Que ex policías y ex militares supuestamente integren redes de narcotráfico y crimen organizado, y estén detrás de la desaparición de más de 20 personas en la zona norte de Honduras, genera cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de seguridad, especialmente cuando estos presuntos criminales operan dentro de las instituciones armadas
Tegucigalpa, Honduras. – La admisión del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, sobre la integración de exmiembros de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en redes criminales del crimen organizado y narcotráfico, evidencia el poderío de estas mafias para seguir cometiendo fechorías. Esto a pesar de las medidas de seguridad fallidas que el gobierno sigue promoviendo.
Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, admitió que hay expolicías vinculados con redes criminales, pero justificó que eso no es un motivo para deslegitimar la institución.. (Fotografía: Horacio Lorca)
«Hay expolicías en las bandas que secuestran. También hay exmilitares, pero eso no significa que el problema sea la Policía. Los ataques vienen de las estructuras criminales que están siendo golpeadas fuertemente en esta administración, que estuvieron a sus anchas en la administración anterior”, admitió el funcionario en medios de comunicación.
Según Sánchez, quienes discrepan o cuestionan la implicación de funcionarios policiales y militares en estructuras criminales, que refuerzan dichas redes con sus conocimientos técnicos y operativos, son sectores que se beneficiaron del dinero proveniente del crimen durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. «Es fácil armar un discurso para deslegitimar una institución», afirmó.
“Continúan los ataques. Me decía alguien: ‘Secretario, el país no tiene una crisis de seguridad; el país lo que tiene es una crisis mediática y de redes sociales contra la seguridad’. Entonces, sabemos de dónde viene. Seguimos enfrentando con mucha valentía la problemática de violencia y seguridad en el país”, justificó Sánchez, contradiciéndose, ya que primero argumenta que no hay crisis de inseguridad, pero luego precisa que continuará luchando contra ese flagelo.
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DENUNCIA DE INFILTRACIÓN E INOPERANCIA
Lo expuesto por Gustavo Sánchez es una respuesta a las denuncias del abogado penalista Carlos Chajtur, quien afirmó que en el Caribe hondureño opera una red criminal integrada por expolicías y exmilitares con vínculos a miembros activos de ambas instituciones.
Según lo expuesto por Chajtur, esta red criminal estaría detrás de la desaparición de más de 20 personas en la zona norte de Honduras. Doce de ellas fueron reportadas como desaparecidas el 10 de junio en Baracoa, Cortés, y al resto las raptaron el 17 del mismo mes en un sector llamado El Crique, en Tela, Atlántida.
El abogado, en su intervención en un foro televisivo, cuestionó que, relacionado con el caso de los desaparecidos en Baracoa, los presuntos secuestradores, según observó en un vídeo, estaban vestidos con indumentaria de la Policía Militar del Orden Público, pero dejó claro que eran uniformes similares y no estaba seguro si realmente eran de la institución castrense.
Además, mencionó que tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Defensa tienen en su poder información clave para dar con el paradero de los presuntos captores. Sin embargo, aunque alardean de la efectividad de las estrategias en materia de seguridad, no han ejecutado acciones en el caso de los desaparecidos.
«Tenían la información desde el mismo día que se produjo el hecho: de ubicaciones, de perfiles de posibles miembros de esa banda. Lo denunciado es lo que a nosotros nos hace llegar a la hipótesis de que puede haber vinculación entre esta banda delictiva, militares y policías», mencionó el abogado.
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INFORMACIÓN FUE ENVIADA POR CRIMINALES, SEGÚN AUTORIDADES
Ante la denuncia presentada por el abogado Carlos Chajtur, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró literalmente que exponer esa información fue una estrategia del narcotráfico y que Chajtur tiene dominio de ese contenido porque en su labor como defensor ha representado a criminales, quienes se la facilitan.
“¿Qué pasó ayer? El narcotráfico puso en la opinión pública la discusión de ese tema. Él (abogado) representa a los secuestrados, él tiene mucha información, entonces la dio. Nosotros tuvimos conocimiento de esto desde el primer momento, lo que pasa es que no lo pudimos plantear”, justificó Sánchez.
De acuerdo con Sánchez, el letrado presentó esta información por posible conflicto de intereses, ya que actualmente está defendiendo legalmente a José Rafael Sosa Méndez, conocido en el mundo criminal como alias “Chafalo”, quien es hermano de José Octavio Sosa Méndez, uno de los secuestrados por presuntos expolicías y exmilitares en Baracoa Cortés.
“Nosotros no ventilamos las investigaciones públicamente, pero lo puso en el tapete público el abogado que representa legalmente a ‘Chafalo’, quien también representó a Magdaleno Meza. Planteo esto porque uno de los secuestrados es hermano de ‘Chafalo’, lo que estamos planteando son los motivos para que se hagan los análisis respectivos”, precisó Sánchez.
Sánchez explicó que, según las investigaciones, la génesis de este conflicto que desencadenó varios secuestros es porque entre las bandas delictivas “Berna” y “Chafalo”, ambas operando en La Ceiba, están buscando ganar territorio en el norte hondureño.
«Los videos de la estructura criminal de alias Berna, que opera en La Ceiba, fueron enviados a alias Chafalo como prueba de vida para su hermano; es un método de intimidación con una exigencia hacia Chafalo», explicó.
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BUENO, PERO ¿Y LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS?
El director de Seguridad y Justicia de la Organización para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, cuestiona que esta problemática se está agudizando mientras en el país está vigente un estado de excepción. Supuestamente, todos los barrios y colonias considerados los más peligrosos del país están siendo intervenidos por efectivos policiales y militares como parte de una estrategia comprendida en el Plan Solución Contra el Crimen.
