Señalan falta de socialización y claridad en el contenido de la ley, así como la falta de salvaguardas para que los pueblos originarios sean los principales receptores del financiamiento por su labor de conservación.
Tegucigalpa.- A inicios de mayo, el Congreso Nacional debatió el proyecto de ley especial de las transacciones de carbono para la justicia climática, conocida como ley de carbono forestal. Sin embargo, desde sociedad civil esta iniciativa ha causado preocupación ante la ausencia de socialización y claridad sobre la distribución de beneficios de ingresos de las transacciones de carbono.
Así lo estableció, la organización Sustenta Honduras el pasado lunes 22 de mayo cuando a través de un comunicado expresó “preocupación sobre el contenido de la ley y su potencial operabilidad” en al menos cinco puntos.
Entre estos, “la garantía de participación de las comunidades locales, poblaciones vulnerables y pueblos indígenas en el desarrollo de esta ley”. Argumentando que si lo que se quiere lograr es desarrollar una ley representativa, hasta el momento la participación pública en la iniciativa de ley es baja.
Alertaron que el proyecto no cuenta con mecanismos de salvaguardas para que las poblaciones indígenas sean los principales receptores del financiamiento de su labor de conservación y de esta forma alcanzar un enfoque de justicia climática. Advirtieron, además, que los incentivos financieros pueden profundizar conflictos sobre la tenencia de la tierra.
“El proyecto de ley busca reconocer los créditos de carbono soberano REDD+ como una herramienta para la conservación de los bosques. Sin embargo, los créditos de carbono soberano REDD+ también implican la generación de incentivos financieros para la conservación de los bosques, lo que podría generar conflictos sobre la tenencia de la tierra, el acceso y la distribución de beneficios, en particular para los pueblos indígenas y las comunidades locales”, lee el pronunciamiento.
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De igual forma, apuntaron que las facultades del Comité Técnico Regulador, con facultades de declarar o dejar sin efecto moratorias temporales en las transacciones de carbono, no deja claro cómo estará compuesto dicho comité, el cual, según la organización, debería estar integrado por academia y sociedad civil.
ES NECESARIA MAYOR ESPECIFICIDAD CON RESPECTO A BENEFICIOS A LAS COMUNIDADES
La analista socioambiental, Lucía Vijil, confirmó a Criterio.hn que existen preocupaciones relacionadas a las transacciones de los bonos de carbono, especialmente por la poca discusión que ha tenido la iniciativa legislativa con sectores ambientales, movimientos organizados y distintas organizaciones que trabajan temas ambientales.
Para Vijil existen tres temáticas a considerar, estas son: está preparada la institucionalidad ambiental hondureña para asumir transacciones de bonos de carbono, existe sintonía entre el equipo técnico y humano con la política ambiental, y finalmente, que todas las transacciones de bonos de carbono tienen que estar vinculadas a una comunidad o varias comunidades en el tema forestal.
Agregó que es necesario estudiar cómo ha evolucionado la conflictividad socioambiental y analizar si es la ley de transacciones de bonos de carbono la indicada para promover y asegurar una política ambiental justa en Honduras.
“Somos del criterio que hay que avanzar y que la ley tiene que ser más específica en los beneficios que serán entregados efectivamente a las comunidades, dejar establecidas las rutas y los porcentajes en tanto sean las comunidades las que se vean mayor beneficiadas, en este caso, por las transacciones de carbono”, señaló Vijil.
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Sin embargo, reparó que ya hay experiencias en Latinoamérica en donde los fondos han generado mayor conflictividad, pese a contar con instituciones más robustecidas. Aludió que existe una deuda de preparación institucional y de país, sobre si se está preparado para asumir el tema de transacciones.
Otro punto remarcado por la analista socioambiental, es que no queda establecido hacia dónde y quiénes serán los compradores. “Hay que recordar que eso también está marcado por relaciones desiguales de intercambio económico en todos sus sentidos. Claramente es ponerle precio, mercantilizar el oxígeno, y creemos que, en parte, los bonos de carbono son esa limpia cara de los países más contaminantes. Al final, quienes asumimos un rol más activo, somos los países que sufrimos más los efectos del cambio climático. Es decir, es pagarles la deuda a los grandes países contaminantes”, puntualizó
¿SON LAS REDD+ UN ESPEJISMO?
Las REDD+ o la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, es un marco respaldado por las Naciones Unidas que dice apuntar a frenar el cambio climático al supuestamente detener la destrucción de los bosques. Sin embargo, tiene detractores, principalmente entre poblaciones indígenas, como entre integrantes de sociedad civil dedicados a la conservación.
El pasado 17 de abril, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció la dicotomía de las REDD+, especialmente entre quienes son sus promotores. Ejemplificó la misma, señalando que CARIBX y su socia High Power Petroleum, ambas empresas de perforación y exploración de petroleo —una de ellas con una concesión en La Mosquitia hondureña—, son impulsoras de las REDD+.
En su hilo de tuits sobre el tema, la Ofraneh remarcó que los “proyectos REDD de Naciones Unidas han sido señalados por múltiples violaciones [a] derechos humanos de pueblos indígenas en el mundo, tendiendo la mayoría a fracasar y causar desplazamientos”. Sumado a esto, apuntó a escándalos de fraudes.
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“Los REDD se han convertido en un oprobio, además de falsa solución al cambio climático. Desde Congo a Brasil, los REDD han probado ser un fracaso. Para empresas contaminantes como CARIBX es un maquillaje verde con el que pretenden eludir compensaciones por la contaminación”, lee el tuit.
