Tegucigalpa.- En el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, expertos de la ONU urgieron poner fin a la llamada “guerra contra las drogas”, enfocar los esfuerzos en la salud y reemplazar el castigo por el apoyo y la promoción de políticas que respeten, protejan y cumplan los derechos de todas las personas.
“La ‘guerra contra las drogas’ puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. Su impacto ha sido mayor en aquellas personas que viven en la pobreza, y frecuentemente se superpone con la discriminación dirigida a grupos marginados, minorías y pueblos indígenas”, señalaron los especialistas en un comunicado que hizo circular la ONU.
Las y los expertos involucrados en la publicación del documento “Detención arbitraria en relación con las políticas de drogas” de 2021, forman parte del grupo de expertos independientes conocido como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
En la hoja de prensa publicada la semana pasada apuntaron que sus investigaciones indican que el impacto discriminatorio es un elemento común en las políticas de drogas con respecto a la garantía de derechos humanos básicos como el derecho a la libertad persona, el derecho a no ser objeto de tortura y otros malos tratos, el derecho a un juicio justo, el derecho a la salud y el acceso a medicamentos, el derecho a un trato igualitario frente a la ley, entre otros.
¿GUERRA CONTRA LAS DROGAS O GUERRA CONTRA LAS POBLACIONES MARGINALIZADAS?
Subrayaron que la llamada “guerra contra las drogas” ha tenido costos masivos en las poblaciones de ascendencia africana, las mujeres y los pueblos originarios, con el uso de leyes punitivas que estigmatizan aún más a poblaciones que ya están marginadas, resultando en una barrera al acceso a servicios de salud y otros derechos humanos.
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En el caso de las personas afrodescendientes las intervenciones que enfrentan por parte de las fuerzas públicas son desproporcionadas e injustas. Apuntando, además, que en muchos países la “guerra contra las drogas” ha sido más efectiva como un sistema de control racial que como una herramienta para reducir los mercados de drogas.
En relación a las mujeres y el consumo de drogas, recalcaron el estigma y discriminación que encuentran para a acceder a programas de reducción de daños, tratamiento de dependencia de drogas y atención básica de salud. A tal punto, que pese a que una de cada tres personas que consumen drogas son mujeres, las mujeres constituyen únicamente una de cada cinco personas en tratamiento.
A esto se suma que las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente por la criminalización y el encarcelamiento, con un 35% de las mujeres en prisión en todo el mundo condenadas por delitos relacionados con las drogas, en comparación con el 19% de los hombres.
“Las mujeres y las personas LGBTIQ+ también enfrentan niveles aún más altos de estigma, incluido el autoestigma, y discriminación, que los hombres que consumen drogas”, afirmaron.
Con respecto a la criminalización de sustancias tradicionalmente utilizadas por los pueblos indígenas, como la hoja de coca, remarcaron que esta “también puede resultar en la supresión, socavamiento y marginación de los sistemas de conocimiento y medicina tradicionales, lo que tiene amplios impactos en la salud y está arraigado en jerarquías y concepciones discriminatorias”.
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CONSUMO O DEPENDENCIA A LAS DROGAS NO SON JUSTIFICACIÓN PARA DETENER A UNA PERSONA
En respuesta a esta realidad, y tomando en cuenta la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas en materia de drogas, las y los expertos solicitaron que el consumo y posesión de drogas para uso personal se despenalice con carácter de urgencia. “El consumo o la dependencia de drogas nunca son una justificación suficiente para detener a una persona”, especificaron.
A la vez que manifestaron que “los centros de detención y rehabilitación obligatoria de drogas deben cerrarse y ser reemplazados por servicios de salud comunitarios de naturaleza voluntaria, basados en evidencia y en el respeto a los derechos humanos”.
Los expertos instaron, al igual que en 2022, tanto a los Estados como a las agencias de la ONU a fundamentar sus respuestas a la política de drogas en el derecho internacional de los derechos humanos y que la asistencia financiera o técnica proporcionada garanticen políticas que respondan a cuestiones de género, así como defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
“Instamos a los Estados miembros y a los organismos internacionales a reemplazar sus políticas de drogas actuales por aquellas basadas en los principios de la aplicación de un enfoque de justicia integral, restaurativa y reintegradora. Las medidas efectivas, basadas en la comunidad, inclusivas y preventivas son igualmente importantes”, concluyeron.
