Tegucigalpa. – Las organizaciones que impulsan los derechos para las personas con discapacidad se han mantenido en reuniones con el fin de que se reglamente la propuesta de Ley de Desarrollo Inclusivo para las Personas con Discapacidad, definida como una de las exigencias prioritarias hacia el Gobierno.
Elma Olivia Perdomo, presidenta de la junta directiva nacional de Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenapapedish), dijo a Criterio.hn que si se aprueba se impulsaría al cumplimiento de sus derechos al ampliar ciertos beneficios para esta población.
Resulta indignamente que en la actualidad muchas empresas se niegan a brindar varios beneficios, como ser ciertos descuentos que los cubren, debido a que no existe una ventana fiscal.
Al tiempo que abordan la necesidad de aprobar esa ley, también desarrollan reuniones para analizar la armonización de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El propósito es que no se permita que se afecte su empleabilidad, provocando su desempleo y mayor exclusión, puesto que existe un incentivo en las empresas y centros que generan trabajo, pero no hay una regulación ni se mantiene bajo vigilancia que no se violente el acceso a oportunidades de las personas con discapacidad.
La ventana fiscal es, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, permitirles el goce de sus derechos y los beneficios que la Ley del Adulto Mayor establece y les habilita en establecimientos, centros de salud, lugares de venta de comida, valor del pasaje, entre otros.
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FALTA DE OPORTUNIDADES
A finales de mayo, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), lanzó la “Bolsa Virtual de Empleo para personas con Discapacidad”, con la promesa de generar oportunidades y condiciones de igualdad para este sector, garantizando el respeto a sus derechos humanos y laborales.
No obstante, al no contar con un proceso inicial de rehabilitación y capacitación para las personas con discapacidad y al hacer falta un sistema educativo más inclusivo, se cierran las puertas ante los perfiles de personas con discapacidad y la oportunidad de optar a un cargo por no cumplir con algunos requisitos, siendo esta una enorme barrera.
“En el servicio de Administración de Rentas debería haber una ventana fiscal que le permita a la empresa privada registrar los descuentos para las personas con discapacidad y sobre los salarios que se pagan a las personas con discapacidad”, apuntó Perdomo.
Además, la ley aboga por una reforma en el órgano direccional para esta población, pues en varias evaluaciones referentes a las personas con discapacidad que se han hecho a Honduras, advierten que la Dirección General de las Personas con Discapacidad debe ser un ente desconcentrado, autónomo y con su propio presupuesto, sino está a nivel nacional entonces a nivel regional y que pueda cumplir su papel de atender a las personas con discapacidad.
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“En el tema de la capacidad jurídica a las personas ciegas se les ha negado adquirir un seguro de vivienda, todo esto violenta la capacidad estas personas para adquirir su vivienda y cercena su vida independiente, lo cual es también un derecho”, señaló Perdomo.
Perdomo apuntó que, aunque tengan base de datos no tienen espacios de empleo y no se logra vencer la exclusión, entonces, es necesario desarrollar sus habilidades y fortalecer la educación vocacional.
