Luis Javier Santos denuncia que la falta de avances en expedientes emblemáticos y la ausencia de reformas clave profundizan la crisis de impunidad, mientras la corrupción muta y surgen nuevas estrategias opacas para apropiarse de fondos públicos
Tegucigalpa, Honduras. – Recientemente el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, reiteró su preocupación por la falta de avances significativos en la lucha contra la corrupción en Honduras, señalando que los grandes casos que involucran a altos funcionarios y diputados siguen estancados en instancias como la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que han pasado años desde su presentación.
«La lucha contra la corrupción no va a mejorar de un día para otro… cuando digo que no está claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción, no me refiero precisamente al Ministerio Público, sino a todos los actores involucrados», enfatizó Santos.
El fiscal mencionó a la Corte Suprema de Justicia, a la que señaló por el estancamiento de varios expedientes emblemáticos. Citó como ejemplo el caso «Red de Diputados«, presentado en 2017 y que sigue sin superar la segunda etapa procesal. «Eso refleja el interés que pueda haber en la lucha contra la corrupción», apuntó.
Mencionó también los casos “Planeta Verde” y “Hermes”, involucrando millonarias sumas de dinero sustraídas por diputados y funcionarios, que tampoco muestran avances sustanciales y algunas causas en San Pedro Sula, las cuales llevan años sin avanzar más allá de audiencias iniciales. «Los casos llevan más del tiempo necesario para ser resueltos; eso influye en la percepción ciudadana sobre el verdadero interés en combatir la corrupción», dijo el fiscal.
Santos negó estar siendo presionado para renunciar y poner a disposición su puesto y reiteró que la única presión que siente es la de no ver avances concretos en la lucha contra la corrupción. Atribuyó parte de las dificultades a obstáculos legales recientes, como decretos que limitan el acceso a información fundamental para investigar casos antiguos. «Sería deseable ver un verdadero avance; hemos perdido terreno respecto a lo que logramos con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)», remarcó.
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PERSISTEN LOS VIEJOS PROBLEMAS, AUNQUE CON NUEVAS FORMAS
Consultado sobre si ha habido una reducción de la corrupción, Santos señaló que, si bien algunos métodos para defraudar al Estado han cambiado y se observa una disminución parcial, “desaparecer los actos de corrupción es algo imposible. Siempre van a seguir sucediendo”. Lo preocupante, afirma, es que la metodología ha cambiado, pero siguen apareciendo nuevas formas de apropiarse de recursos públicos, y la justicia continúa sin responder a la velocidad ni con el rigor debidos.
Santos también denunció los obstáculos normativos que dificultan el acceso a información clave, tras reformas legales que restringen el alcance temporal de la documentación disponible. “A partir del 2019 hacia atrás casi es imposible acceder a información, pero aun así estamos avanzando con algunas estrategias,” comentó.
Sobre la colaboración entre instituciones, detalló que la UFERCO apenas ha recibido informes útiles de la Secretaría de Transparencia, y que estos aportes sirven solamente para enriquecer las investigaciones preliminares, pero “no sirven como medios de prueba ante los tribunales”.
Al preguntársele sobre acusaciones de selectividad en la persecución de algunos casos, Santos fue enfático: “Desconozco. Los casos se presentan cuando las investigaciones concluyen, y hasta el momento todos los que la UFERCO ha remitido han sido presentados.”
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HONDURAS RETROCEDE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En medio de crecientes señalamientos y denuncias de impunidad, la lucha contra la corrupción en Honduras atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Así lo advirtió Lester Ramírez, director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).
Ramírez subrayó que, en lugar de progresar, la persecución a la corrupción parece haberse detenido e incluso ha retrocedido. «Hay mucha impunidad», afirma, señalando ejemplos recientes como el caso de Sedesol en el que se erogaron al menos 234.9 millones y abusos vinculados al nepotismo, donde a pesar de los escándalos públicos, no ha habido mayores investigaciones ni judicializaciones.
En materia de transparencia, Ramírez considera que las supuestas mejoras tras la derogación de la Ley de Secretos no se han traducido en más acceso a la información pública. «Vemos portales oficiales en ‘mantenimiento’ y múltiples solicitudes de reserva de información», señala el analista, quien denuncia tácticas deliberadas para limitar la transparencia y una escasa producción de investigaciones relevantes por parte del Ministerio Público.
