Tegucigalpa.- Luego de la resolución de la Corte Suprema a los diputados implicados en el caso denominado «Red de diputados» que les otorgó arresto domiciliario, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señala que esta acción confirma que las estructuras de poder continúan ejerciendo su labor, principalmente desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al acuerpar la impunidad con este tipo de resoluciones.
En un comunicado el CNA manifiesta que la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional refleja que a pesar de que hoy no se encuentra en Honduras el principal artífice del mecanismo de corrupción, (Juan Orlando Hernández) es evidente que estas estructuras de poder continúan intactas.
El CNA apunta además que el sobreseimiento otorgado a Geovanny Castellanos Deras, quien también fue imputado en el caso denominado «Arca abierta», deja a la luz pública que mientras funjan en sus cargos usarán este poder del Estado para manipular la ley y blindar a sus aliados corruptos.
El ente investigador dice de manera categórica, y garantiza a la ciudadanía que la resolución favorable a Castellanos Deras es consecuencia de que él en 2015 formó parte de la sociedad denominada Inversiones Brus S.A. de C.V., junto al actual diputado del Congreso Nacional, Juan Carlos Oliva Brizio (hijo del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva).
El CNA confirma que Castellanos Deras tenía firma autorizada en las Organizaciones No Gubernamentales MISCA, VOSOACS, AJOPADIH, BITAL, FUNDAHCAPI, APROKOPEH y APAP y que además fungió como directivo de CEPRODEL y PROHFODE.
Cabe resaltar que se identificó que muchas de estas ONG recibieron recursos públicos.
En consecuencia, el favorecido, cuyo nombre parece ser irrelevante, ha formado parte de estructuras que durante los últimos doce años adoptaron decisiones que generaron perjuicios económicos al país.
Por acciones como estas, el CNA hace un llamado a las y los diputados del Congreso Nacional para que aprueben el Proyecto de Ley para la Elección en Segundo Grado de Servidores Públicos porque las autoridades al frente de los principales entes persecutores del delito y encargados de impartir justicia no pueden ser personas coludidas con la corrupción.
