Tegucigalpa, Honduras.- Durante 2024, varias unidades de transporte urbano no solo han suspendido labores por el cobro de extorsión, sino que también diversas empresas del sector han cerrado en diferentes zonas del país. Esta problemática ha proliferado, a pesar de que el 6 de diciembre de 2022 se implementó un estado de excepción, que paradójicamente fue instaurado para combatir este delito y que, de manera ilegal, lo han ido prolongando por periodos de 45 días.
Lo anterior fue denunciado por la empresaria del transporte urbano Daisy Andonie, quien agregó que algunas de estas empresas no solo están ubicadas en los principales departamentos de Honduras, como Francisco Morazán y Cortés, sino también en Comayagua y otras zonas del país en las que antes no se registraba ningún tipo de incidencia delictiva.
“Son más de 20 empresas de transporte urbano e interurbano las que han cerrado debido al cobro de extorsión. En algunas zonas del país, estas empresas han sentido el impacto de manera más severa que en otras, ya que este delito, que antes no se registraba con frecuencia, ha aumentado notablemente en 2024”, denunció la empresaria en una conversación con este medio de comunicación.
Andonie, quien en las contiendas electorales pasadas intentó ser diputada por el departamento de Cortés con el respaldo del Partido Nacional, aseguró que los propietarios de unidades de transporte han denunciado reiteradamente estos hechos ante las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta positiva, lo que, en consecuencia, ha llevado a muchos a cerrar operaciones.
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SIN RESPUESTA A LA DENUNCIA
La postura de Andonie fue respaldada por el dirigente del rubro Jorge Lanza, quien ha denunciado en varias ocasiones que la inacción de las autoridades se debe a que algunos integrantes de la Policía Nacional tienen vínculos directos con el crimen organizado y, posiblemente, también se lucran con el dinero producto de la extorsión.
“Nunca han resuelto ninguna de nuestras denuncias. Históricamente, hemos sabido que hay vínculos entre el crimen y las autoridades; ya hay antecedentes que lo demuestran, posiblemente por eso no recibimos respuesta. Algo que debemos reiterar es que el cobro de extorsión sigue aumentando y no hemos tenido transportistas muertos porque hemos estado pagando, no por la labor de las autoridades”, explicó Lanza.
Lo manifestado por Lanza tiene fundamento. Por ejemplo, en noviembre de 2011, tras el doble asesinato de dos universitarios, perpetrado por agentes de la posta policial del barrio La Granja, situada en la zona sur de Comayagüela, la Policía Nacional fue expuesta por el vínculo con la criminalidad.
A raíz de este suceso, la estación policial fue intervenida y la Policía Nacional inició un infructuoso proceso de depuración en el que participó la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, madre de Rafael Vargas Castellanos, uno de las jóvenes víctimas de la Policía.
El asunto cobró relevancia en abril de 2014, cuando los medios hondureños empezaron a informar que algunos oficiales, asignados a la mencionada estación policial, estaban implicados en la comisión de varias fechorías.
Varios de los integrantes de esta banda criminal de oficiales, que habían sido denominados El Cártel de La Granja, fueron desarticulados y arrestado por perpetrar el delito abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios.
Pero el Ministerio Público no los acusó de extorsión, a pesar de que la dirigencia empresarial había denunciado que los policías integrantes del Cártel de La Granja también se dedicaban a cobrar renta a varias unidades que circulaban diariamente por el barrio La Granja.
Este caso ha revelado cómo la Policía Nacional ha estado infiltrada por elementos clave del crimen organizado, quienes no solo han ostentado grados de baja envergadura, sino que también han formado parte de la cúpula policial. Un ejemplo es Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien fue exdirector de la Policía y utilizó su cargo para traficar drogas.
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EXTORSIÓN EN DECLIVE, SEGÚN LA POLICÍA
Lo sorprendente en esta situación es que la Policía Nacional, en los últimos días, ha afirmado que, gracias al estado de excepción, este delito ha registrado una considerable disminución. Según la policía, el sector empresarial del transporte urbano ha dejado de entregar millonarias sumas de dinero a las maras y pandillas que integran el crimen organizado.
De hecho, las autoridades sostienen que sus estrategias de seguridad han permitido que varias líneas de transporte urbano que estaban paralizadas reanuden sus funciones. Por ejemplo, el 12 de agosto de 2024, la Policía intervino la línea de transporte ubicada en la aldea Mateo, en la capital hondureña.
La intervención consistió en colocar agentes policiales dentro de las unidades y en la estación de buses, pero, según denuncias de los transportistas, esta presencia no fue permanente, sino que duró pocos días, lo que nuevamente expuso a los dueños de las unidades a las maras y pandillas dedicadas a este delito.
Asimismo, las autoridades policiales sostienen que el crimen organizado opera en el transporte urbano, afirmando que algunos integrantes de la cúpula empresarial y trabajadores del sector (conductores y ayudantes) forman parte de poderosas estructuras criminales.
“Los empresarios del transporte no operan las unidades directamente; rentan los vehículos para que terceros paguen una tarifa diaria, pero también se ven afectados por el cobro de extorsión, dinero que reciben los empresarios ligados al crimen. Esa es la dinámica que estamos observando”, mencionó el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
