El Poder Legislativo sigue sin aprobar o derogar leyes que pueden aportar en el accionar de la misión anticorrupción
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. –En el Congreso Nacional se han olvidado de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma al Código Penal y la derogación del decreto 116-2019, una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos. Estas modificaciones y aprobación de leyes pueden ser un factor determinante para el accionar de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Las exigencias, que hasta el momento han sido soslayadas en el Poder Legislativo, están establecidas en el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que literalmente señala que el Gobierno de Honduras y el Congreso Nacional, deberán sentar las bases necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la comisión en el país.
El documento señala que al país llegará un equipo de expertos de la ONU, quienes, en coordinación con el Gobierno de Honduras, apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales y constitucionales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, así como a las regulaciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ
Una de las herramientas de mayor urgencia es la Ley de Colaboración Eficaz, sin embargo, se mantiene engavetada en el Congreso Nacional, pues solo fue debatida y aprobada en un primer debate, pero se desconoce cuándo será sometida a un segundo y tercer debate para su aprobación.
Para la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, la falta de voluntad del Congreso Nacional para aprobar o derogar leyes que serían una herramienta de trabajo para la CICIH deja un mal mensaje ante la población.
García aseguró haber tenido acceso al dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz la cual, dijo, tiene algunas falencias y lamentablemente no incentiva a las personas que están acusadas de participar en actividades ilícitas a colaborar con la justicia.
A su criterio no cree que esta normativa llegue a fortalecer el proceso para poder tener un impacto en casos de corrupción, narcoactividad o crimen organizado, porque los tentáculos de estas organizaciones son mayores que la protección o beneficios que plantea la referida ley.
Para lograr mayor efectividad en el funcionamiento de la misión anticorrupción, el gobierno hondureño aduce que se requiere una reforma constitucional, misma planteada por la diputada de Libre, Xiomara Hortensia “La Pichu” Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro y del coordinador general de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
La diputada Zelaya ha planteado una reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, para eliminar el monopolio de la acción penal que actualmente ostenta el Ministerio Público.
La reforma, que requiere de la mayoría calificada de los diputados, es decir, 86 votos, atrasaría la instalación de la Comisión porque luego de su aprobación de requiere la ratificación en una siguiente legislatura.
Para Jimena García la reforma constitucional no es necesaria para que se instale un mecanismo de combate a la corrupción y la impunidad.
Sin embrago, en el memorándum de entendimiento, Naciones Unidas establece que se deben aprobar las leyes y reformas constitucionales que se requieran, aunque no establece el tipo de reformas.
Entre agosto y septiembre de 2022 se abrió un debate sobre la figura de querellante adhesivo, lo que a juicio de Jimena García debe ser abordada en el Código Procesal Penal no en la Constitución de la República, lo cual implica que no se requiere una reforma constitucional que deba ser ratificada en una siguiente legislatura.
Por último, urgió al Congreso Nacional agendar las leyes que son de importancia y que serán herramientas necesarias para el trabajo de la CICIH.
Entre tanto el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Ramón Barrios aseguró que hay disposición de aprobar y reformar las leyes que ayudarán al funcionamiento de la CICIH.
Sin embargo, en la agenda legislativa no se menciona la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que en su momento fue sugerida por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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VOLUNTAD POLÍTICA
Según Ramón Barrios si existe voluntad política por parte del Congreso y prueba de ello es que ya se aprobó en un primer debate la Ley de Colaboración Eficaz y solo es cuestión que la Junta Directiva agende los siguientes debates.
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Entre tanto la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) Suyapa Figueroa es de la opinión que el actual gobierno y el Poder Legislativo están muy cómodos con los mecanismos que permiten la corrupción.
Figueroa, señaló que desde el Congreso Nacional no hay voluntad para derogar el decreto 116-2019, que a principio se dijo era un foco de corrupción, pero el mismo no se ha eliminado.
La diputada se refirió a la normativa que permite que los diputados ejecuten fondos estatales, pese a que su función constitucional se limita a la aprobación, derogación e interpretación de leyes y no a lo primero que es una función específica del Poder Ejecutivo.
“Todos esos temas son prioritarios, pero yo lo que no veo es que haya intención de que venga la CICIH. ¿Cómo vamos a avanzar en materia de recuperación del Estado de Derecho y de lucha efectiva contra la corrupción si a lo interno del Congreso Nacional no se hacen los cambios?”, cuestionó Figueroa.
