Algunos expresos políticos fueron absueltos gracias a la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, mientras que a otros se les concedió la libertad años antes al no encontrar pruebas de culpabilidad.
Tegucigalpa, Honduras. Expresos políticos denunciaron que, a pesar de haber sido absueltos de delitos imputados aún no se les han eliminado los antecedentes policiales los cuales le han generado serias afectaciones.
A pesar de haber recuperado su libertad, estos ciudadanos han encontrado dificultades para eliminar sus antecedentes, lo que les ha generado significativos problemas para conseguir empleo o viajar, ya que continúan siendo identificados por el delito que se les imputó en su momento.
Varios de los hondureños fueron detenidos por participar en actividades de protesta registradas en el marco de la crisis poselectoral desencadenada a finales de 2017 por el fraude electoral y la ilegítima reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, declarado culpable en Estados Unidos, en marzo pasado, por tres delitos de narcotráfico.
Después de pasar varios años en prisión, los presos políticos, fueron liberados, algunos, gracias a la aprobación del decreto 4-2022 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para prevenir la repetición de tales hechos, mientras a otros se les dictó libertad años antes al no hallarse pruebas que demostraran su culpabilidad.
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LAS DENUNCIAS
Uno de esos casos es el de Raúl Álvarez, quien conversó con Criterio.hn y contó que sus antecedentes policiales aún no han sido eliminados, lo que le ha impedido obtener un pasaporte y por consiguiente salir del país.
Álvarez fue detenido el 12 de febrero de 2018 y acusado de tentativa de homicidio contra 67 personas alojadas en el hotel Marriott, así como de daños a la cadena de restaurantes Intur. Después de dos años, el 16 de agosto de 2019, finalmente fue liberado, y su carta de libertad le fue entregada en 2022.
En relación con su experiencia, Álvarez señaló que él y cerca de 170 personas más fueron objeto de criminalización, y muchos de ellos aún enfrentan problemas legales y de movilidad.
El proceso para obtener su libertad no fue sencillo. Álvarez explicó que logró acceder a medidas sustitutivas gracias a un arraigo, aunque tuvo que presentarse en cinco ocasiones antes de que su solicitud fuera aceptada por el juez. Posteriormente, durante los dos años siguientes, estuvo obligado a firmar periódicamente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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CRIMINALIZADO EN CRISIS POSELECTORAL
Otro hondureño que enfrentó la criminalización, durante la crisis poselectoral de 2017, fue Roque Alvarenga, quien compartió su experiencia con Criterio.hn. Relató cómo fue arrestado injustamente y puesto en libertad meses después. En la actualidad, está en proceso de determinar si tiene antecedentes policiales.
Alvarenga contó que muchos de los detenidos, junto con él, en Pimienta, Cortés, que ya fueron liberados, no tienen antecedentes policiales, pero otros sí. «Yo no los he necesitado hasta ahora, pero varios de mis compañeros sí los han necesitado para salir del país o conseguir trabajo», expresó.
A Alvarenga se le imputaron los delitos de terrorismo, asociación ilícita y tenencia de indumentaria policial, lo que le resultó en una privación de libertad de cuatro meses y ocho días.
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SECUELAS DE LA CRIMINALIZACIÓN
De igual forma, Karen Spring, integrante de la Red por la Solidaridad con Honduras, compartió con Criterio.hn la experiencia de su esposo, Edwin Espinal, quien también ha sido afectado por mantener antecedentes policiales.
Spring relató que su esposo fue criminalizado durante la crisis electoral y se enfrentó a acusaciones de robo y terrorismo. Sin embargo, fue liberado después de 19 meses de prisión al ser declarado inocente.
A pesar de que ha transcurrido un año desde que recibió su carta de libertad, los antecedentes de los delitos aún no han sido eliminados, lo que ha impedido a Espinal viajar fuera del país.
Spring explicó que, al acudir al Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Dirección Policial de Investigación, han encontrado retrasos en el proceso.
En su opinión, esto refleja la presencia de estructuras obsoletas en la institucionalidad, así como las secuelas de la criminalización y la revictimización que afronta el injustamente acusado.
Ante esta situación, la defensora de derechos humanos enfatizó que es necesario que “las instituciones avancen en el proceso y que el Estado tome en serio los problemas que enfrentan los expresos políticos”.
PROCESO LENTO
Al respecto el asistente de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sectores Sociales, Pedro Joaquín Amador, expresó que la agilidad en los procesos es una situación que, según los testimonios, enfrentan otros hondureños.
Explicó que la demora se debe a un trámite meramente administrativo cuyo único paso es agilizar mediante un abogado y esperar.
En una conversación con este medio de comunicación, Amador compartió que él también está en proceso de eliminar tres antecedentes policiales, al tiempo que justificó la lentitud del proceso a la atención simultánea de varios casos.
