Denunciaron que el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto al diputado Dairi Ávila y el gobernador departamental Ixcer Barahona, están condicionando los beneficios y asistencia del gobierno central en atención a adultos mayores y productores, dirigiéndola a gente de su corriente partidaria.
Tegucigalpa.- ¡Fuera, fuera, fuera Inversiones Los Pinares! ¡Fuera megaproyectos! ¡Toda mina, contamina! Así como la libertad del coordinador de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera, fueron algunas de las exigencias que reclamó la población del departamento de Colón, durante la movilización realizada este lunes en el municipio de Tocoa, en el norte de Honduras.
“Estamos exigiendo el alto a la violencia y los asesinatos en esta zona del Aguán. Estamos exigiendo el cumplimiento del convenio del 22 de febrero de este año. Estamos en la legitima lucha que nos permite nuestros derechos. Estamos exigiendo justicia, libertad, todos nuestros derechos humanos, compañeros y compañeras”, continuó el discurso durante la marcha.
La movilización inició pasadas las 9:00 de la mañana en la ciudad de Tocoa, donde integrantes del Movimiento Social de Tocoa, junto a la Fuerza de Refundación Popular (FRP) salieron a reclamar el derecho a la vida, el agua, la tierra y territorio, amenazados por megaproyectos mineros y agroindustriales.
Sobre el derecho a la tierra manifestaron que el despojo de la tierra ha expulsado, encarcelado, o asesinado a mucha gente que ha luchado y luchan por la recuperación de las tierras de la reforma agraria en Honduras. De igual forma, urgieron acatar las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente al territorio ancestral del pueblo Garífuna en Punta Piedra.
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En lo referente al agua, señalaron que esta es un derecho humano y responsabilidad del Estado su protección y conservación en estrecha relación con las comunidades en los territorios. Por lo que urgieron la voluntad política del gobierno para la cancelación de los contratos mineros y licencia ambiental de los proyectos ASP y ASP2 en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
En cuanto a la vivienda, recordaron que es responsabilidad del Estado garantizarla dado que es una conquista de la huelga de 1954. Promovieron retomar instituciones como el INVA (Instituto Nacional de Vivienda), la FINAVI (Financiera Nacional de la Vivienda) y el FOVI (Fondo para la Vivienda) para darle atención al derecho humano a la vivienda, así como evitar que sean bancos y desarrolladoras privadas quienes se beneficien de los programas de vivienda.
En relación a la salud, manifestaron que los municipios de Sabá y Sonaguera, dada su ubicación geográfica requieren de mayor cobertura en atención al derecho humano a la salud pública mediante la construcción de un policlínico. Este misma necesidad se presenta en el municipio de Bonito Oriental, por su proximidad a los municipios de Limón, Iriona en Colón, así como los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
De igual forma, plantearon que es momento de exigir una nuevo edificio, con las especialidades necesarias, para el Hospital San Isidro en Tocoa, el cual cubre necesidades sanitarias de las poblaciones en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, parte de Olancho y parte de Yoro.
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Con respecto a la Educación, manifestaron que es urgente se resuelva los problemas que enfrenta el sistema educativo en Colón, entre ellos el otorgamiento de plazas a docentes irrespetando los principios y procedimientos que rigen la administración pública en educación.
por el agua y los territorios y libertad para Jaime Cabrera
La gestión de riesgo también formó parte de los reclamos de la población que participó en la marcha. Mediante el pronunciamiento público declararon que cada día la región del Aguán es más vulnerable a los embates de la naturaleza a causa de los impactos de la agroindustria, ganadería, minería y agricultura extensiva, entre otros.
Denunciaron en el documento que el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto al diputado Dairi Ávila y el gobernador departamental Ixcer Barahona, están condicionando los beneficios y asistencia del gobierno central en atención a adultos mayores y productores, dirigiéndola a la gente de su corriente partidaria “lo que huele a campaña electoral prematura”.
De igual forma, reclamaron el papel desempeñado por el Ministerio Público contra el campesinado y las ordenes de captura emitidas contra miembros de la Cooperativa Chile y Plataforma Agraria. Apuntando que “los agroindustriales tienen a Jaime Cabrera como rehén en manos de un Tribunal de Jurisdicción Nacional del Poder Judicial para desmoralizar y destruir la lucha por la tierra”.
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Cerraron el documento reiterando su respaldo al plan de gobierno 2022-2026 presentado por la presidenta Xiomara Castro, manifestando que el plan representa los intereses del pueblo hondureño, por lo que es necesario defenderlo de lo que ellos definen la voracidad de la clase dominante y explotadora, nacional y transnacional, que presiona al gobierno y profundiza la vulneración de los derechos de la población en general.
