Foto portada: Copinh
Tegucigalpa.- A 76 meses del asesinato de Berta Cáceres, el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), declaró que no dejará entibiar ni olvidar el proceso de búsqueda de justicia para la lideresa Lenca, asesinada en marzo de 2016 por oponerse a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
De igual forma, la energía, el agua, los territorios, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas continuarán siendo temas centrales en la agenda del Copinh.
La declaratoria fue realizada durante la XIII asamblea general del Copinh, en la que dejaron claro que, si bien hay un momento de cambio para Honduras, representado en el nuevo gobierno, tienen claro que las posibilidades de que este ocurra “están limitadas por las estructuras económicas y políticas representadas en la banca, las estructuras de seguridad, crimen organizado e institucionalidad perpetradora del despojo de derechos”.
Ante este escenario, consideran que es necesario mantener iniciativas que garanticen derechos, independencia, criticidad y beligerancia en todo momento. Señalando que este es el momento para la “acumulación organizativa, de articulación y movilización”.
Reflexionan que un “gobierno dirigido por una mujer no representa mayor representatividad ni decisión de las mujeres, por eso nuestra organización seguirá plantando batalla”, por lo que la lucha de los pueblos indígenas como la de las mujeres y las entidades feminizadas contra el patriarcado continúa.
Manifestaron su preocupación como pueblo Lenca ante el incremento al presupuesto a las secretarías de Defensa y Seguridad. En relación con la Ley de Energía, aseguraron permanecer atentos para que el reclamo histórico para la cancelación de las concesiones de los ríos se cumpla.
Reafirmaron que “el mayor acto de justicia es el que se construye fuera de la institucionalidad legal cooptada por la impunidad, ineptitud e intereses económicos y el que construimos manteniendo a nuestros territorios libres de concesiones dañinas a los derechos y haciendo ejercicio de la autonomía indígena”.
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En la XIII asamblea del Copinh “Pascualita Vásquez” participaron al menos 200 delegadas y delegados de las comunidades que integran la organización, con representación en los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz, y Comayagua.
Las proclamas del Copinh son realizadas en el marco de los primeros cuatro meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), en un momento en que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente está siendo cuestionada.
A finales de mayo, la población Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, presentó un escrito ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), exigiendo una aclaración y rectificación en relación a la publicación de lo que califican como información falsa con respecto a la suspensión de la actividad minera en lo que fue el histórico cementerio de San Andrés.
A finales de febrero, MiAmbiente declaró «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto». No obstante, el anuncio quedó únicamente en un comunicado que contrariaba la realidad que viven las comunidades afectadas por los proyectos mineros a lo largo del país.
La presidenta Xiomara Castro durante su discurso inaugural prometió: «No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados».
