Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) exigió la creación de la fiscalía especial contra la desaparición forzada, en respuesta a la desaparición de los jóvenes garífunas el 18 de julio de 2020.
La organización señaló la urgencia de que se investiguen las desapariciones que a diario ocurren en el país, y que se cumpla la debida diligencia en todas las etapas del proceso de búsqueda y de investigación, así como que se cuente con la participación plena de los representantes y familiares de los desaparecidos.
Rony Castillo, integrante de Ofraneh, expresó a Criterio.hn que la desaparición forzada es un mal que lleva años afectando al pueblo Garífuna y que se replica de igual forma en otras poblaciones indígenas y contra el pueblo hondureño en general.
“Queremos una Fiscalía que tenga dientes, que pueda investigar y que pueda buscar desaparecidos, que se especialice. Cierren esa Fiscalía de Etnias pero que creen la Fiscalía Especial Contra las Desapariciones Forzadas, porque todos los días escuchamos desaparecidos y esos desaparecidos no es por casualidad y son ejecutados por fuerzas activas de la policía que sirven muchos a grupos criminales”, explicó.
Desde Ofraneh se sostiene que la Fiscalía de las Etnias no hace nada por la defensa de los pueblos indígenas y negros del país.
Castillo remarcó que es necesario que el Ministerio Público abandone la somnolencia que le ha caracterizado en casos de desapariciones y los investigue bajo los principios rectores de las Naciones Unidas, que busque a las personas desaparecidas bajo la presunción de la vida y que esta continúe hasta que se determine con certeza el paradero de los desaparecidos.
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La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece en el artículo 2 que se entiende como “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
De igual forma, en el artículo 3, señala que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.
El 18 de julio de 2020, el presidente del Patronato de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Tela, Alberth Snider Centeno y los jóvenes Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, y Junior Rafael Juárez Mejía, fueron sustraídos de sus viviendas de forma violenta en un operativo dirigido según testigos y vecinos de la comunidad por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin presentar orden de captura.
A dos años de la desaparición forzada del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, Alberth Snider Centeno, y los otros cuatro jóvenes, el Estado continúa guardando un silencio hermético sobre el caso.
La desaparición de Snider Centeno es de especial relevancia porque él era presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, una comunidad Garífuna que junto a Punta Piedra sigue a la espera que el Estado de Honduras cumpla las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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En junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
Asimismo, destacó que las desapariciones se produjeron en un marco en el cual se produjeron otros hechos de violencia e intimidaciones contra integrantes de las Comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra que habían sido analizados por la Corte y para los cuales se ordenó llevar a cabo investigaciones.
Entre enero a julio de 2022, la Policía Nacional reportó al equipo de Criterio.hn la desaparición de 141 personas, de las cuales 20 son mujeres y 83 son hombres mayores de edad. Mientras que los casos reportados que involucran a menores de edad son: 32 niñas y adolescentes y seis niños.
