Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. El exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, recibió el beneficio de amnistía política en una de las ocho acusaciones penales en su contra por delitos de corrupción bajo su administración.
Mediante Decreto Legislativo 4-2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia con la finalidad de otorgar amnistía a quienes hayan sido víctimas de persecución política y enjuiciamiento desde junio de 2009 cuando se ejecutó el golpe de Estado contra el entonces presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales.
La polémica normativa, en el artículo 4, inciso A, le otorga absolución de acciones penales de forma directa a los exfuncionarios, empleados, directores y autoridades durante el periodo de 27 de enero de 2009 al 28 de junio de 2009.
Los apoderados legales de Sunseri han interpuesto ocho solicitudes de amnistía a favor de su representado acusado con el mismo número de casos judiciales por supuestos actos de corrupción.
El pasado 4 de marzo, por unanimidad de votos, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró sin lugar la primera solicitud de amnistía a favor de Sunseri acusado de malversación de caudales públicos por supuestamente otorgarse gastos sobrevalorados como regidor.
La petición fue rechazada debido que en ese periodo de acusación (2002-2006) Sunseri ejercía el cargo como regidor y el decreto solo contempla el periodo enero 2009 a junio 2009.
De igual manera, el pasado 11 de marzo, se rechazó la segunda solicitud de amnistía por parte del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula en la causa por delito de abuso de autoridad debido que dicho juzgado no tiene competencia para decretar un sobreseimiento definitivo.
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La Sala Penal condenó a tres años de cárcel a Sunseri por donar un área verde en la urbanizadora Los Cedros a la Asociación Ministerio Palabra de Vida. En el mismo caso fue condenado el exalcalde Óscar Kilgore.
En el tercer caso de amnistía, Sunseri fue favorecido por el Juzgado Penal de San Pedro Sula al declarar con lugar el decreto de amnistía por el delito de abuso de autoridad en el caso de aumento a la tarifa de peaje.
Sunseri fue acusado por incrementar de 4 a 6 lempiras el costo del peaje ubicado en el bulevar del Este en San Pedro Sula que comunica con los municipios de La Lima y San Manuel.
Los ingresos serían distribuidos en un 75% para San Pedro Sula, 20% para La Lima y 5% para San Manuel, no obstante, sin consenso de las otras municipalidades aprobó un incremento al costo del peaje que le valió en una acusación penal.
Cabe señalar que, en amplio repertorio de acusaciones contra Sunseri, en uno de estos se le acusa de 867 delitos de abuso de autoridad por otorgar préstamos a empleados por un monto de L 9, 437, 753.37 y adelantos de sueldos a empleados municipales por 2, 780,754.37.
También se presentó una solicitud de amnistía debido al proyecto fallido de pavimentación en el barrio Las Flores.
Sunseri es prófugo de la justicia desde 2017 y ha sido declarado culpable por delitos de malversación de caudales públicos en otros casos que se le imputan como extraer 400 mil lempitas del presupuesto para transferirlos a otros exfuncionarios de la alcaldía quienes fueron declarados culpables y están en prisión.
LOS OTROS FAVORECIDOS
El primer exfuncionario beneficiado con la amnistía fue el exsecretario de la presidencia Enrique Flores Lanza, quien tenía orden de captura por extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto “Cuarta Urna” siendo acusado por delitos de malversación de caudales, fraude y abuso de autoridad.
Flores Lanza recibió carta de libertad definitiva acusado de 11 delitos de malversación de caudales públicos, figurando como uno de los exfuncionarios más perseguidos de la administración de Zelaya Rosales. Asimismo, fue beneficiado al extinguirse la acusación de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude.
De igual manera, Marcelo Chimirri, primo de la presidenta Xiomara Castro, fue beneficiado con la amnistía quien había sido condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso de autoridad y fraude más nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Chimirri fungió como gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante el gobierno de Zelaya, fue condenado al no poder justificar más de 16 millones de lempiras que supuestamente recibió por parte de la empresa estadounidense Latin Node quienes se declararon culpables de haber sobornado a altos funcionarios a cambio de recibir contratos con el Estado.
