Por: Redacción CRITERIO
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El expresidente hondureño, Manuel Zelaya, pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que anule la resolución de la Sala de lo Constitucional, sobre la reelección presidencial, porque es ilegal y no representa los intereses de la sociedad.
“Queremos que se derogue la resolución de la Sala de lo Constitucional para la reelección porque es ilegal, porque no representa los intereses de esta sociedad”, expresó Zelaya durante una conferencia de prensa en la que los partidos de oposición exigieron la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH).
Luego de su rechazo al fallo judicial, el también presidente del Partido Libertad y Refundación (Libre), descartó oficialmente buscar de nuevo la presidencia de la República.
El 7 de mayo pasado, Zelaya dijo que se daría un tiempo de tres meses para decidir si aspiraba o no a la reelección presidencial.
El escenario para la relección quedó abierto a partir del 22 de abril pasado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, que prohibía la reelección presidencial.
Zelaya al igual que los demás líderes de los partidos de oposición, reafirmó que la condición de su partido, es que se instale la CICIH para iniciar un proceso de diálogo.
La oposición rechaza el diálogo y el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción, propuestos por el presidente Juan Hernández.
Zelaya dijo que la exigencia de la anulación de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, es parte de sus exigencias, en el marco de un proceso de reformas institucionales que se requiere se hagan en Honduras.
Apuntó que pese a que en el 2009, se fraguó un golpe de Estado en su contra, sigue apelando a un diálogo, pero no para escuchar la agenda que tiene el presidente Hernández.
En una carta entregada a la misión exploratoria de la ONU, Libre señala que es necesario se establezca una nueva forma de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Fiscal Adjunto, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas y que se apruebe una nueva Ley Electoral.
