Aunque fue publicado en el diario oficial La Gaceta en mayo de 2024, el Decreto 18-2024 que ordena la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras y la preservación de ecosistemas amenazados por la minería no ha sido implementado por las autoridades ambientales de Honduras
Organismos nacionales e internacionales advierten que la falta de implementación del decreto perpetúa el daño ambiental causado por la industria minera en zonas protegidas
Tegucigalpa. – A catorce meses de la publicación del Decreto Legislativo 18-2024 para la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras y la preservación de áreas protegidas amenazadas por la minería, la normativa sigue sin ser implementada por el Estado de Honduras.
La exigencia es realizada desde las comunidades afectadas por la minería en Tocoa, Colón, y amplificada por otras organizaciones de sociedad civil y entidades internacionales enfocadas en la defensa de los derechos humanos.
Esta semana la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) urgió la inmediata aplicación del decreto legislativo remarcando la necesidad de preservar los recursos naturales, fuentes de agua y medio ambiente en el país.
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“Es muy importante que el Decreto 18-2024 se haga realidad, que no se quede solamente en el papel”, comentó a Criterio.hn, Javier Acevedo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh). Agregó que “[e]s necesario que la población, y particularmente la población organizada, presione y le exija a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente [Serna] que cumpla con su responsabilidad, y en todo caso que reclame el incumplimiento de la responsabilidad que no está realizando esta institución pública para garantizar el cumplimiento del contenido y alcance del decreto”.
El Decreto 18-2024 ordena –por medio del artículo 5– a la Serna, al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y demás entidades competentes en materia de medio ambiente a restaurar las áreas del Parque Nacional Carlos Escaleras que resultaron afectadas producto de las actividades mineras, con la “participación activa, libre, efectiva, informada y significativa de las comunidades afectadas”.
Acevedo considera necesaria la presencia del Estado en la zona, no solamente para lograr el acceso efectivo a la misma, sino que además se desarrollen acciones de prevención y protección del parque nacional, además de limitar la acción de terceros que puedan causar perjuicio al medioambiente.
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Pobladores de las comunidades aledañas al área protegida han denunciado e incluso testificado en los procesos judiciales –por explotación ilegal de recursos naturales y falsificación de documentos públicos– que la zona permanece intervenida por la minera, poniendo en riesgo la vida de los pobladores.
Esta situación fue reafirmada por Juana Zúniga, defensora y coordinadora del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), quien manifestó a Criterio.hn que el Parque Nacional Carlos Escaleras se encuentra vigilado por las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, lo que no les permite verificar la situación actual de la zona protegida.
“Aquí, en las comunidades sabemos que al decreto no se le está dando cumplimiento en la zona”, dijo Zúniga, quien compartió que la vida de los pobladores que residen en el área depende de la conservación de la vida silvestre, fauna y los ríos.
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Juana Zúniga destaca que el decreto no solamente busca proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras, sino también todas las áreas protegidas que se encuentren concesionadas a la industria minera a nivel nacional.
“Es importante unirnos a la petición para el cumplimiento de este decreto, que no solo quede en escrito sino verificar que sea cumplido con todas las medidas adecuadas que garanticen la vida para quienes residen en la zona y quienes hemos sido afectados directamente por estas empresas extractivas”, concluyó Zúniga.
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2 respuestas
Los esfuerzos y luchas de comunidades afectadas por la actividad minera, comportándose ésta como animal sin rienda por la AUSENCIA de autoridades (Ihngeomin, MP, CSJ, etc.) con obligación de vigilar y hacer cumplir la Ley y, la posible colusión de políticos corruptos; SERÁ UNA LUCHA PERMANENTE hasta que haya una verdadera respuesta a los reclamos a favor de esas personas humildes, desamparadas, valientes y patriotas que con sus propias vidas defiende sus territorios impactados por una injusta inversión.
No más crímenes contra líderes comunitarios. ¡Justicia para Juan!
Los esfuerzos y luchas de comunidades afectadas por la actividad minera, comportándose ésta como animal sin rienda por la AUSENCIA de autoridades (IHNGEOMIN, MP, CSJ, etc.) con obligación de vigilar y hacer cumplir la Ley y, la posible colusión de políticos corruptos; SERÁ UNA LUCHA PERMANENTE hasta que haya una verdadera respuesta a los reclamos a favor de esas personas humildes, desamparadas, valientes y patriotas que con sus propias vidas defiende sus territorios impactados por una injusta inversión extranjera.
No más crímenes contra líderes comunitarios. ¡Justicia para Juan!