Organizaciones internacionales alertaron que el incumplimiento de sentencias de la Corte-IDH mantiene en riesgo a las personas garífunas que residen en territorios ancestrales y favorece proyectos turísticos y agroindustriales sin consulta previa
Tegucigalpa, Honduras. – La Delegación Internacional de Solidaridad con el Pueblo Garífuna exigió al Estado de Honduras la restitución de territorios, verdad y justicia por desapariciones, así como la suspensión inmediata de proyectos turísticos y agroindustriales impuestos sin consulta previa.
En el marco de la gira iniciada el pasado lunes 11 de agosto, integrantes de la delegación realizaron una conferencia de prensa frente al Ministerio Público este viernes 15, tras sostener una reunión con el fiscal general Johel Zelaya, en la denunciaron al fiscal de Trujillo, Juan González, por prácticas racistas y corruptas.
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Durante la lectura del comunicado de prensa, los delegados pidieron el cese de la violencia y la criminalización contra el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), así como la investigación y judicialización de las amenazas, ataques y desapariciones que han sido denunciadas a lo largo de los años.
“Esperamos que así sea, esperamos que estas respuestas impliquen no solo un cambio inmediato para algunos casos, sino para la manera en la que el Ministerio Público entiende y vive las luchas de Ofraneh y de los pueblos para defender sus territorios”, contó.
Martín señaló que es importante que el Ministerio Público ponga fin a las prácticas de criminalización contra el pueblo garífuna, y se investiguen a los autores materiales e intelectuales detrás de la violencia en su contra.
Agregó que la visita no es solo esta semana, sino que continuarán cerca de la Ofraneh y los pueblos hondureños, tanto para garantizar el compromiso adquirido por el Johel Zelaya, sino también para que la institucionalidad cumpla con las obligaciones que tiene el Estado hondureño.
“Las obligaciones que derivan de las sentencias de Corte Interamericana no son solo para el gobierno de turno, son para todas las instituciones hondureñas, y cada una de ellas debería hacerse cargo de los que les toca en relación con ello”, especificó la delegada por IM-Defensoras.
El Estado hondureño sigue pendiente de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en los casos Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan. Los fallos de las dos primeras fueron dictados el ocho de octubre de 2015, sin hasta la fecha ninguna de las administraciones efectúe el saneamiento de los territorios ancestrales del pueblo garífuna.
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Otras exigencias realizadas incluyen la investigación y requerimiento fiscal contra Randy Roy Jorgensen, acusado por la Fiscalía por suponerlo responsable de los delitos de estafa agravada y lavado de activos contra sus connacionales canadienses. Además de ser mencionado por la Ofraneh en el tráfico de bienes culturales de más de 3,500 piezas arqueológicas, y su supuesta reciente incursión armada, con guardias de seguridad que se identificaron como enviados de la OABI.
