que enmascara una serie de reformas a varias leyes que representan una contribución directa al lavado de activos y el 116-2019, que consiste en un pacto de impunidad que blinda a los diputados de la persecución penal del MP, la bancada de los nacionalistas se ha opuesto.
Y es que esa negativa de los nacionalistas podría obedecer al temor de que el MP o la CICIH tengan la facultad de revivir precisamente el caso Fe de Erratas, el cual llevó a los tribunales al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y Antonio Rivera Callejas, quienes quedaron absueltos como una muestra del poderío que ejerció en la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, presidente del Poder Judicial (2016-2023) y un reconocido amigo del expresidente Juan Orlando Hernández.
Aunque la afirmación de Lester Ramírez es contrarrestada por el secretario de Transparencia y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, quien dice que las diferentes bancadas, incluyendo la del Partido Nacional, se comprometieron, mediante un decreto aprobado en el Congreso Nacional, a la llegada de la Misión Anticorrupción.
PROCESO DE LA CICIH
El 15 de diciembre del año pasado el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un memorando de entendimiento que dio paso a los procedimientos previos a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El 21 de abril de 2023, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió los términos de referencia para la llegada de una delegación de expertos que asesorarán al país en la Comisión Anticorrupción.
La ONU, en respuesta, anunció que enviará al grupo de expertos a Honduras, para sentar las bases necesarias para el posible establecimiento de un mecanismo internacional anticorrupción imparcial, autónomo e independiente.
Este grupo de expertos, que estarán unos seis meses desde su llegada, según la ONU, brindarán asistencia técnica sobre las reformas legales y harán un diagnóstico sobre la situación del país para determinar si es viable la instalación de la CICIH.
Orellana Mercado, quien, junto a la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, ha sido delegado por el Gobierno de Honduras como contraparte ante la misión de expertos, ha adelantado que se logrará la instalación de una misión internacional con garra, colmillo y con independencia para investigar los casos de corrupción, con la facultad de presentarlos directamente a los tribunales, sin pasar por el Ministerio Público.
